La reforma del régimen legal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es una de esas viejas asignaturas dejadas una y otra vez en el tintero. El borrador de anteproyecto de ley, aprobado ayer por el Gobierno, constituye el primer paso de una reforma que pretende potenciar la competitividad de estas entidades, prevenir irregularidades en su gestión y maximizar las herramientas de que disponen para luchar contra el absentismo laboral.
La reforma se articula bajo dos grandes principios.
El primero es esclarecer la naturaleza privada de la mutua, que resulta independiente del hecho de ser una entidad sin ánimo de lucro.
El segundo, fijar sin ambigüedades los términos de su colaboración con la Seguridad Social, así como incentivar la competencia. En el capítulo de las correcciones, la norma pretende atajar la posibilidad de irregularidades de gestión, reflejadas en varias sentencias judiciales –del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional– y otras tantas resoluciones administrativas –del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Seguridad Social–. El hecho de que las mutuas gestionen alrededor de 8.500 millones de euros en fondos públicos al año, procedentes de las cotizaciones por contingencias comunes del 80% de los asalariados y de las contingencias profesionales del 95% de los trabajadores, hace lógico extremar los mecanismos de prevención. Entre las novedades del texto destaca también la inclusión del acceso a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
Pese a que la lucha contra el absentismo es uno de los objetivos estrella, en la hoja de ruta del Gobierno se aprecian ausencias notables. Una de ellas es una histórica –y razonable– reivindicación de las mutuas: que sus médicos puedan dar el alta a los trabajadores en lugar de proponerla al médico de la Seguridad Social y que sea este el que se pronuncie. El sector calcula que de implementarse la medida se produciría un ahorro de más de 5.300 millones al año para las empresas –por el acortamiento de los periodos de bajas– y de otros 2.300 millones de euros para la propia Seguridad Social.
Pese a que el Gobierno prepara una segunda norma en la que introducirán mejoras en este terreno, todo apunta a que ampliar las competencias de los médicos de las mutuas no será una de ellas. Dado que en España cada trabajador pierde de media al año 11,4 días de trabajo –según los datos facilitados por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez– es importante que este extremo pueda reconsiderarse e incluirse finalmente en la reforma que hay sobre la mesa.
Fuente: Cincodias.com (6/12/13)
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