Los asaltos organizados por Sánchez Gordillo agitan el fantasma del estallido social.
Pero es evidente que Sánchez Gordillo, un profesor iluminado que predica la revolución desde los años setenta -es alcalde de su localidad desde 1979- y celebra ‘okupaciones’ y farsas expropiatorias con asiduidad, no es una amenaza para la paz social de este país sino un retazo de folklore al que el ministro del Interior, muy azarado al conocer el asalto a las tiendas, debería dar la importancia que tiene, que es más bien escasa. El exceso de Interior Realmente, el episodio, que alcanza trascendencia desde el punto de vista de la gobernabilidad de Andalucía, no hubiese tenido repercusión nacional si el señor Fernández Díaz no hubiera irrumpido a reclamar la detención de los asaltantes y no se hubiese dirigido al ministro de Justicia para pedirle la actuación de la Fiscalía del Estado, algo dudosamente constitucional.
En otras palabras, la ‘barbaridad’ -el concepto es apropiado y se ha usado profusamente para describir el desmán- no hubiera pasado a mayores si las autoridades se hubieran limitado a aplicar los protocolos vigentes: la policía detiene a los delincuentes, recoge las pruebas y presenta unos y otras a los jueces para que éstos tomen las decisiones oportunas en derecho. La ‘orden de detención’ del ministro al jornalero ha sido en definitiva, como ha dicho Willy Meyer, una «metedura de pata veraniega». Un problema para la izquierda andaluza Lo de Sánchez Gordillo sí es, en cambio, un problema político para Andalucía porque, como es sabido, este jornalero aguerrido representa una facción minoritaria pero influyente en el seno de Izquierda Unida, organización que, capitaneada por el coordinador general Diego Valderas, participa en el gobierno autonómico. De hecho, el propio Valderas es vicepresidente de la Junta y, por cierto, en un alarde de nuevo rico, acaba de tener la ocurrencia de crear delegaciones provinciales de tal vicepresidencia. No hace falta decir que el PSOE encabezado por José Griñán está horrorizado con el espectáculo, que los conmilitones de Gordillo han tenido que disculpar más o menos enfáticamente.
En definitiva, no es en modo alguno probable que las excentricidades de Sánchez Gordillo produzcan contagio alguno. Lo que no quita que el Gobierno y las instituciones en general tengan que cuidarse sobremanera de evitar que algunos sectores sociales caigan en la marginalidad y en un peligroso estado de necesidad que podría dar lugar a problemas serios de orden público. Ya se sabe que en nuestro país las redes de solidaridad familiares son muy sólidas, pero el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha elevado hasta niveles insoportables -por encima de 1,6 millones- y cada vez son más los parados de larga duración que pierden todo tipo de subsidio. 400 euros en el disparadero Con independencia de los ajustes presupuestarios necesarios, que pocos discuten en abstracto pero que son muy opinables en su pormenor, es preciso que el Gobierno atienda al sostenimiento de una red inferior de protección que asegure que nadie descenderá por debajo de determinado umbral.
En el ámbito público, son vitales para este fin los 400 euros de subvención durante seis meses a los parados que han agotado completamente el subsidio -como se sabe, tal ayuda concluye el día 15 y el Gobierno tiene que tomar una decisión al respecto- y los llamados salarios sociales o salarios de integración, de algo más de 300 euros que las comunidades autónomas conceden a quienes no tengan otro tipo de ingresos. Y en el terreno social, es relevante el papel de las organizaciones no gubernamentales, que deberían ser ayudadas en todo lo necesario también desde las instituciones en todo aquello a que no llegue la iniciativa privada.
Por resumir, si hay en este país estallido social -y es muy difícil que lo haya por el elevado nivel cultural y democrático de la ciudadanía- será porque ha fallado el Estado es su aportación inexorable de un colchón de mínimos a los más desfavorecidos, y no por las estridencias de un iluminado como Sánchez Gordillo.
Fuente: Eleconomista.es (10/8/12)
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