El alquiler de habitaciones ya no es una práctica relegada sólo a estudiantes en las grandes ciudades, ni tampoco una idea tan divertida como parece en series como Friends. Cada vez son más los adultos con trabajo estable que, a causa de la subida de los precios -que en la mayoría de casos no ha ido acompañada de un aumento de los salarios- ya no pueden pagar un piso para ellos solos y se ven obligados a compartir.
Además, fruto de la pasada crisis económica, los expertos alertan de un repunte de prácticas como el realquiler de habitaciones, que en muchos casos se hacen al margen de la ley: a escondidas del propietario y para enriquecerse en lugar de para compartir gastos.
En la Comunidad de Madrid es donde más ha repuntado la práctica de compartir vivienda, lo que también ha venido acompañado de una subida de los precios. Durante 2018, según datos de Fotocasa, alquilar una habitación en la región fue un 17,9% más caro que un año antes.
Sin embargo, en Madrid capital, donde las zonas más demandadas son el distrito Centro, Chamberí y Tetuán, los precios cayeron un 4,7%. Este fenómeno se explica porque «muchos estudiantes y trabajadores que buscan este tipo de alquiler, tras ver los elevados costes de la capital, se han decantado por zonas del extrarradio como Getafe, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares o Alcobendas, muy bien conectadas con el transporte público», recalca Beatriz Toribio, directora de Estudios de este portal inmobiliario.
Así, mientras una habitación en Madrid ciudad cuesta de media 426 euros mensuales, en otros municipios cercanos puede encontrarse por 395. En cualquier caso, Barcelona sigue siendo la capital más cara de España para seguir este modo de vida: 492 euros de media pagan los inquilinos por dormitorios de apenas unos metros cuadrados.
«Se está viendo gente que vive de alquiler en un inmueble pero le suben la mensualidad y, como ya no puede hacer frente al gasto, opta por subalquilar habitaciones de la vivienda para, con ese dinero extra, poder pagar la renta», explica Sergio Lusilla, socio director de Pluslegal Abogados.
Al borde de la ley
Pero, ¿Es legal esta práctica? ¿Pueden los inquilinos decidir por su propia cuenta y riesgo a quién meten en una casa que no es suya? ¿Y hacer negocio de ello? La respuesta es compleja: una persona que vive de alquiler sí puede subarrendar habitaciones, pero no de la forma que se hace habitualmente.
La Ley de Arrendamientos Urbanos dictamina que el inquilino principal tiene que tener el permiso previo y por escrito del propietario de la vivienda, hacer un contrato al nuevo habitante y bajo ningún concepto puede enriquecerse a través de esta práctica.
Para poder realquilar partes de un piso se necesita el permiso del dueño y no está permitido especular
«Imaginen que el alquiler de una casa me cuesta 500 euros y a base de realquilar varias habitaciones consigo 800. Eso es completamente ilegal, no se puede hinchar el precio para obtener más dinero», aclara Joaquín Fuertes, socio del despacho de abogados Carrau Corporación, quien hace hincapié en que lo más habitual es que no se cumplan las normas en este tipo de prácticas.
«Subarriendan de forma clandestina, sin avisar al dueño, porque éste vive en otra ciudad o apenas tiene contacto con la vivienda y creen que nunca se va a enterar», añade.
La sorpresa llega cuando los vecinos o el conserje dan la voz de alarma al darse cuenta de un trasiego inusual de gente desconocida en el edificio o, en los casos más extremos, los propietarios encuentran en internet anuncios de su propia casa en alquiler que obviamente ellos no han escrito.
«Hay gente que, tras la primera sospecha, contrata detectives privados o, si encuentran un anuncio en la web, se hacen pasar por personas interesadas en alquilar para pillarlos in fraganti», recalca Fuertes.
En esos casos, las consecuencias pueden ir desde un aviso al inquilino principal de la vivienda para que eche del piso al resto de habitantes, hasta una resolución del contrato de alquiler -es decir, instarles a todos ellos a que se marchen cuanto antes- o, si no están dispuestos a hacerlo, en los casos más extremos, la apertura de un procedimiento de desahuciopor la vía judicial.
