Los bancos reabrieron ayer de forma muy limitada en el Líbano después de que una semana antes les entrara el miedo en el cuerpo. La apertura parcial de las sucursales pretendía apaciguar los ánimos de la sociedad civil empobrecida, que apunta contra el sector bancario como no lo había hecho nunca. Pero no sirvió de nada. Las enormes colas de ciudadanos enfadados seguían rodeando los principales bancos del país, que imponen un estricto control de capitales ininterrumpido desde hace tres años. En múltiples sedes se vivieron momentos de tensión. Incluso algunos miembros de la policía irrumpieron por la fuerza en oficinas bancarias reclamando que se les entregara su sueldo. Estos estallidos de violencia hacen temer la repetición de escenas como las que se habían visto unos pocos días antes.
El lunes anterior, la Asociación de Bancos libanesa había echado el cierre reconociendo públicamente que sufría por la integridad de sus trabajadores. En pocas horas, una decena de ciudadanos había asaltado sucursales bancarias en distintos puntos del país con el objetivo de acceder a sus propios ahorros. En la mayoría de casos iban armados con pistolas o con bidones de gasolina, que llegaron a arrojar por el interior de las sucursales. Ninguno de los asaltantes disparó ni hirió a nadie, pero alguno de ellos logró llevarse varias decenas de miles de dólares que les pertenecían. La reacción unánime de la sociedad libanesa, que aplaudió y convirtió en héroes a quienes se atrevían a atacar sucursales, asustó el sector bancario, que militarizó las entradas de las oficinas en todo el país.
El caso de Sally Hafez y su asalto lanzado con éxito fue la gota que colmó el vaso para que miles de personas expresaran su frustración contra el sector bancario. «Mi hermana se muere delante mío, no tenía otra opción», se justificaría después la joven de 28 años. Esta profesional del diseño había explicado a su sucursal de BLOM Bank que necesitaba acceder a su cuenta para poder afrontar el tratamiento médico de su hermana pequeña, enferma de cáncer. Pero el banco se negó a saltarse el límite que se impone desde abril de 2020 a los depositantes, a quienes se impide retirar más de 200 dólares al mes, algo muy insuficiente para sobrevivir en el Líbano de hoy. Dos días después de aquella charla, Hafez se presentó en la sucursal con una pistola —que más tarde se supo que era de juguete— y con un bidón de gasolina, llevándose 13.000 dólares. Aquel asalto precedió una serie de ataques similares en todo Líbano.
«Por supuesto, la gente está enfadada y aún debería de estarlo más», contesta vehemente Alaa Khourchid. Es el líder del grupo de activistas que han apoyado a Sally Hafez y a tantos otros civiles a cometer sus respectivos asaltos para recuperar su dinero, bloqueado en el banco. «La gente no acepta estar atrapada como un rehén durante tanto tiempo», explica Kourchid por teléfono a El Confidencial. «Nos han robado nuestro dinero, pero también nuestras vidas. Algunos de nosotros llevamos toda la vida trabajando y ahora no podemos educar a nuestros hijos, cuidar a nuestra familia ni ir al hospital».
‘Nadie está en la cárcel’
La mala gestión y la corrupción habituales entre los poderes del país hace que muchos teman que sus ahorros de toda una vida se hayan esfumado. Una posibilidad que se sumaría a otros delitos financieros, por ahora sin consecuencias judiciales, que han destrozado la economía del Líbano, haciendo que la vida en el país sea matemáticamente imposible. El valor de la moneda local se ha devaluado un 95%, y el sueldo se ha reducido a 40 dólares mensuales, incluido el de policías y soldados. Mientras, el país sufre una inflación de más del 150% por segundo año consecutivo, hundiendo al 80% de la población por debajo del umbral de la pobreza y haciendo que a miles de personas no les valga la pena ir a trabajar, puesto que se dejan el sueldo en el transporte. «Podríamos entender que el dinero se haya volatilizado si al menos se toman responsabilidades por esos actos. Pero es que nos han robado miles de millones de dólares y no hay ni un solo culpable, nadie está en la cárcel», exclama indignado Kourchid.
La inacción del Gobierno, que después de tres años de retención de capitales no ha movido ni un dedo para establecer un plan de recuperación de depósitos, destruye la confianza hacia las autoridades. En el Líbano existe el consenso de que el actual colapso tiene su origen en la avaricia de las clases dirigentes, que viven ajenas a su papel como protectoras de la ciudadanía. Desde la guerra civil, las élites que controlan las instituciones han aplicado políticas que persiguen la máxima acumulación de capital, incurriendo si hace falta en prácticas ilegales. «Además del cierre de los bancos, que es ilegal, el control de capitales es el ejemplo más obvio de ello», cuenta a este diario el libanés Hussein Cheaito, experto en Economía y en Desarrollo Público. «Estas limitaciones de 200 dólares impuestos sobre las cuentas bancarias de los depositantes son ilegales. La gente tiene todo el derecho a acceder a sus propios ahorros«.
Hasta 2019, la rueda continuó girando. La capacidad del sector bancario de propiciar la llegada de capital extranjero permitió que durante 27 años la moneda libanesa tuviera un cambio fijo con el dólar. Los fondos, lamenta Cheaito, nunca eran invertidos en actividades de economía productiva, sino en burbujas inmobiliarias. «Este hecho impedía la creación de trabajo y convertía el Líbano en un país débil y dependiente de las importaciones», cuenta este miembro de The Policy Initiative, un think tank libanés creado durante la crisis que pretende que las políticas prioricen el interés de la ciudadanía.
Cuando el mundo perdió la confianza en la banca libanesa y la rueda dejó de girar, quienes lanzaron el control de capitales a finales de 2019 se salvaron a ellos primero. Uno de los movimientos que lo demostraría lo reportó un funcionario suizo ese mismo diciembre, cuando notificó a las autoridades libanesas la transferencia de dos mil millones de dólares a una cuenta suiza. No publicó nombres, pero aseguró que el movimiento iba a cargo de «nueve políticos libaneses».
Dónde la corrupción acabó con todo
Los líderes tradicionales, cuyos desacuerdos han dejado al país sin gobierno la mayor parte del tiempo desde las revueltas de 2019, no parecen sentir ninguna urgencia para intervenir en medio de la estrepitosa debacle nacional, que ya provoca la tercera gran emigración de su historia. Cheaito, que cuando menciona el término asume que los poderes políticos, económicos y judiciales forman parte de él, denuncia que la «oligarquía» del Líbano ha tenido oportunidades de dar un paso atrás y ofrecer una línea de flotación a la población.
«El FMI ofreció desbloquear financiación a cambio de que la clase política impulsara algunas reformas», recuerda el economista. Las condiciones del grupo incluían el lanzamiento de una auditoria al sector bancario del país y la investigación de los delitos financieros que habían llevado hasta la crisis actual, con el objetivo de ponerle remedio y de aplicar responsabilidades.
Pero, hasta el momento (y nadie espera lo contrario) quienes están al mando del país han evitado acogerse a las reformas. No las necesitan para seguir a cargo de un estado en el que la corrupción ha acabado con todo, incluyendo la provisión de electricidad, de agua potable, de pensiones, de sanidad pública o de justicia. También ha terminado con los proyectos vitales, porque nadie quiere formar parte de un país donde se vive a oscuras y donde no se puede calentar el agua, utilizar la nevera o cargar el teléfono.
Fuente: elconfidencial.com (27/9/22) pixabay.com
