En los soportales de una pequeña plaza está el centro de salud de Mota del Cuervo. El paraje, silencioso salvo por los graznidos de los pájaros y las pisadas de algún viandante, acoge varios edificios. Al centro de salud no solo llega gente del pueblo, también de los alrededores. Lo mismo sucede con las urgencias, que dan servicio a varios municipios y que también se encuentran en la plaza. El centro de salud es importante en Mota del Cuervo. Sin embargo, nadie sabe cuál será el futuro del edificio.
Poco antes de las ocho de la tarde la gente empieza a llenar el salón de plenos este pueblo de Cuenca de algo más de 6.000 habitantes. Es miércoles, hace frío, y hay sesión extraordinaria con un solo tema en el orden del día: qué hacer ante la intervención y adjudicación de su Caja Rural, impuesta por el Banco de España. La Caja Rural de Mota del Cuervo es una pequeña cooperativa de crédito forjada por varias generaciones del pueblo. El Banco de España la acaba de intervenir y la ha adjudicado a otra entidad, Globalcaja, pese a la dura oposición de cooperativistas y vecinos.
Todos los grupos municipales muestran su oposición a las decisiones del Banco de España y el público apenas murmura. Pero una votación trastoca los ánimos: la oposición quiere que el Ayuntamiento presente un recurso judicial contra las decisiones del organismo. El Grupo Popular, que gobierna el pueblo, prefiere esperar a que los técnicos del Ayuntamiento determinen las posibilidades de éxito y se abstiene. Los vecinos lanzan entonces sus abucheos e increpan al alcalde. La votación consigue salir adelante por mayoría simple: Mota Del Cuervo presentará durante el próximo mes dos recursos contra la adjudicación de su caja, uno de ellos ante la Audiencia Nacional. La plataforma en defensa de la entidad, que ya aglutina a varios cientos de vecinos, dará también la batalla legal.
La entidad ha sido el motor económico y social del pueblo, muy ligado a la agricultura. Al fin y al cabo, casi la mitad de los habitantes de la villa (la ficha de la entidad dice que tiene 3.200 socios), eran copropietarios de la caja. Las cooperativas agrícolas encontraron en la entidad el pulmón financiero que necesitaban. La caja empujaba también la vida cultural: la entidad daba, por ejemplo, 80.000 euros a las asociaciones para que organizaran todo tipo de actividades, desde exposiciones hasta concursos de poesía. En carnaval, en Semana Santa, en fiestas, la caja estaba ahí. Y es dueña del edificio donde se encuentra el centro de salud, pero también del centro de juventud, y de un cerro cercano al que la gente del pueblo acude los fines de semana.
Fue el 14 de enero cuando el Banco de España anunció que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), su brazo financiero, había intervenido, por primera vez en la historia de esta crisis financiera, una caja rural y que horas después había procedido a su subasta. La entidad se adjudicó inmeditamante a Globalcaja, una fusión de cajas rurales de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, que ofreció 1,3 millones de euros por continuar con un negocio que mueve alrededor de 80 millones. Los socios aseguran que ya tienen en sus cuentas los 200 euros por cada aportación que tenían de 60 euros el nominal. Aseguran que no han firmado ningún papel ni consentimiento.
Una quiebra en secreto
Para justificar la intervención el supervisor financiero aseguró que había un «incumplimiento significativo» de sus cuentas y un «deterioro patrimonial que suponía un riesgo apreciable de que la entidad no pudiera hacer frente a sus obligaciones en un futuro próximo», lo que hacía imposible la continuación en solitario de la caja.
No hay, sin embargo, muchos datos concretos que permitan conocer al detalle el estado de la caja. Sí se sabe, por ejemplo, que el volumen de créditos concedidos era prácticamente igual que el de depósitos. También que la entidad concedió cuatro créditos que superaban el límite permitido para una cooperativa. El propio Banco de España habla de «mal gobierno» de la entidad. Sin embargo, los socios cooperativistas aseguran no saber nada y se quejan de la falta de transparencia y del oscurantismo que ha rodeado la operación. También se sabe que el último Consejo Rector de la entidad, ahora dimitido, interpuso una querella contra el anterior director general por su mala gestión. Todos vecinos del pueblo.
«Ningún socio ha tenido acceso a ese informe del Banco de España. Lo hemos pedido de palabra, por escrito, y nada. Se nos dice que la caja es inviable pero no sabemos exactamente por qué. Nos sentimos indefensos», dice Mari Carmen Salido, la portavoz de la plataforma que se ha creado en el pueblo para defender la caja y tratar de revertir lo hecho por el Banco de España.
