Denuncian que la nueva Ley de Alquiler fomenta la pillería de propietarios que quieren alquilar su casa.
«Vendo bolígrafo verde y regalo un mes de vacaciones en apartamento completamente equipado en primera línea de playa. Precio (el del boli verde, por supuesto): 2.500 euros».
No busque este anuncio… todavía. La oferta aún no es real, pero la hipertrofia normativa del Gobierno en materia de alquiler de vivienda, que deja en manos de las comunidades autónomas su regulación, ha creado un reino de taifas de difícil gestión y con preguntas, muchas, en el aire.
Entre las más frecuentes están: «¿Puedo alquilar mi apartamento en la costa sólo por una temporada?». «He heredado un piso de mi abuelo. ¿Lo puedo poner en renta?» «Estoy en paro y vuelvo a casa de mis padres. He pensado en sacar un dinerillo a mi casa»… Vacío legal Y es que, la salida de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) del derecho civil de todo propietario a alquilar por días su vivienda crea un vacío legal que en muchas comunidades no saben cómo regular. Es el caso de Madrid, donde se contabilizan unas 3.000 viviendas en alquiler (aunque se estima que hay otras muchas que no se declaran). En España, se habla de unas 200.000 en esta situación (frente al 1,5 millones calculados por la patronal hotelera).
Para las asociaciones turísticas, esta ley condena a los propietarios al ostracismo y lejos de regular el negocio, fomenta la pillería y la economía sumergida.
Es la opinión de Pablo Zubicaray, nombrado presidente de la futura Federación Española de Asociaciones de Vivienda y Apartamentos Turísticos (Fevat) que se presentará en sociedad a finales de mes. «Nuestro objetivo principal es buscar un hilo conductor, un marco normativo lo más homogéneo posible para operar legalmente en cualquier comunidad autónoma», subraya Zubicaray.
Según el documento de Fevat, la política de Pastor «es una medida restrictiva del derecho de propiedad de todos los propietarios de este país y cuya justificación no se entiende en una norma que dice querer flexibilizar y fomentar el alquiler».
La nueva ley del alquiler deja lagunas importantes en aquellas comunidades donde no hay una regulación clara (sólo Cataluña y la Comunidad Valenciana tienen una normativa transparente). En ese caso, se prevé que siga bajo el amparo de la LAU. Economía sumergida En definitiva, como explica el consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, «se elimina del circuito comercial este tipo de inmuebles y los condena la economía sumergida, porque es claro que se van a seguir realizando».
El directivo de Alquiler Seguro sabe muy bien de lo que habla. Su empresa privada especializada en la protección a propietarios conoce el mercado de primera mano y, sobre todo, sus necesidades.
«Las leyes deben regular lo que ocurre, no inventarse nuevas situaciones ni imaginar cosas. ¿Por qué no puede permitir que un ciudadano alquile su casa?». Para Carroza, el futuro pasa por la profesionalización del sector y dejar en manos de profesionales la gestión de los inmuebles. «La ley tiene que permitir que yo alquile la casa de mi padre en la playa», apunta, mientras reclama al Gobierno que no se cambien las reglas del juego.
El mercado funciona por la ley de la oferta y la demanda y, como dice Pablo Zubicaray, éste es un mercado que funciona. «Se trata de negocio en continuo crecimiento, que goza de muy buena salud». Con esa idea, insiste en que el modelo de negocio de turismo está cambiando «y los hosteleros tienen que entender que los turistas demanden otro tipo de alojamiento. «No es una competencia deshonesta, pues todos pagamos nuestros impuestos, IVA…. hay que saber adaptarse», dice señalando a los empresarios de los hoteles como los responsables de estos cambios normativos.
De hecho, desde las asociaciones turísticas recuerdan que «llevamos reclamando años una normativa moderna y coincidimos con la Administración en la necesidad de evitar situaciones que perjudiquen la imagen de nuestro turismo».
La puesta en marcha de Fevat no va a ser sencilla y tendrá que hacer frente a las críticas sobre su presunta alegalidad.
Según el presidente de Asotur (Asociación de gestores de vivienda de uso turística), David Tornos, desde la Federación invitan a los hoteles «a no caer en una crítica hipócrita con generalizaciones sacadas de contexto de una actividad tan legítima como la suya y que beneficia a los cientos de miles de familias que obtienen rentas o empleo de ella». Los hoteles denuncian que hay 1,5 millones de viviendas en esta situación.
También el presidente de Valtur (la asociación valenciana de alojamientos turísticos), Javier Murguía, hace un llamamiento a la transparencia, en la que su Comunidad, junto con la catalana, son todo un ejemplo. Según un Decreto de 2009, se establece que basta con la notificación al registro.
Sorprendido por la situación de otras autonomías, Murguía reconoce que con la nueva ley las empresas y apartamentos turísticos «se quedan fuera de la legalidad, totalmente desamparados y los modelos de negocios irregulares». Maribel lo tiene claro. «El boca a boca funciona. Es como alquilo mi apartamento». El de Maribel y el de esos propietarios que ya han comprado su boli verde, «por si acaso».
Fuente: Eleconomista.es (10/6/13) Gestoria Tarragona
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