Hazte profesor universitario, tendrás un buen trabajo, bien remunerado y de por vida. Dar clase en una universidad pública española fue siempre uno de esos sueños típicos que cualquier madre invoca para sus hijos.
El estatus social del docente y la posibilidad de encaramarse a la intocable función pública hacían de esta profesión un futuro deseable. Sin embargo, muchos de esos atractivos se han desdibujado en los últimos 15 años como consecuencia de la crisis, el escamoteo de plazas de profesor funcionario por los recortes y la proliferación de contratos laborales, temporales y a tiempo parcial.
Una de las figuras que más ha sufrido esa precarización es la de los profesores asociados, creada en la Ley Orgánica de Universidades (2001) como una vía para que todo tipo de profesionales arrimaran el hombro en la formación de los universitarios, pero que ha acabado convertida en leña para mantener en movimiento la locomotora académica. «Se ha pervertido plenamente el espíritu de la figura y se ha convertido en un profesor barato que saca adelante cada vez más docencia por muy poco dinero», denuncia Manuel Benítez, que lleva 17 años trabajando como profesor asociado en la Universidad de Alicante y preside la Plataforma de Profesores Asociados de dicha institución.
Lo cierto es que la diferencia salarial de este colectivo respecto a figuras funcionariales como las de catedrático y profesor titular son significativas. «Un asociado cobra entre 300 y 750 euros al mes, según las estimaciones que hemos recopilado a nivel nacional», explica Isabel de la Cruz, presidenta de la Plataforma Estatal que han creado estos docentes.
Mientras, un catedrático puede ganar entre 40.000 y 80.000 euros y un titular entre 30.000 y 60.000 euros, dependiendo de un sinfín de complementos, trienios, quinquenios, sexenios… aunque en estos casos a la docencia se añade la actividad investigadora que no tienen los asociados.
«No es verdad que esté creciendo tanto el profesorado asociado porque sea una figura menos costosa, sino porque actualmente es imposible incrementar el permanente«, afirma Ernest Cano, secretario ejecutivo de la sectorial de profesorado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
«Desde el año 2012 [con el Real decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo], o incluso antes, nos hemos encontrado con dificultades por la tasa de reposición de funcionarios mientras seguían creciendo las necesidades docentes», añade el también vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Valencia.
Desfuncionarización
La consecuencia ha sido una desfuncionarización que va más allá de la epidemia de asociados. Así, el profesorado contratado (no sólo los asociados, sino otras figuras alternativas a las de catedrático y profesor titular, como el ayudante, el contratado doctor o el visitante) creció cinco puntos porcentuales entre 2008 y 2014 para pasar del 39,99% al 44,71% del total.
Ya en el curso 2017-2018, 54.614 miembros del personal docente e investigador (PDI) estaban vinculados a la Universidad por esa vía no funcionarial. Ello supondría un 55,63% del total, aunque habría que hacer la equivalencia a tiempo completo de esos contratos para saber si los campus españoles exceden el 49% que la ley de universidades vigente (la Lomlou) establece como máximo para estas figuras.
Dos de los principales expertos nacionales en gerencia y directores del informe estadístico bienal de la CRUE, Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, hicieron esa traducción hace unos años y concluyeron que nueve universidades superaban el máximo de profesores contratados ya en 2008, antes de que se notaran los efectos de los recortes y las restricciones para la contratación (la Pablo de Olavide alcanzaba un 76,75% ese año); y otras nueve se les habían sumado hacia 2014.
Es decir, 18 universidades vivían al margen de la ley: Pompeu Fabra, Girona, Autónoma de Barcelona, Miguel Hernández, Rey Juan Carlos, Pablo de Olavide, Castilla-La Mancha; Rovira i Virgili y las universidades de Barcelona, Islas Baleares, Extremadura, Alcalá y Alicante. Y la situación sólo ha empeorado en estos cinco años.
Temporales
Igualmente, en el curso 2017-2018, casi la mitad del profesorado de las universidades públicas del país estaban contratando de forma temporal. Concretamente, 43.460 de los 98.173 profesores del sistema universitario público no tenían una vinculación permanente con la institución académica para la que trabajaban.
