Más de un año y medio después de la mayor expropiación a una compañía extranjera de la que se tiene noticias, se ha cerrado con calzador un preacuerdo para poner fin a una situación de conflicto que en un primer momento se entendió como normal y lógica. Si a Repsol se le confiscó el 51% de YPF en abril de 2012, previa intervención casi militar de su sede en Buenos Aires, y sin recibir un justiprecio, nada más normal que recurrir a los tribunales para reclamar sus derechos.
Si se hubiese tratado, por ejemplo, de una empresa manufacturera, con toda probabilidad, la denunciante habría tenido que agotar todas las vías judiciales, ya que el Gobierno argentino no habría intentado pacto alguno. Es más, si el hipotético laudo del Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial donde se dirimen los conflictos relacionados con los acuerdos de protección de inversiones entre países, hubiese sido favorable a la denunciante, es muy seguro que tampoco cobrase su indemnización. Al menos, esta ha sido la práctica habitual en Argentina, como demuestran los hechos.
Sin embargo, en el pecado de la expropiación el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha llevado la penitencia. Si bien es cierto que las relaciones entre Repsol y Argentina siempre fueron turbulentas (la opinión pública nunca digirió la privatización de la petrolera estatal), no fue hasta la puesta en explotación del macroyacimiento de shale de Vaca Muerta en que se cruzó la línea roja.
Pero este campo de 31.000 kilómetros cuadrados, de los que algo menos de la mitad los tiene en concesión YPF, requiere de ingentes capitales para su explotación (250.000 millones de dólares). Y, como es conocido, las grandes petroleras se han negado a acudir a la llamada del Gobierno argentino para compartir con YPFla explotación y producción del yacimiento de la Patagonia.
De esta manera, 19 meses después de recuperar gratis el capital y el patrimonio de su petrolera, el Gobierno argentino no tiene quien le acompañe en un suculento negocio, que servirá para equilibrar la balanza energética. Un país rico en hidrocarburos, como Argentina, pero con los pozos en declino, no soporta ni social ni económicamente comprar gas fuera, que ha de pagar con dólares. Tampoco está dispuesto a realizar inversiones iniciales, sino solo reinvertir los recursos que se vayan generando con la actividad.
El resultado de la regla de tres parecía sencillo: Repsol debía retirar los pleitos que amenazan la seguridad jurídica de los posible socios de YPFen Vaca Muerta. Pero aplicar la solución era imposible a la vista de que Argentina no parecía dispuesta a pagar más de 1.500 millones de dólares, para lo que se daba de plazo este año, que Repsol hablaba de una compensación de 10.000 millones de dólares que no ha llegado a plasmar oficialmente en la demanda del Ciadi, pues el tribunal arbitral no se ha llegado a constituir debido a las trabas de Argentina.
Con tal diferencia de precio, al Gobierno de Fernández de Kirchner no le quedaba más remedio que optar por presionar y buscar valedores. Los defensores del acuerdo han llegado a retorcer de tal manera la realidad, que de ser una víctima, Repsol y su presidente, Antonio Brufau, se han convertido en los malos de la película. En la compañía recuerdan que, por malo que sea el acuerdo económico, si de verdad se desembolsan los 5.000 millones de dólares, “jamás se hubiese logrado si los gestores de la petrolera no se hubiesen mantenido firmes en su batalla judicial”.
Además, se trataría de la primera vez que Argentina indemniza sin laudo de por medio (e incluso con él)y no deja de ser toda una proeza pagar dicha cantidad, cuando las reservas del Banco Central del país apenas supera los 10.000 millones de dólares. Lo cual hace pensar que finalmente no pagarán, aunque se haga creer lo contrario.
El misterio de Pemex
Pero la solución del conflicto entre Repsol y Argentina encierra un gran misterio sin resolver:el papel desempeñado por México, a través de Pemex, uno de los principales accionistas de Repsol, en el proceso. Los mexicanos han reiterado que el motivo de su intervención responde a su interés en invertir en Vaca Muerta, algo que le impedía Repsol con sus litigios. Pero nadie en el sector petrolero cree una versión que será ahora fácil de comprobar. Pemex tiene posibilidades de invertir en su país; arrastra fuertes pérdidas (más de 7.000 millones de dólares hasta septiembre) y no resulta creíble que este coloso estatal se alíe con su homólogo argentino.
La intervención del Gobierno de México ha sido firme y rotunda, hasta el punto de contar con la participación expresa de su presidente, Enrique Peña Nieto. Lo cual demostraría que Pemex aspira a algo relevante, como tomar el control de Repsol. Esto se convertiría de nuevo en una cuestión de Estado y en una tarea difícil para los mexicanos, escaldados con el resultado del asalto que diseñó hace un par de años con Sacyr y que acabó como el rosario de la aurora. Otal vez el objetivo de Pemex sea “solo” promover un cambio en la gestión de Repsol, para lo cual necesitaría del apoyo de otros accionistas.
Pero tampoco estas razones explicarían la vehemencia con la que México ha apoyado a Argentina, ofreciendo al Gobierno español la construcción de buques para varios astilleros, en un contencioso que podría cerrarse en falso. Otra cuestión es que sean los argentinos los que paguen la factura a México, quizás en especies. Pero un precio quieren cobrar.
Fuente: Cincodias.com (28/11/13)
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