La clave de este ‘acelerón’ ha sido la incorporación de una nueva tecnología basada en la automatización de procesos robóticos a la hora de revisar expedientes, que ha permitido que los solicitantes que antes esperaban años para recibir la resolución ahora la tengan en pocos meses.
No había una cifra tan alta de concesiones desde 2013 (261.295) y, desde entonces, ha habido otros picos como en 2019 o 2021, resultado de algunos planes de choque temporales llevados a cabo por Justicia para impulsar las concesiones, básicamente a través de refuerzo del personal.
“El secreto está en la robotización”, señala en una entrevista con EFE la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Ester Pérez. “Varios robots” comprueban ahora los documentos que acreditan que el solicitante cumple los requisitos exigidos, como el plazo de residencia en España (que varía en función del caso), haber superado unas pruebas de idioma e integración y no contar con antecedentes penales ni informes policiales negativos.
Esta tecnología ha permitido incrementar el ritmo de resoluciones, ya que, como apunta Pérez, “un robot no se cansa”. Además, es más preciso y riguroso, por lo que evita errores humanos que antes podían cometerse, por ejemplo, al escribir el nombre de una persona para comprobar sus datos, y previene el fraude.
Según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el grupo más numeroso de los que consiguieron la nacionalidad en 2023 es el de mujeres de entre 35 y 49 años, y los países de origen más frecuentes Marruecos (45.799), Venezuela (36.409) y Colombia (20.380).
La gran mayoría de los nuevos nacionalizados por residencia (130.128) son personas de origen de países iberoamericanos, así como de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o sefardíes, para los que el plazo de residencia exigido son dos años.
“Estabilidad” y “tranquilidad”
La venezolana Lladitza Alvarado, a sus 65 años y después de esperar casi dos años desde que solicitó la nacionalidad, ya había perdido la esperanza. “Yo pensaba que no me la darían, por la edad y porque, trabajando como cuidadora que ganaba apenas 800 euros, yo pensaba ‘es muy poco lo que yo le doy al Estado, no es beneficioso para él, pensarán que soy una carga’”, relata. Hasta que un buen día de 2023 recibió el ‘sí’: “Me siento con más estabilidad y muy feliz de pertenecer a España”, explica. Además, como española de pleno derecho, el pasado mes de diciembre pudo por fin viajar a Miami para visitar a su nieta, a la que hacía casi 10 años que no veía.
“Estabilidad” y “tranquilidad” también son las palabras que más repite su compatriota Gerson Alexandrick Mejías, que llegó a España en 2017, consiguió asilo por razones humanitarias y recibió hace un mes la resolución que confirmaba que su nacionalidad había sido concedida después de tan solo cinco meses. “Me siento con un poco más de tranquilidad, que era lo que buscaba”, relata en una entrevista con EFE este joven de 32 años que celebra que no tendrá que renovar sus papeles cada año.
En despachos de abogados especializados en Extranjería como Parainmigrantes han notado un cambio drástico en los plazos a la hora de llevar a cabo este trámite, según señala su abogado Vicente Marín.
Casos de esperas de casi 10 años
“Antiguamente se manejaban plazos de 3 o 4 años fácilmente y en algunos casos era más grave… Hoy estamos dentro de los plazos legales, de un año, y muchos expedientes se resuelven en bastante menos”, señala este letrado con más de 25 años de experiencia en el área.
Este cambio ha provocado que en despachos como el suyo se hayan terminado los “miles de recursos” que antes se presentaban cuando los plazos se prolongaban más de lo debido, pero Marín no considera que se pueda hablar del fin del “atasco” que siempre ha habido a la hora de conseguir la resolución.
Según datos de Justicia, a 30 de junio de 2024 había 203.674 expedientes pendientes de resolver: la gran mayoría son de los últimos años pero también los hay que esperan desde hace casi diez (282 desde 2015).
Prueba de integración: ¿A qué hora se cena normalmente en España?
Uno de los requisitos para conseguir la nacionalidad española es superar una prueba de idioma, para aquellos cuya lengua materna no sea el español, y otra de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CSSE), que busca demostrar cierto nivel de integración en el país. Este examen lo gestiona el Instituto Cervantes, que lo creó en 2015 para sustituir al anterior procedimiento, que pasaba por una entrevista personal con un juez en el Registro Civil.
“Dependiendo del humor que tuviera el juez hacía unas preguntas más o menos difíciles y, al no ser siempre la misma entrevista, había muchas desigualdades y muchos recursos”, explica en una entrevista el subdirector de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes, Philippe Robertet.
La actual prueba consta de 25 preguntas tipo test, con tres opciones de respuesta, escogidas de una batería de 300 cuestiones acerca de temas como legislación, geografía, cultura y sociedad, de las que hay que acertar al menos 15.
¿Cómo se aprobó la Constitución?, ¿Cuál es la montaña más alta de la península Ibérica?, ¿En qué provincia está el Parque Nacional de Monfragüe?, ¿Qué músico compuso ‘El amor brujo’?, ¿A qué hora se cena normalmente en España?… son algunas de las preguntas que componen este examen. El pasado mes de mayo se superó la barrera del millón de personas que han realizado esta prueba desde su creación, que aprueba entre el 95 y el 96 % de los examinados.
De esperar varios años a recibir el ‘sí’ en unos meses. Un total de 243.481 personas consiguieron la nacionalidad española por residencia en 2023, un máximo que no se veía desde 2013 y que parece ser el principio del fin del histórico atasco sufrido por ciudadanos extranjeros a la hora de hacer este trámite, para muchos el último de su proceso migratorio.
