El 36% de las viviendas que están vendiendo las entidades financieras en Cataluña a sociedades inmobiliarias o fondos de inversión están ocupadas por un inquilino, según fuentes del Gobierno de la Generalitat. Estos pisos que los bancos aún tienen en su balanceproceden de ejecuciones hipotecarias, por lo que en muchos casos sus residentes se hallan en ellas tras acordar una dación en pago con la entidad. El Ejecutivo catalán teme que, tras el cambio de propietario, las familias que viven en esas casas puedan verse forzadas a abandonar sus domicilios. Por ello, está estudiando adquirir un paquete de esas viviendas junto a los ayuntamientos de las localidades en las que residen esas 774 familias.
La cascada de desahucios en España y las restricciones al crédito hipotecario ha disparado las necesidades de vivienda. Pero los planes de austeridad han dejado a las comunidades, que poseen esas competencias, sin capacidad para hacer frente a ese problema. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, dirigido por Santi Vila, constató que las entidades financieras están vendiendo viviendas a precios de derribo, que incluso llegan a los 6.000 euros, según indican estas fuentes.
Comprador público
La Generalitat vio en esas operaciones una oportunidad para ampliar el parque de pisos sociales ejerciendo el derecho de compra preferente sobre cualquier transacción que realicen bancos, fondos de inversión o la Sareb por el precio al que estos iban a vender la casa, siempre inferior al de mercado y en las 72 localidades catalanas donde se ha comprobado que hay más demanda.
El primer paso que dio la Secretaría de Vivienda, cuyo titular es Carles Sala, fue pedir a los bancos la lista de todas las viviendas que están en proceso de venta. A partir de ahora, estos deberán informar de todas las operaciones que vayan a efectuar. En apenas un mes y medio, las entidades han informado de 2.150 viviendas en proceso de venta. Ese listado es la base con la que se realizarán las primeras compras.
El 72% de los compradores de viviendas son empresas, mientras que el resto son particulares, a los que se les aplican precios más elevados. Entre las sociedades hay fondos inversión, como Blackstone, que se quedó con un paquete de 44.000 créditos hipotecarios procedentes de CatalunyaCaixa. De estos, alrededor de un millar ya se habían ejecutado cuando la cartera pasó a sus manos, por lo que ha pasado a gestionar también inmuebles.
Sin embargo, la mayoría de los compradores son sociedades inmobiliarias, la mayoría desconocidas, que han adquirido paquetes de viviendas por precios de derribo. En la lista figuran compañías, por ejemplo, que han adquirido entre 10 y 20 pisos en barrios humildes del área metropolitana de Barcelona por 14.500 euros cada uno. Están ubicados en varias localidades y sus dimensiones van de los 40 a los 70 metros cuadrados. Aun así, el precio de venta de cada casa es idéntico.
Hogares vulnerables
El Ejecutivo catalán ha constatado que el negocio de muchas de estas sociedades no es la gestión de viviendas en alquiler, por lo que detrás de esas compras podría hallarse una inversión especulativa, consistente en rehabilitar las viviendas o retenerlas para revenderlas más caras cuando el mercado remonte.
Lo que preocupa a la Generalitat es que de las 2.150 viviendas hay 774 con familias alquiladas. La Agencia de la Vivienda de Cataluña (AVC) teme que estas sufran una doble ejecución: que tras haber perdido su casa y haberse quedado en ella en alquiler, puedan ser desahuciadas. La Generalitat desconoce si estos hogares están al corriente de pago, pero al haber sufrido un proceso de ejecución considera que se hallan en situación de vulnerabilidad.
La AVC ha remitido ya cartas a varios alcaldes para informarles sobre las operaciones que se están produciendo en sus ciudades. La entidad dependiente de la Generalitat ha reservado ocho millones de euros para adquirir viviendas, tanto vacías como ocupadas, y espera que los consistorios hagan lo mismo. El objetivo es ampliar el parque público de vivienda protegida en un 10% en dos años adquiriendo pisos con un importe medio de 20.000 a 30.000 euros. Algo que no podría hacer con el sistema que se empleaba para alentar la promoción de vivienda social de alquiler, que requería de unas subvenciones de 80.000 euros por piso.
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