Tras la pista del dinero negro

Paraísos fiscales, sociedades interpuestas, testaferros, ‘caja B’… En los últimos meses la sociedad española se ha familiarizado con estos términos. Todos giran en torno a un mismo fin: eludir el control fiscal. En plena campaña de la Declaración de la Renta y en medio del fragor del ‘caso Bárcenas’ o el ‘caso Nóos’, los ciudadanos han puesto el foco sobre el fraude. A pequeña o a gran escala, los ‘trucos’ para evitar los compromisos con el ‘fisco’ se multiplican, al tiempo que el ministerio de Hacienda trata de seguir la pista a un dinero que se torna negro en las tuberías de la economía sumergida.

A falta de datos reales, las estimaciones apuntan a que el fraude en España se sitúa entre el 20% y el 23% del Producto Interior Bruto (PIB). Otras valoraciones lo sitúan en unos 60.000 millones de euros. Estas cifras colocan al país en mitad de la clasificación de los países de la Unión Europea y en la parte de atrás de la lista de los países más desarrollados.

Parte de esta situación viene provocada porque «aquí no se aplican las políticas de control que se desarrollan en esos países», explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Pero existe también un componente social, dada la «propensión a justificar el fraude entre los españoles, que siempre ha sido bastante elevada», asegura Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

Sin embargo, la crisis está modificando también esta realidad. La sociedad cada vez considera más reprobable que los ciudadanos se ‘salten’ sus compromisos con Hacienda, hasta tal punto que se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 44,5% de la población considera que la corrupción y el fraude es el segundo mayor problema en el país, sólo por detrás del paro.

«Cada vez se mira peor que los ciudadanos no cumplan sus obligaciones fiscales», explica Pérez Boga. No en vano, el fraude conlleva una disminución de los ingresos a las arcas del Estado que puede repercutir en subidas de impuestos y recortes en el gasto público.

Estructura del fraude

Según datos de Gestha, casi el 72% del fraude en España procede de grandes compañías y patrimonios. Las pymes, por su parte, son responsables del 17% mientras que a autónomos y asalariados les corresponde el 8%.

A pesar de que los asalariados son el grupo menos defraudador, se tiende a pensar que la mayor parte de las actividades de control recaen sobre ellos. Desde IHE, Pérez Boga lo desmiente. En el sector de los trabajadores por cuenta ajena es más fácil detectar una conducta fiscal ilícita, ya que toda su información está registrada y cualquier irregularidad salta de forma automática, de ahí que la percepción de control sea mayor.

La clave reside en la Declaración de la Renta. Este documento, por sí solo, no permite a Hacienda concluir que el contribuyente tenga ‘dinero negro’, pero le sirve de base para contrastar sus datos con otros registros que la Administración tiene del ciudadano –impuestos de Matriculación, Patrimonio, tributo de Sucesiones, etc.-.

Las alarmas se activan si se detectan diferencias o falta de concordancia en este cruce de datos. Las diferencias no siempre implican una conducta fraudulenta, porque todo se supedita a que el contribuyente pueda justificar esas discrepancias. El problema viene cuando no puede hacerlo, pues es indicio de un probable fraude.

Los autónomos y los módulos

El caso de los autónomos y profesionales liberales es diferente. Durante años, este grupo ha sido uno de los puntos débiles del fraude fiscal debido al sistema de módulos que se creó para facilitar su tributación. Los trabajadores de esta categoría pagaban a Hacienda teniendo en cuenta variables objetivas según la profesión –el número de empleados o el consumo de energía, por ejemplo- y no su nivel de ingresos y gastos.

Este sistema propició la eclosión de facturas falsas. El ‘modulero’ –como se llama coloquialmente a quienes se acogen a este régimen- emite este tipo de facturas a otras empresas, que pueden deducírselas del Impuesto de Sociedades y aplicarse la deducción por IVA.

Hace ahora un año, el Gobierno decidió atajar esta situación. Por un lado, prohibió el acceso a este sistema a aquellos empresarios que facturen más del 50% a otros empresarios o tengan un volumen de negocio superior a 50.000 euros al año. Así, quedaron fuera colectivos como el de la carpintería, la confección, la industria del mueble, la impresión, albañiles, fabricantes de ferreterías, cerrajeros, pintores, escayolistas y empresas de transporte y mudanzas, que han comenzado a pagar en función de sus beneficios reales.

Además, el Ejecutivo limitó el pago en efectivo a 2.500 euros, siempre que se produzca entre empresas o entre particulares a empresas y autónomos.