Lo peor no es que sea alta la proporción de contratos temporales, con un 44,27%. Ni siquiera que esté por encima del límite legal del 40% establecido en la Lomlou. Lo peor es que hay universidades como la Rovira i Virgili (66,45%), la Carlos III de Madrid (62,97%), la de las Islas Baleares (60,37%) y la de Lleida (60%) en las que al menos seis de cada 10 profesores son temporales.
Pero, sin duda, la situación más fraudulenta es la de los asociados, una figura con la que se pretende aprovechar en la docencia universitaria los conocimientos y la experiencia de «especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario». Un requisito recogido en el artículo 53 de la Lomlou que cada vez se cumple menos.
«Hay multitud de docentes jóvenes y no tan jóvenes a los que se les dijo en su día que metieran la cabeza en la Universidad como asociados y que ya irían evolucionando, pero que años después siguen en la misma situación», describe Benítez, que denuncia cómo «muchos se dan de alta como falsos autónomos para que parezca que tienen otro trabajo y poder acceder a la nómina de 600 euros como asociados».
En cambio, sí se cumplen a rajatabla los requisitos del artículo 53 de que esos contratos sean «de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial» y su duración sea «trimestral, semestral o anual» renovable «por períodos de igual duración». Es decir, condiciones de precariedad absoluta si no son más que el complemento a otra ocupación preferente.
«Hay una parte de los asociados que tienen otro trabajo en el sector público e incluso son profesores de secundaria o de magisterio. Se puede mejorar su reconocimiento económico, pero no hay por qué asumir que estos profesores están en una situación precaria», sugiere Ernest Cano. «Otra parte viene del sector privado y en muchos casos lo que precarizó la crisis no fue su situación en la universidad, sino la de su otra ocupación», añade.
Un planteamiento que no sienta nada bien entre las plataformas de profesores asociados. «Ese argumento es ridículo, casi insultante», estalla indignada Isabel de la Cruz. «La mayoría de los asociados están en una situación precaria e incluso dados de alta como falsos autónomos, pero aunque no fuera así, eso no justificaría que cobren una miseria por su trabajo».
Según cálculos de la plataforma estatal que preside, si se cuentan todas las horas que dedican a preparar clases y corregir prácticas y exámenes, cada hora trabajada les saldría a 4,83 euros. «Si tienes que dejar a los niños con un canguro para trabajar, te cobra más», lamenta.
Soluciones
¿Y cuál podría ser la solución a este problema a medio o largo plazo? Para la CRUE, en palabras de Ernest Cano, este fraude generalizado se solucionaría con «una mejor financiación de las universidades y la aprobación de un marco jurídico más adecuado para la gestión de personal que permita hacer una planificación estructural de las plantillas». Esa última es una tarea que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades estaba acometiendo como parte de la elaboración de un inacabado estatuto del PDI.
Por su parte, la plataforma estatal reclama tres medidas, como recuerda De la Cruz: «Anular el artículo 53 para que no se vean obligados a darse de alta como autónomos»; «que se facilite la promoción a otras figuras» y «que se permita suscribir contratos de tres años» para que al menos puedan colaborar en proyectos de investigación plurianuales.
Esta última reclamación tiene que ver con una situación que explica por qué la figura de profesor asociado es un pozo sin fondo del que es muy difícil salir. «Como se supone que no tenemos perfil investigador, no nos dan ayudas para investigar, pero tampoco podemos acceder a grupos con proyectos plurianuales porque nuestros contratos son, como máximo, anuales», explica Manuel Benítez.
«Y es la pescadilla que se muerde la cola, como somos asociados no podemos investigar y si no investigamos no hacemos méritos para ser asociados. Ése es el círculo vicioso (y fraudulento) de la precariedad que ha permitido a las universidades sacar adelante su carga docente los últimos 20 años.
Fuente: Elmundo.es (13/11/19) Pixabay.com
