Pedir la nacionalidad española, un trámite que ahora es gratuito, costará 75 euros. El Ministerio de Justicia va a crear una nueva tasa que pagarán todos los extranjeros que soliciten la nacionalidad española (lo hacen unos 140.000 cada año). La tasa será sólo por presentar la solicitud, al margen de que después se conceda o no; a esa cantidad el extranjero tendrá que sumar, además, la matrícula en el Instituto Cervantes (distinta en cada país), que será quien realice las pruebas de idioma e integración. Justicia alega que así funciona en la mayoría de países europeos, con tasas mucho más altas, y asegura que el dinero recaudado —unos 52 millones de euros en cinco años— se invertirá en modernizar el sistema tecnológico para agilizar los plazos de concesión de nacionalidades.
La nueva tasa fue anunciada ayer —refiriéndose solo a las solicitudes de judíos sefardíes— por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley que facilita la concesión directa de la nacionalidad a los descendientes de judíos expulsados de España en el siglo XV. El anteproyecto de esa ley había sido ya aprobado el pasado febrero, pero ha sido modificado en algunos aspectos antes de que el Gobierno le diera hoy el definitivo visto bueno y lo remitiera a las Cortes. Entre esos cambios está la obligación que tendrán los sefardíes de pagar una tasa de 75 euros para solicitar la nacionalidad española.
La ley sobre los sefardíes, sin embargo, incluye ahora una disposición final segunda que modifica el Código Civil y que extiende el cobro de esa nueva tasa a todos los extranjeros solicitantes de nacionalidad, tanto si la piden por carta de naturaleza (es decir, acreditando un vínculo especial con España) como si lo hacen por razón de residencia. “Renovar el pasaporte cada diez años cuesta 25 euros. Creemos que es razonable que la solicitud de nacionalidad, que es para toda la vida, que no es un servicio esencial y que supone unos gastos considerables para la Administración, tenga también un coste”, argumenta el subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo. La tasa se cobrará sólo por pedir la nacionalidad, aunque luego Justicia la deniegue.
Cerca de 140.000 personas intentan cada año obtener el certificado
El proyecto de ley inicia ahora la tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado. Saldrá de las Cortes previsiblemente a finales de año, y seis meses después entrará en vigor. La tasa, por tanto, empezará a cobrarse a quienes soliciten la nacionalidad a partir de mediados de 2015, aproximadamente.
Cada año entran en el registro del ministerio unas 140.000 solicitudes de nacionalidad; el 85% se concede, pero con unos tiempos de tramitación de dos, tres o hasta cuatro años, según Bravo. La gestión de todos esos expedientes estaba asignada a un departamento de apenas 40 personas hasta que, en 2012, Justicia encargó a los mil registradores de la propiedad que hay en España que se hicieran cargo temporalmente —y aún gratis— del trabajo. El objetivo era desatascar cientos de miles de solicitudes que se amontonaban sin resolver. Ya entonces el ministerio prometió desarrollar una “infraestructura tecnológica” para ese “plan intensivo”, que termina este año.
Ahora Justicia asegura que invertirá 30 millones en cinco años —de los 52 millones que recaudará con la tasa— a otro plan de inversión tecnológica para acortar los plazos de tramitación de las solicitudes; el resto del dinero, afirma Bravo, es para financiar el coste de la emisión de los certificados. El retraso en la concesión de la nacionalidad española impide a los extranjeros afectados obtener becas de estudios, reunir a sus familias en España o viajar y trabajar en otros países de Europa.
Hay países europeos, como Italia, en los que no se cobra nada por pedir la nacionalidad (el proceso burocrático, sin embargo, es tan complicado que acaba casi siempre en una demanda administrativa que cuesta 800 euros presentar). Otros muchos sí cobran tasa, y con cantidades bastante más altas: en Reino Unido es de 1.115 euros; en Alemania, de 255 euros (aunque hay deducciones para personas con rentas bajas). En Francia es de 55 euros, y en Bélgica, de 150 euros.
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