Solo dos de cada diez autónomos cotizan para cobrar el desempleo

Una de las luchas históricas de las asociaciones que representan a los trabajadores autónomos fue conseguir que estos pudieran cotizar y cobrar una prestación por desempleo en el caso de tener que cerrar sus negocios y quedarse sin ocupación.

En febrero, el número de trabajadores autónomos que cotizaron para poder cobrar la prestación por cese de actividad (equivalente al desempleo de los asalariados) fue de 644.133, apenas el 21% del total.

Tras varios años de negociaciones con distintos responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, finalmente lo lograron el 5 de agosto de 2010, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la ley por la que se creaba esta nueva prestación.

Según ese texto, los autónomos podían empezar a cotizar por esa nueva contingencia desde el 1 de noviembre de ese mismo año. Ahora, un año y cuatro meses después, estas cotizaciones no terminan de despegar entre el citado colectivo.

Según los datos facilitados ayer por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ligada a la UGT, en febrero pasado un total de 644.133 trabajadores por cuenta propia cotizaban voluntariamente para tener cubiertas sus prestaciones por accidente de trabajo y cese de actividad (el pago de cotizaciones profesionales es obligatorio para poder cotizar por desempleo). Esta cifra representa solo el 21% del total de autónomos inscritos en la Seguridad Social.

UPTA considera que esta cifra es «escasa», si bien destaca que tras los primeros meses en vigor, el número de afiliados ha crecido en algo más de 100.000 en algo más de un año, lo que supone un ritmo de crecimiento del 20%. «Es un nivel aceptable si se tiene en cuenta el constante recorte de los cotizantes del sistema», recalcan.

En opinión del presidente de UPTA, Sebastián Reyna, la causa del escaso volumen de autónomos que cotiza por esta contingencia obedece, «sin duda» a la falta de información sobre el sistema. «Hasta la fecha, los responsables de la Administración Laboral, ni en la etapa del Gobierno anterior ni en la actual, han considerado oportuno hacer una campaña informativa, como se hace habitualmente cuando se pone en marcha una nueva prestación», dijo Reyna. Si bien de este reproche salva a la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo (AMAT) de la que reconoce que «sí ha desarrollado una actividad informativa, pero de poca extensión y hace escasamente unos meses». A esto hay que sumar, a su juicio, la falta de información estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social respecto al el número de trabajadores autónomos que cobra esta prestación.

El pasado mes de noviembre fue el primero en el que hubo trabajadores con derecho a empezar a cobrar esta prestación, puesto que la norma exige una cotización mínima de doce meses para poder cobrar durante dos meses esta ayuda.

Sin noticias oficiales

Sin embargo, tras cuatro meses en los que en teoría ya hay autónomos cobrando, aún no hay existen datos oficiales. Esta es otra crítica de Reyna tanto a Empleo como a las mutuas de accidentes, las encargadas de gestionar esta nueva prestación.

En cualquier caso, la ley obliga al sistema a autofinanciarse. Esto es que las prestaciones deben abonarse con las cotizaciones aportadas. Por ello, la normativa establece que, una vez transcurridos 24 meses desde la puesta en marcha del sistema, el Gobierno estudiará su viabilidad financiera, con la intención de ampliar o no la duración de la prestación. Su cuantía es de aproximadamente el 70% de la base reguladora del autónomo.