Un gasto público desaforado ha llevado a Cataluña a llamar a la puerta de la insolvencia, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?
- La que un día fue la región más próspera y exitosa de España en términos económicos, hoy solicita un rescate financiero para poder atender gastos corrientes como las nóminas de los cerca de 200.000 empleados que trabajan en la administración autonómica. La comunidad falla en todos los indicadores económicos, y, como en el caso del resto de España, no se atisba recuperación en el corto plazo.
Cataluña, famosa por sus emprendedores y por un dinamismo industrial desconocido en otras zonas de España, es hoy una intrincada maraña de administraciones, consorcios, fundaciones y empresas públicas. Hay, aparte de la delegación del Gobierno en Cataluña que emplea a unas 30.000 personas (funcionarios, policías y militares), cuatro diputaciones, 41 consejos comarcales y el aparato administrativo de la Generalidad. A esto habría que sumarle el personal de las universidades y el que presta servicio para las entidades metropolitanas.
Caso aparte son las empresas públicas. Los políticos catalanes son unos consumados maestros en esconder gasto dentro de ese capítulo tan difícilmente fiscalizable. Si ya eran muchas antes de que empezase la crisis, cuando esta llegó en 2008 el Gobierno del tripartito, lejos de poner coto a semejante sangría de fondos, la aumentó considerablemente. Entre 2008 y 2011 las sociedades mercantiles de titularidad pública crecieron un 71% dentro del Principado, una operación de maquillaje que permitía ocultar gasto falseando de este modo las cuentas regionales.
Déficit estructural, deuda inasumible
Unas cuentas que, en el caso de Cataluña, son las propias de un país en la bancarrota. La Generalidad gasta mucho más de lo que ingresa. Cataluña fue, en 2011 la sexta comunidad en déficit público y la primera en cuanto a deuda. El primero supera con creces el 3%, la segunda se encamina rauda hacia los 50.000 millones de euros. No es casualidad que las agencias de rating hayan ido rebajando paulatinamente la calificación de la región presidida por Artur Mas hasta ponerla al borde del bono basura.
La deuda de Cataluña es, hoy por hoy, inasumible para el Gobierno regional. Ha crecido de manera exponencial en los últimos años pasando de unos manejables 5.000 millones de euros a mediados de los 90 a los 48.000 millones actuales, es decir, dos veces el agujero de Bankia, estimado en unos 23.500 millones de euros. Llevado a una gráfica se entiende a la perfección qué ha pasado en Cataluña en los últimos tres lustros.
Como puede apreciarse el endeudamiento creció ligeramente durante las dos últimas legislaturas de Jordi Pujol. En 2003 ganó las elecciones Pasqual Maragall y, en sólo tres años, llevó la deuda regional a los 15.000 millones. Una minucia al lado de lo que estaba por venir. José Montilla tomó las riendas de la autonomía en 2006 y a partir de ahí el gasto se descontroló. En 2008 la curva se empina y desde entonces no ha remitido. Cataluña ha entrado en una espiral de deuda. La administración regional gasta mucho más de lo que ingresa y eso le ha terminado conduciendo a la quiebra.
El tripartito incrementó la deuda un 200%
En los años de Montilla Cataluña obtuvo, gracias a su privilegiada relación con Zapatero, una financiación muy favorable, “la mejor de la historia”, llegó a decir el entonces presidente de la Generalidad. Esa financiación tan conveniente no se tradujo en un aminoramiento de la deuda, sino en que ésta se incrementase un 200% durante los años del tripartito. Unos años en los que la deuda de las empresas públicas aumentó en 5.000 millones de euros, el mismo ritmo en el que la sociedad catalana se clientelizaba a una velocidad vertiginosa.
Los ruinosos «bonos patrióticos»
En 2010 la situación era ya de emergencia absoluta. El endeudamiento superaba el 20% sobre el PIB (frente a un 7% de Madrid o el País Vasco). El Gobierno regional decidió entonces lanzarse a la emisión de deuda, pero no en el mercado ordinario al que la Generalidad no tiene acceso, sino en la calle. Fueron los famosos “bonos patrióticos”. Un papel a corto plazo (uno y dos años) muy bien remunerado que se colocó a través de entidades de crédito y que daba entre un 4,5% y 5% de interés al tenedor y dejaba un 3% de comisión en las entidades colaboradoras. Una bicoca que se vendió como pan caliente, pero que suponía que el Gobierno autonómico se estaba endeudando al 7%.
El Gobierno autonómico se ha endeudado a un 7%
Las emisiones de bonos no se han detenido. En otoño de 2011 se emitieron bonos al 5,25% con un 2% adicional a modo de comisión para el colocador. Esta primavera Mas ha vuelto a emitir bonos al 5% a pesar de que ya todo el mundo descontaba el rescate inminente de la región. La última emisión ni siquiera se pudo colocar en su totalidad y los 2.300 millones captados se destinaron íntegramente a pagar con intereses una emisión de bonos del año anterior.
Tampoco han sido capaces de contener el déficit. Artur Mas, que puso en marcha en 2011 un ambicioso programa de recortes presupuestarios, fracasó al tratar de contener el déficit. Aunque la Generalidad gastó en 2011, 2.402 millones menos que en 2010, el déficit fue un 24% superior a lo previsto.
Entre el gasto desbocado, el déficit anclado por encima del 3% y las emisiones de deuda a particulares las cuentas de la Generalidad se han puesto al rojo vivo. En 2011 el segundo capítulo de gasto de la administración autonómica ha sido el de amortización de deuda, es decir, el Gobierno regional destina más dinero a la deuda que a la educación.
Tantos errores seguidos se terminan pagando. Cataluña tiene que devolver de aquí a fin de año casi 6.000 millones de euros, la mitad de ellos correspondientes a los bonos patrióticos que para lo único que sirvieron fue para prolongar la agonía dos años más. Ahora a sus gobernantes sólo les queda acogerse al fondo de liquidez autonómica para salir del paso. Luego tendrán que hacer algo que no han hecho en los últimos ocho años: cuadrar las cuentas.
- Fuente: Negocios.com (25/7/12)
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