Un nuevo caso de lentitud de la Justicia o “Justicia tardía” ha sacudido a la ciudadanía española, en este caso, ha sido el Juzgado de lo Social número 2 de Málaga el que ha pospuesto un juicio a mayo de 2028 por “necesidades del servicio”.
El caso en cuestión se trata de un procedimiento de reclamación de salarios por diferencias de convenio, categoría profesional y horas extraordinarias. El trabajador, tras ser despido, reclamó a la empresa las diferencias adeudadas y otras cantidades (complementos impagados y horas extras) por el periodo de julio de 2019 a julio de 2020.
El procedimiento se interpuso a la par del despido, pero como estaba pendiente de declarar el despido para ver si le reconocía o no la categoría, se interpuso la demanda en julio de 2021, y no estaba previsto que se celebrara el señalamiento hasta el día 28 de noviembre de 2024.
Sin embargo, el procedimiento que estaba señalado ya para este año, más de tres años después de que se interpusiera la demanda, se deberá alargar aún más por cuestiones internas del juzgado, en concreto hasta el día 4 de mayo de 2028. Es decir, un procedimiento del año 2021 se va a resolver en 2028, con suerte, si no hay ninguna causa de suspensión más.
“El principal problema, a parte de la dilación indebida del procedimiento, es que, probablemente, cuando se resuelva el juicio en caso de resultar favorable, la demandante no vea resarcido sus derechos si la empresa entra en concurso de acreedores, ya que FOGASA no paga conceptos extrasalariales ni horas extraordinarias” ha señalado la letrada del demandante, Sara Flores Carnacea, del despacho Rojano Vera Abogados y Asesores.
Flores declara a Economist & Jurist que cuando recibió la notificación de la suspensión del señalamiento y la nueva fecha para celebrarse el mismo “creía que era una broma, pero no es la primera vez. ¿Cómo le explicas a tu cliente que la reclamación de cantidad interpuesta en el año 2021 se va a resolver con suerte en 2028?”
“La burocracia judicial parece moverse a un ritmo glacial”
El sistema judicial español debe caracterizarse por resolver conflictos de manera rápida, garantizando así los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, estas cualidades que deberían primar en todo momento en nuestros juzgados y tribunales están ausentes desde hace años, en consecuencia, estos retrasos vulneran los derechos de los ciudadanos, como pude ser el de la tutela judicial efectiva, tal y como falló el propio Tribunal Constitucional.
La letrada Sara Flores afirma que el aplazamiento del señalamiento de su cliente es sólo el último episodio de una serie de retrasos que erosionan la confianza de nuestro sistema judicial: “El hecho de que este proceso, iniciado en julio de 2021, pueda extenderse hasta el año 2028 antes de que se resuelva plantea serias preguntas sobre la eficacia y la equidad de nuestra Administración de Justicia.”
Las consecuencias de esta lentitud en los órganos judiciales no solo son perjudiciales, sino que también se pueden palpar, pues en casos como el del cliente de Flores, un juicio de salarios, hasta que la Justicia resuelva la demanda, en principio en 2028, el ciudadano tendrá que enfrentarse a dificultades financieras y emocionales.
Y, por otro lado, esta lentitud de la Justicia no solo afecta negativamente a las partes involucradas, también a la propia imagen del sistema judicial, que cada vez se ve más deteriorada.
“En un mundo donde la rapidez es la norma, la burocracia judicial parece moverse a un ritmo glacial. Las excusas de ‘necesidad del servicio’ no son más que un eco vacío para aquellos que dependen del sistema para obtener justicia. ¿Cómo puede un individuo esperar que se protejan sus derechos si la resolución de su caso se ve postergada durante años?”, se pregunta Flores.
“La Justicia tardía es, como se dice, justicia denegada”
Aunque en esta ocasión ha sido el Juzgado de lo Social número 2 de Málaga el que ha pospuesto el señalamiento, Flores ha querido aclarar que estos problemas no son exclusivos de un solo tribunal o jurisdicción, sino que la lentitud de la Administración “es un problema sistémico que requiere de atención urgente”.
A juicio de la letrada, para acabar con esta problemática y decante situación de nuestro sistema judicial es necesario invertir en recursos adecuados, tecnología eficiente y procesos simplificados para asegurar que los casos se resuelven de forma oportuna y justa.
“La reforma judicial no debe ser solo una promesa política vacía; debe ser una prioridad tangible. Los ciudadanos merecen un sistema judicial que funcione sin trabas, que sea accesible y que pueda garantizar un acceso rápido y equitativo a la Justicia”.
En el caso de su cliente, por ponerlo como ejemplo como uno de los cientos de ciudadanos que se han visto sin quererlo en la misma situación, la abogada afirma que la demora prolongada en resolver el caso no es solo una simple “molestia”, sino que “representa una violación de los derechos fundamentales y socava la credibilidad de nuestra democracia. La Justicia tardía es, como se dice, justicia denegada”.
Por último, en defensa de todos los ciudadanos y afectados que se encuentran en la misma situación que su cliente, desatendidos por el sistema judicial, Flores insta a que exijamos responsabilidad y transparencia: “El cambio es necesario para restaurar la fe en nuestra institución legal y para asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder de manera oportuna a la protección de sus derechos”.
Fuente: economistjurist.com (16/5/24) pixabay.com
