El horizonte de desequilibrio hasta 2016 muestra que existe un déficit estructural a corregir.
En ese punto, y dado que no se plantea en el corto plazo actuar sobre el gasto recortando las prestaciones, sólo queda actuar sobre los ingresos, donde el sistema podría cerrar este ejercicio con un incremento por cotizaciones, pero no debido a un aumento neto del empleo.
Para ello, se han aprobado varias medidas recaudatorias que tratan de reducir los números rojos que la Seguridad Social espera este año, no de manera significativa ya que el impacto recaudatorio calculado por el Ministerio de Empleo asciende a alrededor de 1.000 millones de euros.
La primera de las medidas ya aparecía publicada en los Presupuestos para 2014 y supone el incremento de un 5% de las bases máximas de cotización que supondrá una recaudación aproximada de 700 millones. Esta subida solidaria de las bases máximas es lógicamente bien vista por los sindicatos ya que el efecto de esta subida solo lo notarán los cotizantes cuya base de cotización esté por encima de este nivel, que son aproximadamente el 4% del total, alrededor de 700.000 empleados.
Sin embargo significa un aumento de los costes laborales, en el entorno de los 500 euros por trabajador y año mientras que para el empleado esta mayor aportación será de casi 100 euros, lo que además desincentiva a las empresas con trabajadores con sueldos más elevados. Pero además sucede que suben las cotizaciones máximas pero no el tope establecido para la pensión máxima, socavándose aún más, y en línea con el año anterior, el principio de contributividad en el que se basa nuestro sistema de pensiones.
La segunda medida recaudatoria, que no estaba contemplada en los presupuestos para este año, fue aprobada por el gobierno el pasado 21 de diciembre, cuando decretó una subida indirecta de cotizaciones estimada en 1.000 millones.
El Ministerio de Empleo amplió los conceptos imputables a la base de cotización de manera que empresas y trabajadores tendrán que cotizar íntegramente por retribuciones en especie por las que hasta ahora se hacía sólo en parte o estaban exentas. Concretamente, las aportaciones de las compañías a planes de pensiones de sus empleados (los derivados de la negociación colectiva, no los contratados individualmente), los vales de comidas, servicios de guardería, seguros médicos y de responsabilidad civil así como dietas de transporte. También aumentan las cuotas de los autónomos que tienen 10 empleados o más, que supone un incremento del 22% sobre el suelo anterior.
Este aumento adicional de los impuestos sobre el trabajo es defendido desde el Gobierno porque pretende «acotar los casos de ingeniería retributiva en los que el trabajador llega a percibir cuantías que hasta duplican lo que cotizan a la Seguridad Social en nómina» pero además lo justifican señalando que esta subida de cotizaciones redundará en mayores derechos de pensiones para el trabajador, afirmación que debe cuestionarse por los graves problemas que afrontará el sistema de reparto en los próximos años por la evolución demográfica.
Consecuencias de la subida de cotizaciones
Las consecuencias inmediatas de esta subida de las cotizaciones afectarán tanto a empresas como a trabajadores. Por el lado de las empresas, suponen un incremento adicional de los costes que desincentivará al empresario a la hora de negociar estas percepciones, más en el caso de aquellos convenios colectivos que reconocen expresamente una cantidad que recibirá el trabajador por tales conceptos ya que se pueden crear conflictos sobre quién asume qué parte del sobrecoste que corresponde al trabajador.
Según los cálculos del Círculo de Empresarios, las contribuciones empresariales a la Seguridad Social suponen el 8,5% del PIB, el cuarto nivel más alto de la UE, sólo por detrás de las de Francia, Italia y Bélgica. Es decir, tenemos unos impuestos al trabajo muy superiores a la media de la mayoría de países europeos.
Para el trabajador significa que el retroceso de los salarios prosigue ya que, en teoría, se deberá detraer algo más del 6% en la mayoría de los pluses que cobra el trabajador por su parte de cotización. Este proceso de devaluación salarial se verá probablemente reforzado al eliminarse la mayoría de los beneficios sociales en el caso de nuevos contratos por sus nulas ventajas y mayor coste para la empresa.
Pero además, se llega a incongruencias de difícil explicación como en el caso de que se trate de incentivar el ahorro privado para la jubilación y por otro lado se penalice imponiendo altos gravámenes adicionales, ya que desde este año, las aportaciones empresariales a los planes de pensiones privados y otras prestaciones que mejoren las que ofrece la Seguridad Social, excepto la de incapacidad temporal, pasan a integrarse en la base de cotización.
La promesa realizada en su día por el Gobierno de rebajar las cotizaciones a las empresas para estimular la contratación se aleja más y más, caminándose en sentido contrario al encarecerse los costes laborales por los tremendos problemas de financiación del sistema. Sin embargo, la medida que más ayudaría a reducir con inmediatez parte de los desequilibrios de la Seguridad Social es la posibilidad de que las pensiones de viudedad y orfandad fueran a cargo del Estado y no de los cotizantes como hasta ahora. Pero ese es otro debate.
Soledad Gallego, profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos.
Fuente: Eleconomista.com (14/1/14)
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