Para controlar que los miembros de este colectivo no maniobren fuera del circuito fiscal legal, la Agencia Tributaria no sólo rastrea la existencia de facturas falsas, sino que también aquí emplea el cruce de informaciones entre los ingresos declarados y otros datos que posee la Administración. Además, se presta especial atención a los signos externos de riqueza que puedan manifestar los sujetos en cuestión, como por ejemplo que posean grandes cantidades de dinero en el banco o que sean dueños de propiedades que no se ajustan a su declaración.

Aún así, tal y como apuntan desde IHE, destapar el fraude en este colectivo resulta más complicado y exige una investigación más exhaustiva.

Pymes

El fraude que comenten las pequeñas y medianas empresas está «minusvalorado», a juicio de Julio Ransés Pérez Boga. El presidente de IHE explica que no siempre defraudan grandes cantidades de dinero, pero «generan mucho daño porque se suman muchos pequeños fraudes».

Las pymes están detrás de muchos de los fraudes más comunes que se registran en España: no dar de alta a los trabajadores para ahorrar cotizaciones sociales o recibir ayudas y subvenciones cobradas de forma indebida son sólo algunos de ellos. Sin embargo, su mayor deuda con el ‘fisco’ se deriva de las declaraciones de autoliquidación sin ingresos.

Muchas de estas compañías se declaran en concurso de acreedores y alegan falta de fondos para acometer las deudas pendientes. Para tratar de poner coto a estas prácticas, el Ejecutivo también introdujo algunos cambios que permiten a Hacienda distinguir entre las operaciones que se realizan antes y después de la declaración del concurso para aumentar las posibilidades de cobrar las deudas antes de que se declare una hipotética quiebra.

Grandes empresas y patrimonios

Las grandes compañías y las mayores fortunas tienen el dudoso honor de ser las responsables de la mayor parte del fraude en España, en torno a un 72%. Por este motivo, gran parte de los esfuerzos de la Agencia Tributaria se centran en tratar de combatirlo.

En los últimos años se han intensificado las investigaciones en este sector. Pese a ello, resulta una tarea complicada sacar a la luz posibles engaños. Tanto las grandes compañías como los grandes patrimonios cuentan con servicios de asesoramiento fiscal y legal altamente especializados que llevan al límite las prácticas fiscales y se aprovechan hasta el borde de la ilegalidad de las ventajas fiscales que ofrece el sistema. Las fusiones o la deslocalización de operaciones a la hora de tributar son sólo algunas de las prácticas más comunes, junto a otras como el empleo de empresas tapadera o las operaciones internacionales opacas.

«Cuando se les llama la atención por alguna práctica sospechosa o se les advierte de ciertas discrepancias, suelen apelar a las interpretaciones de la norma», explica el presidente de IHE. «Ellos dicen que no defraudan, sino que planifican. Eso sí, llegado el momento de que tienen que pagar, siempre pagan».

Entonces, ¿de dónde procede el fraude en estos casos? Al margen de las prácticas ilícitas que también se registran en este grupo, una parte del porcentaje fraudulento que se les atribuye es, en realidad, una estimación de los ingresos fiscales que estas personas y compañías podrían suponer para España pero que, finalmente, van a parar a otros países que les ofrecen mayores ventajas fiscales. Por ejemplo, grandes compañías establecen en España filiales cuya matriz se encuentra en lugares como Irlanda, donde tributan menos porque su régimen es mucho más generoso.

«Parece poco ético que las grandes empresas no paguen impuestos allí donde facturan«, recoge el presidente de IHE. Pérez Boga apuesta por una mayor coordinación europea e internacional para el intercambio de información e, incluso, por modificar los acuerdos bilaterales de doble imposición que España mantiene en vigor actualmente con 84 países de acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda.

 

Paraísos fiscales

No se puede hablar del fraude cometido por grandes empresas y grandes fortunas sin tener en cuenta los paraísos fiscales. Los escándalos de corrupción que han salpicado la actualidad en los últimos meses han desvelado que estos territorios constituyen una de las vías preferidas por estos colectivos para llevar a cabo la evasión.

Se trata de lugares que mantienen una fiscalidad muy baja o nula para los inversores extranjeros que abran cuentas bancarias o establecen sociedades en ellos. Su existencia no es nueva, ni tan siquiera reciente. Los grandes inversores llevan utilizándolos desde hace décadas, en algunos casos de forma legal y en otros al margen de la ley.

