Durante la crisis de deuda de la eurozona se hicieron habituales las palabras ‘quiebra’, ‘default’, ‘rescate’. Ahora es un país del otro lado del Atlántico el que se enfrenta a la ‘bancarrota’ o ‘suspensión de pagos’. De hecho, Argentina ya ha entrado técnicamente en quiebra tras expirar el plazo (esta medianoche del miércoles) para lograr un acuerdo con los ‘holdouts’, conocidos como ‘fondos buitre’, que respaldados por la sentencia del juez estadounidense Thomas Griesa reclaman el pago de 1.300 millones de dólares al país sudamericano. Un pago que, en este caso, Argentina realizó el 26 de junio pero que está retenido por orden judicial, lo que ha dado lugar a una situación peculiar, al no deberse este ‘default’ a la falta de liquidez del país.
¿Por qué un Estado entra en suspensión de pagos?
La suspensión de pagos se produce cuando un país no puede hacer frente a los pagos de sus deudas, ya sean públicas o privadas. Los Estados tienen acreedores, esto es, personas físicas o jurídicas que han invertido en él y a los que hay que devolver el dinero con intereses. Si llegado el momento, el país no dispone de dinero suficiente para afrontar los compromisos de pago, entonces suspende pagos y se considera que entra e ‘defalult’.
¿Es posible evitarlo?
Normalmente, antes de llegar a esa situación, el Estado trata de negociar con los acreedores. A veces se consigue refinanciar la deuda o se acuerdan quitas de deuda. En el caso de Argentina, el ministro de Economía, Axel Kicillof, advertía de que Argentina no podía acceder al reclamo de los ‘fondos buitre’ y les ha ofrecido “las mismas condiciones que dispusieron el resto de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010”, algo que los representantes de los ‘holdouts’ han rechazado.
¿Puede haber tribunales de por medio?
Los fondos que no aceptaron los canjes acudieron a los tribunales de Nueva York para reclamar a Argentina el pago de la deuda íntegra, que con intereses alcanza los 1.500 millones de dólares. Los tribunales fallaron que Argentina no podía hacer los pagos legalmente a los bonistas estructurados si de forma simultánea no pagaba a los fondos especulativos. La cláusula ‘pari passu’ obliga a un pago simultáneo a todos los bonistas, con o sin quitas, o, en su defecto, la prioridad de pago a los acreedores litigantes (1%).
Como explica José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, «Argentina en este momento no tiene un problema de solvencia en el sentido más estricto de la palabra.Tiene dinero para pagar los intereses de la deuda reestructurada 10 años atrás. Y de hecho, lo tendría también probablemente para pagar la deuda por más de 1.300 millones de dólares más intereses de la deuda que se quedó fuera del ajuste. Pero, si hace esto abriría la puerta al pago del nominal de la deuda reestructurada por más de 130 millones. Y aquí sí hablaríamos de un problema de solvencia».
¿Qué es la quiebra selectiva?
Standard & Poor’s ha declarado la deuda de Argentina en ‘suspensión de pagos selectiva’, tras la falta de acuerdo con los ‘fondos buitre’ que no han aceptado quitas. Este cese de pagos solo afecta a los 539 millones de dólares que no han llegado a hacerse efectivos por estar retenidos en el Bank of New York Mellon (BoNY) por recomendación del magistrado que instruye el caso entre Argentina y los fondos especulativos, el juez Thomas Griesa.
Este ‘default selectivo’ no afecta a otros acreedores, pero puede suponer el paso previo a la suspensión de pagos. Por el momento, se continúa con los trámites legales para intentar buscar una solución a pesar de haber finalizado el periodo de 30 días del que disponía Argentina para no entrar en default.
¿Cuáles son las consecuencias?
Si un país no cumple con sus pagos, la consecuencia inmediata es que se pierde la confianza de los inversores y nadie se fía del Estado, de manera que nadie le presta su dinero. Se ven afectados directamente los ciudadanos, los tenedores de bonos y los inversores extranjeros.
Esta es la segunda vez que Argentina entra en una suspensión de pagos, después del masivo ‘default’ de 2001 que dio lugar al ‘corralito’, que es de donde proviene la deuda adquirida por el país austral y, por lo tanto, la situación actual a la que se enfrenta el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
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