La clave de este ‘acelerón’ ha sido la incorporación de una nueva tecnología basada en la automatización de procesos robóticos a la hora de revisar expedientes, que ha permitido que los solicitantes que antes esperaban años para recibir la resolución ahora la tengan en pocos meses.
No había una cifra tan alta de concesiones desde 2013 (261.295) y, desde entonces, ha habido otros picos como en 2019 o 2021, resultado de algunos planes de choque temporales llevados a cabo por Justicia para impulsar las concesiones, básicamente a través de refuerzo del personal.
“El secreto está en la robotización”, señala en una entrevista con EFE la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Ester Pérez. “Varios robots” comprueban ahora los documentos que acreditan que el solicitante cumple los requisitos exigidos, como el plazo de residencia en España (que varía en función del caso), haber superado unas pruebas de idioma e integración y no contar con antecedentes penales ni informes policiales negativos.
Esta tecnología ha permitido incrementar el ritmo de resoluciones, ya que, como apunta Pérez, “un robot no se cansa”. Además, es más preciso y riguroso, por lo que evita errores humanos que antes podían cometerse, por ejemplo, al escribir el nombre de una persona para comprobar sus datos, y previene el fraude.
Según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el grupo más numeroso de los que consiguieron la nacionalidad en 2023 es el de mujeres de entre 35 y 49 años, y los países de origen más frecuentes Marruecos (45.799), Venezuela (36.409) y Colombia (20.380).
La gran mayoría de los nuevos nacionalizados por residencia (130.128) son personas de origen de países iberoamericanos, así como de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o sefardíes, para los que el plazo de residencia exigido son dos años.
“Estabilidad” y “tranquilidad”
La venezolana Lladitza Alvarado, a sus 65 años y después de esperar casi dos años desde que solicitó la nacionalidad, ya había perdido la esperanza. “Yo pensaba que no me la darían, por la edad y porque, trabajando como cuidadora que ganaba apenas 800 euros, yo pensaba ‘es muy poco lo que yo le doy al Estado, no es beneficioso para él, pensarán que soy una carga’”, relata. Hasta que un buen día de 2023 recibió el ‘sí’: “Me siento con más estabilidad y muy feliz de pertenecer a España”, explica. Además, como española de pleno derecho, el pasado mes de diciembre pudo por fin viajar a Miami para visitar a su nieta, a la que hacía casi 10 años que no veía.
“Estabilidad” y “tranquilidad” también son las palabras que más repite su compatriota Gerson Alexandrick Mejías, que llegó a España en 2017, consiguió asilo por razones humanitarias y recibió hace un mes la resolución que confirmaba que su nacionalidad había sido concedida después de tan solo cinco meses. “Me siento con un poco más de tranquilidad, que era lo que buscaba”, relata en una entrevista con EFE este joven de 32 años que celebra que no tendrá que renovar sus papeles cada año.
En despachos de abogados especializados en Extranjería como Parainmigrantes han notado un cambio drástico en los plazos a la hora de llevar a cabo este trámite, según señala su abogado Vicente Marín.
Casos de esperas de casi 10 años
“Antiguamente se manejaban plazos de 3 o 4 años fácilmente y en algunos casos era más grave… Hoy estamos dentro de los plazos legales, de un año, y muchos expedientes se resuelven en bastante menos”, señala este letrado con más de 25 años de experiencia en el área.
Este cambio ha provocado que en despachos como el suyo se hayan terminado los “miles de recursos” que antes se presentaban cuando los plazos se prolongaban más de lo debido, pero Marín no considera que se pueda hablar del fin del “atasco” que siempre ha habido a la hora de conseguir la resolución.
Según datos de Justicia, a 30 de junio de 2024 había 203.674 expedientes pendientes de resolver: la gran mayoría son de los últimos años pero también los hay que esperan desde hace casi diez (282 desde 2015).
Prueba de integración: ¿A qué hora se cena normalmente en España?
Uno de los requisitos para conseguir la nacionalidad española es superar una prueba de idioma, para aquellos cuya lengua materna no sea el español, y otra de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CSSE), que busca demostrar cierto nivel de integración en el país. Este examen lo gestiona el Instituto Cervantes, que lo creó en 2015 para sustituir al anterior procedimiento, que pasaba por una entrevista personal con un juez en el Registro Civil.
“Dependiendo del humor que tuviera el juez hacía unas preguntas más o menos difíciles y, al no ser siempre la misma entrevista, había muchas desigualdades y muchos recursos”, explica en una entrevista el subdirector de Relaciones Internacionales del Instituto Cervantes, Philippe Robertet.
La actual prueba consta de 25 preguntas tipo test, con tres opciones de respuesta, escogidas de una batería de 300 cuestiones acerca de temas como legislación, geografía, cultura y sociedad, de las que hay que acertar al menos 15.
¿Cómo se aprobó la Constitución?, ¿Cuál es la montaña más alta de la península Ibérica?, ¿En qué provincia está el Parque Nacional de Monfragüe?, ¿Qué músico compuso ‘El amor brujo’?, ¿A qué hora se cena normalmente en España?… son algunas de las preguntas que componen este examen. El pasado mes de mayo se superó la barrera del millón de personas que han realizado esta prueba desde su creación, que aprueba entre el 95 y el 96 % de los examinados.
Fuente: lavanguardia.com (14/8/24) pixabay.com