La crisis, las fugas de capitales y las estrategias fiscales de grandes empresas y fortunas han potenciado el uso de estos refugios para evadir impuestos en sus países de origen y, en el peor de los casos, mantener en secreto el origen ilícito del dinero que guardan en ellos.

Este es, precisamente, el mayor atractivo de los paraísos fiscales. El secreto bancario les autoriza para proteger la información sobre el origen del dinero, sus propietarios o sus movimientos. Sólo los acuerdos que se establecen de forma individual entre el territorio en cuestión y los países permiten acceder a los datos. De lo contrario, quedan sellados.

«Los paraísos rompen con toda la estructura tributaria. No se puede luchar contra ellos», asegura Pérez Boga.

Actualmente, España considera paraísos fiscales 41 territorios. Detectar prácticas fiscalmente irregulares en ellos desde el país de origen resulta especialmente complicado. Sólo un movimiento errático o un descuido involuntario pueden hacer sospechar y dar paso a una investigación que destape un fraude con base en un paraíso fiscal.

 

Sanciones

Una vez concluidas las pesquisas pertinentes, cualquiera que sea el sector investigado, las autoridades establecen el tipo de fraude cometido y aplican la sanción que corresponde, atendiendo a la cantidad defraudada y a la disposición del contribuyente.

La Ley General Tributaria establece tres tipos de sanciones:

– Leves, cuando la cantidad que no se ingresó es inferior o igual a 3.000 euros o, siendo superior, no existe ocultación. La multa equivaldrá al 50% de la cantidad que se dejó de pagar a Hacienda.

– Graves, cuando el importe no ingresado supere los 3.000 euros y exista ocultación. El afectado tendrá que pagar una cantidad proporcional entre el 50% y el 100% del dinero que dejó de ingresar en las arcas tributarias.

– Muy graves, cuando se emplean métodos fraudulentos. En estos casos, la multa se situará entre el 100% y el 150% de la cantidad defraudada, además del importe que se tendría que haber abonado.

Cuando el fraude supera los 120.000 euros pasa a ser considerado un delito fiscal y se judicializa. Este tipo de delitos prescribe después de cinco años y podría conllevar una pena de prisión de entre 1 y 5 años. Sin embargo, la reforma del Código Penal en esta materia establece que las penas se «atenúen» cuando los responsables de los delitos reconozcan su actuación y cubran íntegramente la deuda o cuando, además de lo anterior, colaboren con las autoridades en la «identificación o captura de otros responsables» en un breve lapso de tiempo.

Para el presidente de la IHE, estas sanciones carecen de sentido disuasorio para quien tiene que pagarlas. «Lo verdaderamente disuasorio es ir a la cárcel», asegura Pérez Boga, que también cree que las personas que desarrollan grandes conductas defraudadoras prefieren pagar la sanción y continuar cometiendo infracciones similares.

¿Puede evitarse?

¿Se puede evitar el fraude fiscal? Los esfuerzos de las administraciones públicas se centran en controlarlo, pero erradicarlo es imposible, a juicio del secretario general de Gestha. Sin embargo, José María Mollinedo sí cree que puede reducirse «hasta en 10 puntos», pero para ello hacen falta medios. Tanto el representante de los técnicos de Hacienda como el de los inspectores coinciden en la escasez de recursos materiales y humanos para hacer más efectiva la lucha contra el fraude en España.

El Gobierno ha marcado como objetivo obtener unos ingresos de 9.130 millones de euros en 2013 procedentes de la recaudación directa, teniendo en cuenta que el pasado año la meta establecida se superó en un 10,1% hasta situarse en 11.517 millones de euros.

Julio Ransés Pérez Boga alega que llegará un punto en que los objetivos no se cumplan porque no existen medios suficientes. «Hay un funcionario de la Hacienda Pública por cada 1.928 ciudadanos españoles», una proporción, en su opinión, muy elevada y alejada de la que mantienen otros países con menor tasa de fraude fiscal, como Alemania (1 funcionario por cada 729 ciudadanos) o Francia (1 funcionario por cada 860 habitantes).

La partida presupuestaria tampoco es la más alta. Frente al 0,29% de Berlín o el 0,39% de París, España destinará este año un 0,13% de su PIB a combatir el fraude fiscal, unos 1.328 millones de euros. Una cantidad quizá insuficiente para hacer emerger parte de una economía paralela que se escapa entre los interminables tentáculos del fraude.

Fuente: Elmundo.es (14/4/13)

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