Dentro de las competencias de policías municipales y nacionales o guardias civiles se encuentra multar a los conductores españoles que cometan una infracción de tráfico. Sus denuncias son probatorias, es decir, no necesitan aportar pruebas siempre y cuando se encuentren en ejercicio de sus funciones. Según el artículo 88 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “solo las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones tendrán valor probatorio”. En otras palabras, la autoridad (y tan solo la autoridad) manda.
En algunas ciudades estadounidenses, la situación está empezando a cambiar, y cada vez son más las que están empezando a recurrir al resto de la población para que colaboren poniendo multas. La última ha sido la capital, Washigton D.C., donde el concejal Charles Allen ha lanzado una propuesta llamada Refuerzo de Seguridad Ciudadana por la cual 80 vecinos (10 por distrito) se capaciten para extender multas, especialmente a aquellos que hayan cometido infracciones de estacionamiento.Si se pilla a alguno de los agentes ciudadanos subiendo pruebas falsas o prestando la app a otra persona, será duramente castigado.
El objetivo de estos “policías ciudadanos”, en teoría, es reducir el número de accidentes en la capital, que han aumentado progresivamente durante los últimos tres años. La propuesta se ampara en que un gran número de las infracciones de tráfico (aparcamiento en doble fila o en la acera, sobre todo) se llevan a cabo en tan poco tiempo que es muy raro que un agente de tráfico pueda localizar e identificar al infractor. A través de este sistema, se pretende disponer de más ojos para observar y manos para multar a lo largo y ancho de toda la ciudad, al mismo tiempo que permite a los agentes dedicarse a otras actividades que requieren un mayor riesgo o cualificación, relacionadas con la seguridad ciudadana.
El sistema funciona a través de una aplicación móvil llamada How’s My Driving que ya puede utilizarse para denunciar los malos comportamientos. Los nuevos “agentes” deben fotografiar o documentar de otras maneras la infracción y subir la información a la app, que gestiona las multas. El multado recibirá una notificación y podrá apelar de manera semejante cuando es pillado por un radar. En caso de que uno de los ciudadanos elegidos para el programa envíe información falsa o deje que la aplicación sea utilizada por otra persona, será duramente castigado. Además, un sistema de revisión de las multas tendrá como objetivo garantizar la confianza del resto de vecinos de Washington en el sistema. Para Allen, la meta debe de ser ante todo disuasoria: “Sabes que cualquiera puede verte y ponerte una multa”.
Para el diseñador de la app, Mark Sussman, se trata de una herramienta perfecta para cambiar la mentalidad de los conductores, que se sienten invulnerables cuando cometen una infracción: “Alrededor de un 30% de los envíos son de taxis, Ubers y Lyfts que paran durante 10 segundos en un carril bici o una parada de autobús, lo que hace imposible que dé tiempo a dejar una multa”, explica a ‘City Lab‘. Aunque puede parecer una infracción menor, el concejal recordaba que la mitad de las víctimas de la ciudad son peatones o ciclistas que, a menudo, se ven obligados a bajar a la calzada o a invadir otro carril a causa de un mal estacionamiento.
Una propuesta que se extiende
Washington no es la única ciudad que está valorando una medida de este tipo con el objetivo de alcanzar las cero muertes por atropello. Los vecinos neoyorquinos pueden presentar una queja ante el mal estacionamiento de autobuses o camiones y percibir una cuarta parte del dinero recibido; en Malibú (California), 18 voluntarios extienden 9.000 multas cada año; en Eugene (Oregon) existe desde 2003 un programa ciudadano. En otras localidades, sin embargo, programas semejantes han dado marcha atrás, como en Memphis, donde un juez revocó la capacidad de la Brigada Blue Suede, relacionada con el turismo local, para extender multas de tráfico.
Estas propuestas señalan hacia un futuro no tan lejano en el que el ciudadano tenga una mayor capacidad de acusar y, sobre todo, de castigar, a los que le rodean, gracias a las nuevas tecnologías, que agilizan el proceso y, al menos en principio, favorecen la aportación de pruebas. En España, cualquier ciudadano puede denunciar a otro conductor formulando verbalmente una queja ante un agente de tráfico cercano o presentando un escrito a la Jefatura de Tráfico o al ayuntamiento en cuyo término ha tenido lugar la infracción, aportando el mayor número de pruebas posibles (en especial, fotográficas). La diferencia se encuentra en que el ciudadano carece de la potestad de multar.
Algunos de sus críticos, como la columnista de ‘The Washington Post’ Petula Dvorak, lo consideran una de las peores ideas que ha tenido la ciudad en toda su historia. “Las guerras en los distritos pueden ponerse feas”, recordaba. “Es exasperante y peligroso tener coches aparcados en un carril bici, de autobús y pasos de cebra, la clase de violaciones en las que los ciudadanos vengativos se fijarían en el programa propuesto”. La autora reconoce que se sentiría genialponiendo una multa a uno de esos conductores que dejan sus coches apartados en cualquier lugar, y que ese es precisamente el problema.
“Como Batman nos enseñó, los ciudadanos vengadores pueden entrar en lo personal muy rápido”, recordaba. Una de las grandes preguntas es hasta qué punto una herramienta de este tipo no servirá para que las viejas rencillas entre vecinos terminen convirtiéndose en una guerra de espionaje y represalias a base de multas enviadas por una app. Además, se preguntaba si estas medidas no tenían alguna relación con el descenso en los ingresos por multas.
Una recompensa por el trabajo bien hecho
Esta propuesta tiene otro interesante correlato: la posibilidad de dedicarse a poner multas a los vecinos para ganarse la vida (aunque, al igual que ocurre con las empresas de la economía colaborativa, no esté pensado en principio con ese objetivo). Significativo es el caso del empresario ecologista George Pakenham, cuya historia fue glosada por ‘The New Yorker’. Pakenham es un broker y activista medioambiental que ha conseguido 9.000 dólares (unos 8.075 euros) en multas tras denunciar a 120 coches, la mayoría de ellos, estacionados con el motor en marcha cerca de lugares críticos como colegios.
La mayoría de los usuarios de estos sistemas de delación son ciclistas, los más perjudicados por el estacionamiento en doble fila o en el carril bici. Pero se trata también del principal medio de locomoción de los trabajadores de empresas como Deliveroo, cuya presencia se ha multiplicado en las calles de las grandes ciudades durante los últimos años y que viven expuestos a accidentes mortales, como ocurrió este fin de semana con un empleado de Glovo y que reciben pequeños pagos por cada encargo. Así visto, es posible que contribuir a localizar a los conductores infractores se convierta no solo en una manera de proteger su seguridad, sino también de arañar un pocos dólares al mes para conseguir alcanzar el sueño dorado, en ocasiones inalcanzable, de un sueldo digno.
Fuente: Elconfidencial.com (1/6/19) Pixbay.com
