Migración lenta y silenciosa en las aulas

Unas cifras que son muy dispares según las comunidades autónomas. Porque lo que pagan las familias en los colegios concertados difiere mucho de un sitio a otro. La Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada del curso 2010-2011 contabilizaba unos gastos de 2.500 euros al año en Madrid de media o 2.145 en Cataluña frente a 319 euros en Melilla o 603 en La Rioja.

Ante este panorama de migración, la dificultad de conseguir una plaza en un centro prestigioso concertado —son subvencionados y, sobre el papel, gratuitos salvo por las cuotas voluntarias— aumenta y la picaresca pervive pese a que ya es imposible falsificar la renta para simular unos menores ingresos y obtener más puntos. El proceso de matriculación da pie a muchos debates. ¿Debe pagar el niño con el cambio de colegio las mentiras vertidas por sus padres al falsear los datos para poder entrar? ¿Es lícito que una familia pueda consultar la solicitud de otra a un centro como se contempla ahora en Cataluña?

Los ejemplos y la lógica del bolsillo se imponen para entender este traslado en orden inverso al coste de los estudios. Institutos del centro de Madrid que hace cuatro años contaban con apenas 40 alumnos en dos clases en primero de bachillerato tienen hoy 200 en cinco grupos y se han visto obligados a derivar a niños de la lista de espera a otros centros públicos. O un colegio estatal de la sierra de Madrid casi ha duplicado sus estudiantes tras recibir a muchos de un concertado bilingüe con unos gastos extra —pese a su supuesta gratuidad— inasumibles para muchas familias.

“No lo tenemos cuantificado, pero en el Consejo Escolar de Madrid la privada se queja de la pérdida de alumnos. Lo que se intenta es que no haya trasvase a la pública desde la concertada y para eso se la desmantela. Si el colegio público no te ofrece clases por la tarde o comedor, aunque tengas poco dinero sigue el niño en la concertada”, sostiene José Luis Pazos, miembro de la junta directiva de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA).

Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (CONCAPA), confirma la lenta tendencia, pero puntualiza que son “solo sensaciones”. “Evidentemente, el desempleo también está afectando a las familias de la concertada y hay gente que está teniendo problemas para pagar las cuotas. Y más en el bachillerato, donde no hay concierto. Lo cual siempre hemos denunciado como algo injusto e inmoral”.

Los gestores de la concertada son más precisos. “No hemos detectado una pérdida de alumnos, porque aunque algunos se han ido hemos recibido también alumnos de la privada [no subvencionada]. Quizá se ha notado en barrios envejecidos o en los lugares donde había muchos inmigrantes que han vuelto a los países de origen”, sostiene Luis Centeno, de la asesoría jurídica de FERE-CECA que agrupa a 2.000 colegios católicos (el 60% de los concertados). Aunque Centeno termina reconociendo un declive no acusado en bachillerato, etapa en la que el número de conciertos es muy anecdótico. “Quizá se ha notado en las ciudades pequeñas. Como en el público las cosas son gratis…”.

“En el curso 2011-2012 la enseñanza privada tenía 465.000 alumnos en España. Ahora habrá que ver los números, pero seguramente hayan bajado”, explica Enrique Maestu, presidente de Círculo de Calidad Educativa (CICAE), que agrupa a 15 colegios privados. “Hay muchas diferencias entre colegios. El mayor problema está en educación infantil. Cuando las parejas jóvenes se plantean escolarizar o no a su hijo les preocupa no poder pagar más adelante. Yo digo que son unos héroes”, prosigue el también director del colegio madrileño Virgen de Europa.

“El curso 2012-2013 se abre con una disminución de un 5% en el volumen de alumnos matriculados en centros privados no concertados de Madrid respecto al año anterior”, explican en la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) que aglutina a 3.600 colegios y academias. “Con 180.216 estudiantes, sobre los 189.396 matriculados en el año 2011-2012, la enseñanza privada representa en esta comunidad el 15,8 % del total del alumnado no universitario”.

Reconocen que esta reducción “se viene observando desde el comienzo de la crisis económica” y la evalúan como “especialmente crítica” en las escuelas infantiles, “en su mayor parte, pequeñas empresas familiares”.

“Entre un 20% y un 30% de los padres de nuestros alumnos estudiaron en nuestros colegios que se fundaron hace 40-60 años. Y no son grandes empresarios, como se cree, sino profesionales que reconocen que su éxito en la vida está relacionado con su formación y hacen el esfuerzo”, explica Maestu. Esas escuelas hace años, dicen, congelaron las cuotas y observan una bajada de gastos suplementarios: los niños no van en la ruta escolar, no comen allí o han dejado de ir a las clases.

En los colegios asociados a CICAE las tarifas van de los 4.000 a los 7.000 euros al año. “En Madrid ahora hay colegios concertados que no son fundaciones, sino entidades de lucro que cobran esos 4.000 o más, cuando el Estado costea al profesorado y casi todo el mantenimiento. Antes se pagaban 60 euros pero no lo de ahora”, se lamenta Enrique Maestu que reclama desgravaciones fiscales para estos alumnos, “como en la Comunidad de Madrid que se pueden ahorrar 700-800 euros por hijo”. Y lo justifica: “La educación es un derecho universal y el Estado gracias a nosotros se ahorra 3.026 millones. No deberían de gravarnos con más IVA”.