Junto a ella, otras dos socias de la entidad insisten en la pérdida que supondrá para el pueblo. «Durante la crisis no han desahuciado a nadie. Muchos jóvenes se han podido emancipar gracias a la caja, muchas cooperativas y negocios encontraban ahí lo que no les daban en otros sitios», se lamenta Teresa, vecina del pueblo y socia de la caja desde hace años.
La reacción del pueblo no se hizo esperar. Desde el momento de la intervención y venta de la entidad comenzaron a reunirse grupos de socios y vecinos para buscar soluciones. A la primera reunión fueron solo unos pocos. A los dos días eran varios cientos. «La gente está enfadada, nos han robado algo que era nuestro. No queremos a Globalcaja, siempre hemos querido que la caja fuera independiente y ahora mira lo que ha pasado», se queja otra socia.
El Banco de España detectó en diciembre los problemas que arrastraba la entidad y obligó al Consejo Rector a convocar una asamblea de socios, el máximo órgano de decisión. Allí les presentaron a los socios dos alternativas: la intervención o la integración en otra caja, concretamente en Globalcaja, que ya había mostrado interés en la operación. El 86% de los socios rechazó la propuesta que, sin embargo, acabó imponiendo el Banco de España.
Un hombre de negro en el pueblo
La plaza mayor de Mota del Cuervo parece el tablero sobre el que se mueven las fichas. En un extremo se levanta la sede de la Caja Rural, fundada hace 60 años. En el lado opuesto, la oficina que Globalcaja -la entidad ‘invasora’- tiene en el pueblo desde hace tiempo. En medio, el Ayuntamiento. La carta que Globalcaja ha enviado para tranquilizar al pueblo y asegurar que sus intenciones son buenas se puede encontrar en cualquier parte, en las aceras, en la mesa de un bar, en un banco. Entre menús del día, los vecinos comentan la jugada. «Esto huele mal», dice uno. «Nos tenían ganas desde hace tiempo y ahora han aprovechado», contesta otro.
El letrero de la Caja Rural de Mota del Cuervo aún se mantiene en su sede. En la puerta de la oficina algunos clientes se paran para intercambiar impresiones. Dentro, el trabajo de los once empleados continúa como siempre. «Esto está igual. A nosotros nos han dicho que no nos van a echar, pero habrá que verlo», dice uno de ellos. Nadie quiere hablar mucho, les vigilan de cerca. El técnico del Frob, que controla la entidad hasta su total absorción, trabaja en un despacho a pocos metros. Tras un cristal, su imagen aparece enfrascada entre papeles. Su traje oscuro es muy apropiado para un hombre de negro.
La entidad controlaba al menos el 70% del negocio financiero del pueblo. Entre socios cooperativistas y clientes, prácticamente todo el pueblo tiene algo que ver con la Caja Rural de Mota del Cuervo. ¿Cómo pudo una pequeña entidad rozar la quiebra? «No entendemos el deterioro tan rápido de las cuentas. El runrún de una posible compra o integración lleva años con nosotros, pero la Asamblea siempre ha dicho que no. Queremos esclarecer lo que ha pasado y conseguir información. Se ha violentado un proceso electoral [la asamblea de la caja tenía que elegir este mes un nuevo Consejo Rector] y podría haber habido otras soluciones que no fueran la integración. Se presentó un plan de viabilidad en el que la Asociación de Cajas Rurales se comprometió a inyectar dinero y eso se descartó sin que sepamos por qué. La caja no suponía ni un pequeño estornudo para todo el sistema financiero». Lo dice Jacobo Medianero, concejal de Izquierda Unida y también socio de la caja, igual que prácticamente toda la corporación municipal.
La preocupación se asoma sin parar a la cara del alcalde, Miguel Antonio Olivares, del Partido Popular. «La alternativa del plan de viabilidad era la que más agradaba al pueblo, pero nos transmitieron que el Banco de España no la veía posible», dice.
Olivares intenta calmar los ánimos del pueblo. La noticia de la intervención y adjudicación le llegó por la llamada de varios periodistas que reclamaban información, aunque desde diciembre conocía que la entidad estaba en la picota. «También hay gente que dice que esto que ha sucedido era necesario y que traerá tranquilidad por todo lo que se estaba ya hablando», asegura.
La gente abandona el pleno poco a poco. Una vecina y socia de la caja se lamenta. «Yo no sé lo que habrá pasado, lo que sí sé es que es una pena que nos quedemos sin algo que nuestros padres contribuyeron a hacer durante tanto tiempo», dice. «Dicen que no tendrá consecuencias para el pueblo, pero cómo no va a tenerlas». En la calle empieza a llover, pero los vecinos se resisten a irse a casa y forman corrillos para seguir hablando. «¿Tú crees que a alguien le importará tanto que las cooperativas del pueblo salgan adelante o lo que le vaya a pasar a la gente de aquí? Está claro que no».
Fuente: Eldiario.es (21/1/14)
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