La primavera de 1977 trajo las primeras elecciones democráticas en España. En aquel momento varios grupos papeleros constituyeron un cartel para repartirse el negocio de los sobres electorales de papel. Durante más de 30 años, 15 empresas acordaron la “fijación de precios y el reparto de licitaciones de sobres pre impresos para los procesos electorales y para los partidos políticos, incluyendo el reparto de la producción de sobres para el buzoneo que realizan los partidos políticos”, según un comunicado divulgado por la Comisión Nacional de la Competencia.
El supervisor, que inició las investigaciones en 2011, informó de que ha impuesto multas por un importe de más de 44,5 millones a las compañías implicadas en el cartel. Competencia considera acreditado que las empresas investigadas participaron en un cartel para repartirse el mercado español de sobres de papel entre 1977 y 2010. Además, acordaron “limitar el desarrollo técnico en el mercado de la fabricación, distribución y comercialización de los sobres”.
El cartel se constituyó en 1977 coincidiendo con la convocatoria de las primeras elecciones democráticas, según concluye el supervisor. Las empresas acordaron entonces el reparto de la fabricación y suministro de los sobres. Mantuvieron el acuerdo durante las siguientes votaciones al Congreso de los Diputados hasta las generales de 2008. Y extendieron sus prácticas para los comicios al Parlamento Europeo, las autonómicas y municipales. Así como a los referendos sobre la OTAN en 1986 y sobre la Constitución Europea en 2005. El acuerdo afectó a la “práctica totalidad de los procesos electorales celebrados en España desde 1977 hasta 2010”, señala Competencia en una nota.
Los fabricantes de sobres se repartieron también 223 grandes clientes entre 1990 y 2010 tanto públicos como privados. Entre los compradores públicos se encontraban la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico, la Dirección General de la Policía y casi todos los ministerios. Entidades financieras, las grandes compañías eléctricas, y las multinacionales de telecomunicaciones estaban entre los grandes clientes privados.
Las papeleras, también, acordaron precios para los sobres blancos entre 1994 y 2010. Además, en 1997 crearon un consorcio tecnológico, mediante la constitución de la sociedad Cover Formas, para compartir las innovaciones tecnológicas creadas entre las empresas del cartel y licenciarlas únicamente a las que participaran en este.
La mayor sanción ha recaído sobre Unipapel Transformación y Distribución (filial del grupo Adveo) con una multa de 20.498.246 euros. No obstante, Competencia la exime del pago de la sanción por haber aportado la información que permitió a la CNC iniciar sus investigaciones. Antalis Envelopes Manufacturing, con una sanción de 7.826.650 euros, y Manufacturas Tompla (11.262.752 euros) verán reducida la multa en un 40% y un 30% respectivamente por aportar información significativa para el caso. De las 15 empresas sancionadas cinco son filiales de Manufacturas Tompla.
El supervisor ha acreditado la participación de otras 16 empresas en el cartel así como la asociación del sector, pero no ha podido incorporarlas al expediente porque su participación habría quedado prescrita.
Es la tercera sanción de Competencia al sector papelero. En octubre del año pasado ya sancionó a seis empresas por constituir un cartel para repartirse el mercado de la exportación de sobres de papel. Hace un mes, la CNC multó a tres firmas papeleras por formar un cartel con productos de papelería.
Fuente: Elpais.com (1/4/13)
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