“La migración está pasando y siempre se da el mismo efecto. Cuando un niño pasa de la concertada a la pública, aunque la situación de la familia mejore este no vuelve porque se dan cuenta de que la enseñanza es la misma o mejor calidad y no merece la pena gastar”, piensa Pazos. “Las mejores notas en las pruebas de acceso a la Universidad son de la pública, pero es un porcentaje que no se quiere mostrar para no perjudicar a los otros que inflan las notas y pinchan en los exámenes”. Desde la CEAPA, sin embargo, se denuncia que en el norte de Madrid se ocultan plazas públicas existentes a las familias y se las intenta convencer de que los costes de la concertada son asumibles.

Según la radiografía de la vuelta al cole realizada por la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI), el gasto medio —material, ropa, libros— en un centro público fue el pasado curso de 520 euros, 773 si se optó por uno concertado y 1.095 en uno privado. Una diferencia de dinero que ya pesa en la decisión de las familias a la hora de escolarizar en uno u otro centro. Y a ello se suman los gastos del mes a mes. Solo en los privados se pagó matrícula una media de 330 euros —50 menos que el año anterior síntoma del declive—, pero las desigualdades se mantienen en otros conceptos: el comedor en la pública cuesta 61 euros mensuales menos que en la privada o 58 que la concertada. Lo mismo en el apartado de transportes, 75 euros menos (de 125 a 200 euros).

Cuando el número de solicitantes de acceso a un colegio supera el número de plazas, la LOE contempla que se tenga en cuenta que existan ya hermanos matriculados en el centro o padres o que trabajen en el mismo (una novedad en la reforma de la ley), que se viva próximo al domicilio o que los progenitores o tutores trabajen cerca. Se tienen en cuenta también la renta anual de la familia (“atendiendo a las especificidades que para su cálculo se aplican a las familias numerosas”) o la discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos. Pero una cosa es lo que dice la ley y otra la interpretación que de ella hacen las familias para que sus hijos entren como sea en el colegio deseado, casi siempre concertado. Declaraciones de la renta trucadas, empadronamiento en otras casas o discapacidades o embarazos fantasma son más comunes de lo que se piensa.

Como parte de las medidas antiaborto, en 2010 la Ley de Protección a la Maternidad del Consell de la Comunidad Valenciana concedió el privilegio de familia numerosa a aquella cuyo tercer hijo estuviese en camino, considerando así al no nacido como una persona de pleno derecho. El timo estaba servido y pronto la Administración se vio obligada a ser más rigurosa. Conseguir el certificado médico que acreditase el embarazo en el momento de solicitud de escolarización era pan comido. Siempre había algún facultativo dispuesto a firmarlo. De modo que desde junio de 2011 el certificado solo puede ser expedido por el centro de salud.

En Andalucía, ante el fraude del padrón los alumnos pierden todos los puntos del baremo, cuando antes se quedaban sin los de domicilio. Una medida contundente que no es bien vista por todos. Tras expulsarse este agosto a cinco niños de un colegio concertado de Cádiz —estos vivían en realidad en las localidades próximas de Puerto Real y San Fernando— la alcaldesa de la ciudad dijo “comprender” a sus padres. “Es una práctica muy extendida y bien vista. Se comenta en alto y no da vergüenza que te pillen”.

“El bien del niño está por encima de lo que hayan hecho sus padres y resulta traumático quitarle de su entorno y sus amistades. Aunque no es lo mismo un niño de primaria que uno de infantil que en pocos días se olvida. En nuestra opinión el niño debería salir una vez terminado el curso”.

El pasado agosto, Cataluña anunció que durante el proceso de matriculación escolar una familia podrá tener acceso al nombre y domicilio de otro solicitante. Se quiere así animar la denuncia de casos fraudulentos. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Catalunya (FAPAC) se ha mostrado contraria. “Eso solo crea tensión y espionaje entre las familias. Lo que tiene que funcionar de forma transparente es el proceso administrativo”, subraya Pazos, de CEAPA.

María, pongamos por nombre, es ejecutiva como su marido y entre ambos ingresan más de 110.000 euros al año. Hace dos años decidió matricular a su hijo mayor, de tres años, en un colegio concertado de renombre en Barcelona. Las peticiones doblaban las plazas, pero María no se desanimó pese a no vivir en el barrio, contar con una renta familiar alta y no tener a otro hijo matriculado en el centro. El dinero lo puede todo, pensó, y no dudó en alquilar un segundo piso vacío a escasos metros de la escuela. La familia se empadronó allí, pero sabía que no era suficiente para simular su vida diaria. Así que tiró unos colchones en el suelo y todos los días durante tres meses la niñera, sus dos hijos y ella, embarazada, pasaban unas horas en su segundo hogar. La mentira coló para la Administración y nadie halló pruebas de su doble vida. Hoy su segundo hijo está dentro y no tendrá ningún problema con el tercero.