El Gobierno aprobará próximamente la segunda parte de la reforma de las pensiones, que ya cuenta con el visto bueno de Bruselas, el de Unidas Podemos y también, a falta de mirar a fondo los detalles, con el de los sindicatos, UGT y CCOO. El objetivo de esta segunda parte de la reforma era compensar el incremento del gasto que se deriva de la primera -la que blindó la subida de todas las pensiones todos los años conforme al IPC- y esa meta se quiere lograr sin abrocharse el cinturón: no se recortan gastos, sino que se garantizan más ingresos imputándoselos a empresas y trabajadores.
«Se garantiza la sostenibilidad del sistema a través de un reforzamiento de los recursos, evitando cualquier tipo de recorte«, ha presumido el Ministerio que dirige José Luis Escrivá. Con lo que la Seguridad Social ingresa anualmente en cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresas no le da para asumir el gasto en pensiones -que ya asciende a casi 12.000 millones de euros al mes, más dos pagas extra al año-, de ahí que tenga que recibir cada año un préstamo del Estado -financiado con impuestos-. En 2023, recibirá 38.700 millones de euros para intentar cuadrar las cuentas.
Ese déficit real irá creciendo año a año, especialmente en las próximas décadas cuando se jubile la generación del babyboom-muy numerosa- y que, además, cobró salarios más altos y ahora percibirá pensiones más elevadas, que se irán revalorizando anualmente conforme a la inflación. De ahí que hagan falta ingresos adicionales. ¿De dónde saldrán? Principalmente de las empresas y trabajadores.
El Ejecutivo se ha asegurado más fondos por tres vías. Según el borrador del real decreto-ley, de 26 páginas, al que ha tenido acceso a EL MUNDO, la primera vía será el destope parcial de las bases máximas de cotización. Hasta ahora, la base de cotización (la parte del salario sobre la que se aplica el tipo de cotización que sirve para calcular cuánto hay que pagar cada mes a la Seguridad Social por un trabajador) tenía un tope de 4.495,50 euros al mes, de forma que lo que se ganaba por encima de esa cantidad estaba exento de cotizar. Esa base se incrementará ahora cada año hasta 2065 (antes era hasta 2050) conforme al resultado de añadir al IPC promedio 1,2 puntos porcentuales (antes se proponía sumarle 1,154 puntos) -si el IPC promedio es del 8,4% como el año pasado, la subida será del 9,6%-. El aumento en términos reales de la base será del 38%, hasta un equivalente a 6.200 euros de hoy.
Esta medida llevará aparejada un aumento de la pensión máxima -al cotizar más los que más ganan, también recibirán una pensión más alta-, pero este incremento será inferior -del IPC más 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050, es decir, del 20% en términos reales- y, desde 2051 hasta 2065 el aumento adicional irá creciendo desde el 3,2% al 20%. «En 2065, se valorará en el marco del diálogo social la conveniencia de mantener el proceso de convergencia hasta alcanzar un incremento total de 30 puntos porcentuales», recogen.
Segunda fórmula para obtener más ingresos: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que entró en vigor este año y aplicaba una cotización adicional del 0,6% sobre la base -de los que una décima la paga el trabajador y 0,5 la empresa- se subirá progresivamente al 1,2% en los próximos seis años -0,2 puntos para el empleado y 1 punto para la compañía- y, en lugar de aplicarse hasta 2032, se prolongará hasta 2050.
Y, tercera vía, la inclusión de una «cotización adicional de solidaridad» que gravará el tramo de sueldo a partir del cual no se cotiza con un 1% en 2025 y que irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045. Este extra también se repartirá ente el empleado (que asumirá un 1% y la empresa (5%). Este porcentaje extra no se aplicará sobre todo el sueldo, sino que se decidirá en los Presupuestos cuál es su tope.
Medidas de gasto
Por el lado del gasto apenas hay medidas correctoras. El Gobierno finalmente ha optado por dar a elegir de aquí a 2040 a los trabajadores a la hora de acceder a la pensión si quieren que se calcule conforme a sus 25 últimos años cotizados o a los mejores 27 de los últimos 29. Esta decisión se hará de forma automática por parte de la Seguridad Social optando por la más beneficiosa.
De 2040 a 2044 el periodo de cómputo aumentará gradualmente hasta que en 2044 se utilice únicamente los 27 mejores años de los últimos 29.
También se modifica el modelo actual de cobertura de lagunas -periodos sin cotizar-; se sube un 10% el complemento de brecha de género de las pensiones entre 2024-2025 -una medida que no convence mucho a los sindicatos por ser insuficiente-; y se estipula que las pensiones mínimas tienen que representar al menos el 60% de la renta mediana y las no contributivas deben llegar al 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal. Si existe una brecha con esos objetivos, se irá reduciendo poco a poco hasta que en 2027 no exista.
La propuesta ha sido compartida con patronales y sindicatos, que volverán a reunirse de nuevo el lunes por la tarde. UGT y CCOO parecen dispuestos a apoyarla, mientras que la CEOE y Cepyme se oponen «frontalmente» al suponer un recargo de costes que les restará competitividad, advierten, y lastrará la inversión y el empleo en el país.
El papel de la Airef
Aunque la reforma busca garantizar un ajuste entre ingresos y gastos, lo cierto es que el propio Escrivá ha previsto un mecanismo por si se produce un descuadre entre ambos, si por ejemplo el sistema ingresa menos de lo previsto porque el empleo no va a bien o gasta más, porque la inflación da la sorpresa. A partir de 2025 y cada tres años, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicará y enviará al Gobierno un Informe de Evaluación con las proyecciones del impacto para detectar si hay un «exceso de gasto».
En caso de que así sea, la AIReF propondrá distintas medidas para corregirlo y «el Gobierno negociará con los interlocutores sociales el envío de una propuesta a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para corregir, de forma equilibrada, el exceso del gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas».
Las medidas acordadas se traducirán en una ley que deberá entrar al Parlamento antes del 30 de septiembre para estar ya en vigor el 1 de enero del año siguiente.
Fuente: expansion.com (10/3/23) pixabay.com