«Es más, la persona que vive subarrendada puede pedir una indemnización por daños y perjuicios a quien le ha alquilado la habitación porque no tiene por qué saber si es el dueño de la casa o si al menos tiene su permiso», señala Fuertes.
Y es que los expertos recuerdan que cuando se trata de inmuebles compartidos, ni siquiera en caso de que uno de los ocupantes legales quiera abandonar la vivienda por motivos de movilidad geográfica o tras una ruptura sentimental, el inquilino restante puede decidir meter en casa a otra persona sin consultarlo con el casero.
Hay propietarios que se han encontrado su casa en anuncios de internet escritos por su inquilino
Además, señalan que durante los últimos años también se ha visto un repunte del realquiler de pisos completos para uso turístico. Es decir, inquilinos que viven solos y se van de casa el fin de semana o durante sus periodos de vacaciones para sacar dinero realquilándola a turistas, también a escondidas del propietario. Otra práctica ilegal, puesto que, además de su permiso, en esos casos es necesario tener una licencia de uso vacacional y, además, el visto bueno de los vecinos.
«Las comunidades de propietarios pueden prohibir en sus estatutos el alquiler turístico en el edificio, aunque no pueden decir nada sobre el realquiler de habitaciones consentido a no ser que en la vivienda se lleven a cabo actividades ilícitas o molestas», añade Fuertes.
En cualquier caso, para evitar sorpresas a posteriori, es aconsejable que los propietarios de inmuebles en alquiler acudan a un asesor antes de elegir al inquilino más apropiado.
Se recomienda que, si quieren evitar prácticas fraudulentas, especifiquen en el contrato que prohíben el subarriendo y hagan «un análisis de ratio de endeudamiento de la persona a la que van a meter en su casa. Si es elevado, hay posibilidades de que no vaya a pagar o de que si tiene problemas económicos necesite acudir a estas prácticas», aconseja el socio de Pluslegal Abogados. Recuerda así que los gastos del alquiler no deben superar el 40% de los ingresostotales de la persona interesada en arrendar una vivienda.
Adiós al perfil del estudiante
Pero, ¿Cómo ha cambiado el perfil de los nuevos inquilinos? ¿Y de quienes deciden abrirse a esta práctica y poner habitaciones del piso en el que viven en alquiler? Aunque se suele identificar el hecho de compartir vivienda con los más jóvenes, que van a empezar su vida universitaria o que dan sus primeros pasos en el mundo laboral, lo cierto es que la edad media de quienes buscan habitaciones es actualmente de 29 años.
Así se desprende del informe Perfil de las personas que comparten vivienda, elaborado por Fotocasa. Según este análisis, casi la mitad, el 45%, tiene entre 25 y 34 años y un 32% es de clase social media-alta.
Para la mayoría, el principal motivo que les lleva a adoptar este estilo de vida es la imposibilidad de pagar un alquiler individual (en el 54% de los casos), pero muchos otros lo hacen porque es la fórmula que mejor se adapta a sus necesidades actuales (30%), prefieren gastar dinero en otras cosas antes que en el alquiler (27%), no les gusta vivir solos(23%), están ahorrando para compar su propia casa(17%) o simplemente les parece más cómodo (13%).
«El prototipo de quienes buscan arrendar una habitación es muy variado. La crisis ha afectado. Hay mayor movilidad geográfica de estudiantes o trabajadores, parados, inmigrantes con pocos recursos o divorciados que se ven obligados a abandonar el domicilio familiar y recurren a buscar una habitación», recalca el socio de Carrau Corporación.
En el otro lado están quienes deciden abrir las casas en las que viven a nuevas personas y experiencias. Desde jubilados, que están solos y buscan compañía -además de completar su pensión con un ingreso extra-, hasta trabajadores con sueldos bajos o que simplemente quieren vivir nuevas vivencias o personas que se van a trabajar al extranjero y quieren sacar rendimiento al piso en el que viven en España. «Es sencillo: el que lo hace de forma legal, busca compartir gastos, el que no, lucrarse y especular», concluye Fuertes.
Fuente: Elmundo.es (1/3/19) Pixabay.com
