La vida de Antonio Moreno Alfaro, ingeniero industrial nacido en Sevilla, cambió un mal día de 1990. Como trabajador de Landis & Gyrs, uno de los primeros actores en la fabricación de contadores de la luz, fue requerido para reunión en la sede de Unesa, patronal de las eléctricas, a la que acudió junto a su responsable directo. «Se trataba del Grupo Contact [integrado por AEG, Siemens, Landis & Gyr, Schlumberger y Metrega], una encuentro clandestino con un claro objetivo: repartirse el mercado de los contadores. Se pactaban los precios de forma que cada una de las grandes energéticas tuviese su cuota. Tú ofertas esto ahora, yo aquello más tarde, y todos contentos», explica Moreno a Teknautas.
Una vez tuvo constancia de los tejemanejes, y siempre según su versión, el ingeniero se negó a participar en las negociaciones. Fue reprendido por su empresa: «Insistían en meterme a toda costa en las reuniones, incluso llegaron a agredirme físicamente», dice Moreno. La situación se resolvió el 7 de noviembre de 1994 con un despido fulminante. Antes, Moreno había robado una carpeta etiquetada como «Grupo Contact» del departamento de ventas de su compañía y la había llevado a un Juzgado de Guardia de Sevilla.
Allí también depositó las tarjetas de los asistentes a la reunión, así como abundante documentación sobre el supuesto amaño del mercado. Tras el registro judicial de Landis & Gyrs el asunto salta a la Unidad de Delitos Económicos de Sevilla e incluso a la Comisión Europea, que envió a siete inspectores para revisar los más de 100.000 documentos incautados. Finalmente, tras cuatro años de litigio, el caso se archivó al no encontrar el delito. Moreno sostiene, tal y como recogió la prensa, que varios documentos clave de la investigación se perdieron en el tránsito entre la policía y el juzgado para que no hubiese consecuencias legales.
Un Quijote moderno
Aunque parecía que las aguas se calmaban para las eléctricas, lo cierto es que lo peor estaba por venir. Moreno, convencido de estar ante un entramado de corrupción que involucra a los poderes judicial, político y económico, se embarca en la cruzada de su vida. Cada día, durante los últimos veinte años, el colegiado número 598 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental se sienta delante de un montón de papeles. Convencido de que algo huele a podrido en Dinamarca, calcula tarifas y repasa sentencias y boes antiguos. Escruta al sector que trató de pervertir su conducta. Estando «completamente solo», como lamenta, se ha convertido en uno de los auditores más eficientes de España.
Quizá usted no lo sepa, pero la tozudez de Moreno Alfaro le ha ahorrado dinero: desde 1994 ha detectado, documentado y litigado por catorce irregularidades en la factura de la luz. Las ha ido colgando en una página, EstafaLuz, que su hijo le montó y que Endesa quiso cerrarle por intromisión en su honor, además de una indemnización de 50.000 euros que, en el caso de un jubilado mileurista, hubiera supuesto el embargo de su casa. Finalmente, el año pasado la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón e impuso las costas del proceso a la eléctrica.
A Endesa ya la traía caliente. En 2010 le birló 117 millones -y se los ahorró al ciudadano- al denunciar que los 9 euros que pretendía cobrar por enganchar cada nuevo contador, según una orden ministerial para modernizar el parque, eran ilegales. Su acción fue fulminante: denunció a Zapatero y a Fernández de la Vega por permitir un fraude masivo y redactó un escrito a la Comisión Nacional de la Energía que no solo fue atendido, sino que tumbó la tasa. Endesa se vio obligada a instalar 13 millones de contadores de forma gratuita lo que, unido a los más de 20 millones a cargo de otras compañías, resultó en 300 millones que el sector eléctrico dejó de ingresar.
«Todos los gobiernos de España han actuado en connivencia con las eléctricas. González, en primera instancia, permite que se infle, a partir de 1984, el precio del alquiler de los contadores. Le sigue Aznar, encubriendo a su predecesor por orden directa de José María Amusátegui, presidente de la patronal, y lo culmina Zapatero mirando para otro lado ante las constantes ilegalidades de las eléctricas», explica airado.
Sobre el papel, la tasa de alquiler de los contadores debería haber evolucionado paralela al precio promedio de mercado de los aparatos que, como es lógico en cualquier dispositivo tecnológico, no ha dejado de bajar. Sin embargo, el cálculo no se realizó con esta base, sino en relación al importe del kWh, que ha escalado desde 1984 hasta colocarse en el tercero más caro de Europa solo por detrás de Chipre e Irlanda. Moreno, tras años de escritos a los reguladores, al Gobierno e incluso al Rey, consiguió que en 2002 se rebajase un 10% el alquiler de contadores y que su incremento de precio se paralizase hasta hoy. Otros 200 millones se quedaron en el limbo gracias a él. Pese a que fue un éxito personal, la prensa del momento prefirió no mencionar el papel de Moreno.
En la actualidad el ingeniero se centra en canalizar las demandas que recibe a través de su página web, donde ha habilitado un formulario para que los usuarios puedan realizar fácilmente sus reclamaciones. Sigue luchando, como cada mañana, contra Endesa y el resto de las eléctricas, a las que acusa de haberse embolsado 11.200 millones de euros en las últimas dos décadas a costa del consumidor, amén de una nueva remesa de reproches relacionados con los contadores inteligentes y las redes de gestión. Advierte que aún le quedan «dos o tres bombas atómicas» que guarda para cuando se presente la ocasión.
Acepta con amargura que su lucha le roba tiempo de estar con su familia, si bien a sus 70 años no contempla dar un paso atrás: “Creo que la corrupción es la peor lacra de un país y hay que eliminarla a cualquier precio, pues es una cuestión de supervivencia. Creo que es posible una sociedad más justa. Creo que cada persona debe procurar dejar a las generaciones futuras un mundo mejor”, zanja.
Fuente: elconfidencial.com (8/4/21) Pixabay.com