Como una serpiente de verano, la noticia de que el Gobierno estudia poner peajes ‘simbólicos’ en las autopistas gratuitas, publicada ayer por ‘El País’ y refrendada poco después por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha vuelto a sacar a primer plano el debate de cómo financiamos las carreteras.
Un espinoso asunto que tanto Ábalos como su predecesor en el cargo, el popular Íñigo de la Serna, han defendido resolver con un pacto de Estado, ya que ambos se han mostrado en público a favor de eliminar los peajes, al tiempo que, en privado, han reconocido que se necesita encontrar una fórmula que garantice el mantenimiento de toda nuestra red de carreteras.La otra cara del fin de los peajes: mantener todas las carreteras exige 4.500M anualesR. UGALDESe acabaron las prórrogas. El ministro de Fomento que salga de los próximos comicios generales tendrá que afrontar, definitivamente, el vencimiento de 1.000 kilómetros de autovías
Y aquí es donde empieza toda la letra pequeña que los eslóganes políticos intentan ocultar, pero las realidades económicas terminan por demostrar. Al final, el problema es que, anualmente, se destinan más de 2.000 millones de los contribuyentes a atender el mantenimiento de la red, según un estudio elaborado por la consultora AT Kearney para Seopan, la patronal de las constructoras.
Un número que va a ir en aumento, ya que en los próximos dos años vencen 1.000 kilómetros de peaje (en AP-7, AP-4 y AP-2) y, actualmente, no hay capacidad presupuestaria para absorberlos, ya que Europa nos lleva concedidas cuatro prórrogas para cumplir con el déficit, y vamos a tener que pedir una quinta, porque todos los expertos hablan de que terminaremos el año en el 2,3%, frente al objetivo del 1,3%
Con estas cartas sobre la mesa, las preguntas que deberán consensuar todos nuestros representantes políticos si, realmente, quieren llegar a un gran pacto de Estado, son las siguientes.
1-. ¿Cómo y cuánto se cobra? Lo primero que debe aclararse es quién va a pagar las carreteras, qué modelo se implanta: peaje en sombra (el Estado paga una cantidad a un privado por cada vehículo que circula), pago por uso (el clásico peaje), solo pesados (pagan los camiones pero no los turismos), con cargo a Presupuestos…
2-. ¿Quién cobra? Introducir unos sistemas de pago no significa que sea una empresa privada la que levanta la barrera, sino que también puede ser un ente público, como ocurre actualmente con Seittsa, sociedad dependiente de Fomento que está gestionando todas las autopistas quebradas. De hecho, como recuerda Seopan, anualmente, las cuentas públicas ingresan 4.300 millones de tasas cobradas a usuarios para mantener y operar las infraestructuras marítimas, aéreas y ferroviarias.
Los peajes no exigen volver a sacar a concesión las carreteras, también puede ser el Estado quien gestione esta vía y cobre a los usuarios por usarlas
3-. ¿Por qué red cobramos? Tanto Fomento como las grandes compañías de infraestructuras, cuando ponen este debate sobre la mesa, suelen ceñirse a las vías de alta capacidad nacional, pero, como recuerdan desde ACEX, la asociación de empresas de conservación y explotación de carreteras, si solo se tarifican estas vías, el tráfico se desviará hacia las de la red regional, cuando las comunidades y diputaciones tienen todavía menos recursos económicos para mantenerlas.
4. ¿Qué pasa con las ciudades dormitorio? Aunque sea simbólico, poner peaje a todas las autovías conllevará extender a las grandes capitales el problema que lleva años denunciándose en Barcelona: los habitantes de las ciudades dormitorio deberían pagar diariamente por ir a trabajar a la capital, y viceversa, ciudadanos de la capital tendrían que pagar por llegar a su puesto de trabajo en localidades próximas. Para evitarlo, existen fórmulas como la bonificación al 90 o 99% para quienes estén empadronados en esas localidades.
5. ¿Privatizamos las autopistas quebradas? La propuesta de tarificar todas las carreteras a cambio de bajar el peaje de las autopistas actuales choca con otro gran plan que está sobre la mesa, pendiente de que se forme Gobierno: la privatización de las autopistas quebradas (radiales, AP-41 AP-36, Eje Aeropuerto, Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera), ya que tanto Ábalos como De la Serna se han mostrado a favor de concesionarlas para, con el dinero que se consiga, compensar parte de la RPA (responsabilidad patrimonial del Estado). El problema es que este cheque será mayor cuanto más generosas sean las tarifas, justo lo contrario del plan anunciado para toda la red.
6-. ¿Debe ponerse peaje a la M-30? Cuando se habla de vías de alta capacidad, se olvida que arterias críticas para las grandes capitales, como la madrileña M-30, entran funcionalmente en esta consideración, pero, al estar sufragadas por el ayuntamiento y no por el Estado, tienden a sacarse del debate, aunque el fondo de la cuestión es el mismo, hasta el punto de que la capital ha estado sometida durante años a un plan económico-financiero por el elevado coste que tuvo la remodelación de esta vía bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, factura que pagaron solo los empadronados en la capital, cuando esta vía la usan diariamente miles de vehículos de fuera.
Fuente: Elconfidencial.com (14/8/19) Pixabay.com
