La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado este miércoles que la Inspección de Trabajo ha impuesto una multa a Glovo de casi 79 millones de euros por incumplir la llamada ‘Ley Rider’.
Díaz, en declaraciones a la prensa a su llegada a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, ha afirmado además que se ha procedido a regularizar la situación de 10.600 trabajadores de esta empresa, informa Europa Press
La vicepresidenta segunda ha acusado a Glovo de «vulnerar» los derechos laborales de sus trabajadores y de «obstruir» la labor de la Inspección de Trabajo, algo que ha calificado de «gravísimo» en un Estado social y democrático de Derecho, en el que las empresas «tienen que cumplir la ley».
«Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección», ha advertido la vicepresidenta.
Glovo ha reconocido el importe de la sanción así como que el importe se refiere a la liquidación de cotizaciones de más de 10.000 trabajadores más la propuesta de sanción. También que el periodo investigado abarca desde 2018 a la entrada en vigor de la Ley Rider. Contra lo que señala la vicepresidenta, la infracción se produjo en el marco legal anterior al actual, según la empresa
La vicepresidenta Díaz saca pecho por la actuación de unos inspectores de Trabajo muy molestos con ella precisamente por las condiciones en las que desempeñan su labor. Son escasos y mal pagados, se quejan. En las próximas semanas podrían convocar un paro en protesta contra Díaz.
Glovo se enfrenta ahora un procedimiento judicial en el que se deberá confirmar esta sanción, que corresponde probablemente a la liquidación de las cotizaciones de los repartidores a la Seguridad Social más otra multa por infringir la ley. Además, al regularizar las cotizaciones, asumirá a estos 10.600 trabajadores en plantilla con deechos como antigüedad.
La empresa es la principal de un mercado español de reparto a domicilio que cambió a partir de la implantación hace un año de la ‘Ley rider’, uno de los proyectos de los que más presume Díaz. Esta norma tiene entre sus objetivos el afloramiento de trabajadores asalariados que, sin embargo, figuran como autónomos en la relación con las empresas para las que trabajan.
Ya la aprobación del texto dividió a los empresarios, que expresaron sus diferencias en CEOE. Por un lado las empresas nativas digitales de este mercado como la propia Glovo, que pedían un trato especial. Por otro, las empresas de reparto de toda la vida asociadas en UNO que son ya tan digitales como las nativas pero que cuentan con plantillas de asalariados, no falsos autónomos, estaban en contra de una discriminación a favor de las empresas de reparto.
Glovo, Uber Eats, Stuart, Just Eat… tuvieron que adaptar su modelo de negocio a la nueva ley o abandonar el mercado, como hizo Deliveroo, quien no encontró la manera de hacer negocio absorbiendo a los repartidores como plantilla o subcontratando una empresa que los empleara. Abandonó España el pasado mes de noviembre con una flota de repartidores que podía alcanzar los 3.800 trabajadores.
Acelerar la retirada de empresas no dispuestas a cumplir con la ley no ha sido el único efecto de la ‘Ley rider’. También ha configurado un marco legal que ha impulsado la consolidación de negocios. Los costes que implica repartir con personal contratado cambian la rentabilidad y la relación jurídica con la plantilla, de manera que las empresas digitales de reparto ya no tienen una estructura tan ligera como la que presumían. El pasado mes de julio el grupo alemán Delivery Hero se hizo precisamente con Glovo, valorándola en 2.300 millones de euros.
Fuente: elmundo.es (21/9/22) pixabay.com
