El empresario ha fallecido a los 84 años de edad. Ruiz-Mateos permanecía ingresado en el Hospital Santa María del Puerto, Cádiz, desde mediados del mes de agosto cuando sufrió una caída en el Puerto de Santa María que le provocó una fractura de cadera, cuya operación se complicó con una neumonía.
Historia de un imperio con pies de barro (Expansion.com)
Los pulsos al Estado suelen perderse y con más probabilidad si encima quien lo plantea no tiene la razón de su parte. Rumasa, y su propietario José María Ruiz-Mateos, son una buena muestra de ello y de cómo en todo caso siempre hay una parte de la opinión pública dispuesta a no dejarse convencer por los hechos demostrables por considerar que los poderes públicos no actúan sino por intereses inconfesables.
El estallido de la crisis de Rumasa tuvo lugar en febrero de 1983, dos meses después de la llegada al poder de Felipe González, pero se venía gestando desde varios años antes. La crisis económica de aquellos años, la debilidad de los últimos gobiernos de UCD, la agitación involucionista que campaba en varios estamentos militares, y en una parte importante de la sociedad civil de entonces, hicieron imposible que los Ejecutivos de esos años pudieran doblar el brazo a un empresario de pretendido éxito que no hacía más que comprar empresas en dificultades manteniendo el empleo en todas ellas gracias a que disponía de una fábrica de dinero: una serie de bancos pequeños y alguno mediano dedicados a tomar dinero de terceros a precios fuera de mercado para prestárselo única y exclusivamente a las empresas del grupo.
No era un grupo de bancos que tenían participaciones industriales. Era justo lo contrario: unas empresas que lograban sobrevivir porque eran dueñas de bancos que no dejaban de suministrarles los recursos financieros que necesitaban de manera creciente. Rumasa era un conglomerado de empresas hoteleras, agrícolas, bodegueras, constructoras… y bancos.
La situación de crisis del grupo era intuida por los responsables económicos de la época, especialmente por el Banco de España capitaneado entonces por José Ramón Álvarez Rendueles y Mariano Rubio que llevaban años enfrentándose a la crisis bancaria de ese momento.
Pero era imposible acabar de detectar el agujero real de ese grupo por dos motivos: no había una auditoría del conjunto (como mucho había auditorías parciales que permitían esconder buena parte de las relaciones entre empresas y bancos) y, además, no solo existía una Rumasa A sino que había otra, la Rumasa B, desconocida, oculta a todos los efectos que dificultaba aún más el conocimiento exacto del perímetro del grupo y de sus interrelaciones.
La victoria socialista en diciembre de 1982 con una mayoría absoluta abrumadora y las estrechas relaciones entre el ministro de Economía de entonces, Miguel Boyer, y el Banco de España permitieron estrechar el cerco sobre Rumasa hasta el final. Las presiones para que Ruiz-Mateos dejara entrar a los auditores hasta el fondo de los bancos del grupo, y su negativa a hacerlo, provocó la decisión de expropiar todo el grupo por interés general ya que su caída incontrolada podía provocar un agravamiento de la crisis general realmente importante.
El Gobierno decidió la expropiación (solo podía intervenir los bancos pero no las empresas) y publicó un decreto en el que aparecía la lista de empresas controladas. Unos días después tuvo que publicar uno nuevo ampliando sustancialmente la lista de compañías vinculadas a Rumasa y que se iban conociendo al controlar el grupo. El agujero detectado superó el medio billón de pesetas de entonces y permitió mantener el empleo de todas las compañías y los depósitos (remunerados con extratipos) de los clientes de los 21 bancos que controlaba Ruiz-Mateos.
Empezó en ese momento una dura batalla legal planteada por Ruiz-Mateos para recuperar su grupo o un equivalente en dinero que no consiguió porque los tribunales han ido dando la razón siempre al Estado. El Gobierno se comprometió a privatizar todo el grupo Rumasa y lo fue haciendo en los años siguientes, empezando prácticamente por todos los bancos que fueron adjudicados a los grandes bancos de entonces. Este compromiso facilitó que los poderes económicos aceptaran la expropiación e incluso la apoyaran.
Siempre se sospechó que una parte de los fondos desaparecidos de Rumasa estaban a buen recaudo en el extranjero y que ellos habrían servido en parte para, a la vuelta de unos años, que Ruiz-Mateos empezara a montar Nueva Rumasa, un remedo de la anterior, pero con un problema para sus intenciones: en el nuevo grupo no había bancos a través de los que financiar a las empresas.
Y ello precisamente permitió que la nueva bola de nieve creciera menos que la primera. Ruiz-Mateos no disponía de fondos para inyectar a las compañías que controlaba y tuvo que intentarlo directamente a través de las propias empresas con programas de pagarés. Pero en esta ocasión los controles y las advertencias a los inversores funcionaron.
Las autoridades de la CNMV obligaron a que quedara claro que esas emisiones no estaban avaladas por ella, que no existía un mercado en el que se pudieran negociar y que algunas garantías (las reservas de brandy o la propiedad de algunas marcas) parecía evidente que estaban sobrevaloradas. No había posibilidad de engaño y por lo tanto, cuando las compañías emisoras anunciaron su imposibilidad de pagar sus deudas no se planteó que el Estado de una manera u otra volviera a cubrir esas pérdidas como ocurrió la vez anterior. Ruiz-Mateos, junto con varios de sus hijos, se enfrentaba de nuevo a acusaciones de estafa y de haber cometido delitos fiscales.
Fuente: Expansion.com (8/09/2015)
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