“¿Quiere usted decir que el Distrito de Columbia sea un Estado? ¿Por qué? ¿Para que puedan los demócratas tener dos senadores más y cinco congresistas? No, gracias. Nunca pasará”. La cita es del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al periódico de su ciudad, The New York Post, el pasado mes de mayo, cuando se le preguntó su opinión sobre que la capital de Estados Unidos dejará de tener el estatus de Distrito para convertirse en el Estado 51 de la Unión. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, de mayoría demócrata, vivirá una jornada histórica este viernes cuando apruebe la legislación que daría la posibilidad de que los más de 700.000 habitantes del Distrito de Columbia tengan representación y voto en el Capitolio. El único problema de esa victoria es que ese será todo su recorrido.
Desde la Casa Blanca, que dejaba saber el pasado miércoles que de llegar a haber una ley sobre la mesa del presidente para ser firmada que otorgase la categoría de Estado al Distrito de Columbia la vetaría, hasta los necesarios 60 votos para evitar el filibusterismo en el Senado, todos los pasos siguientes al dado en la Cámara están condenados al fracaso.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se ha mostrado claro al respecto: de llegar el proyecto de ley a la Cámara Alta no lo consideraría para votación. El senador republicano por Carolina del Sur, Mike Rounds, expresaba el mismo sentir al declarar que “los Padres Fundadores tenían razón y fueron muy claros a la hora de dejar fuera al Distrito de Columbia”. “No veo un voto en el Senado”, recalcó Rounds.
La última vez que se votó en la Cámara la propuesta para que D.C. (abreviatura en siglas por las que se conoce al Distrito de Columbia) se convirtiera en un Estado fue en 1993 y fracasó por 277 votos frente a 153 (tan solo tuvo un voto republicano a favor). Por aquel entonces, el Distrito sufría de un alto índice de criminalidad y se encontraba al borde de la bancarrota.
El escenario para lograr la ansiada categoría de Estado y que el lema que lucen las matrículas de los coches sea cosa del pasado (”Taxation Without Representation”, “Impuestos sin representación” en español, porque se pagan impuestos federales pero no hay representantes en el Congreso con derecho a voto) es ahora muy distinto. Los demócratas de la Cámara y otras personalidades de la política, como la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, renovaron una lucha que parecía anestesiada después de que Trump decidiera desplegar a la Guardia Nacional para aplastar la protesta civil tras la muerte en custodia policial del afroamericano George Floyd.
Con helicópteros militares sobrevolando las calles de la ciudad durante el pasado mes de mayo, la alcaldesa de la ciudad decidió que había llegado el momento de dar un nuevo empujón a la estatalidad. “Lo que ha hecho este presidente es algo que nunca había sucedido antes, tropas federales, FBI [la policía federal], Guardia Nacional traída desde otros puntos del país patrullando las calles de Washington”, dijo Bowser, quien aseguró que fue en ese momento cuando fue consciente de que había que intentar un nuevo asalto para abandonar el estatus de Distrito.
El hecho de que el Distrito de Columbia no sea un Estado se traduce en que no tiene un gobernador, carece de representación en el Senado y tan solo tiene una figura -sin voto- en la Cámara. Esta figura es la representante Eleanor Holmes Norton, quien defiende la estatalidad de la capital de la nación desde que llegó al cargo en 1991. La ley que ella misma ha impulsado -la H.R. 51- cuenta con 226 apoyos en la Cámara -más que suficientes para pasar la votación- y 40 en el Senado. “Mi bisabuelo Richard Holmes escapó de la esclavitud de una plantación en Virginia y llegó hasta D.C., todo un camino hacia la libertad pero no a la igualdad de derechos”, declaró Norton. “Durante tres generaciones a mi familia se le ha denegado los derechos que otros americanos dan por hecho”, finalizó la representante.
La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, declaró esta semana que era una injusticia que los ciudadanos del Distrito “pagaran impuestos, sirvieran a su país en el Ejércitos y contribuyeran a la economía del país” mientras se les denegaba derechos básicos, como el voto en el Capitolio. Para los republicanos, la creación de un nuevo Estado violaría la enmienda 23 de la Constitución, que en 1961 establecía que el Distrito de Columbia constituía la sede del Gobierno. En su opinión, además, D.C. no está preparado para asumir las responsabilidades que conlleva detentar el estatus de Estado.
Fuente: Elpais.com (25/6/20) Pixabay.com
