Cuando Yolanda Florín, de 42 años, estaba embarazada de su tercer hijo, decidió cambiar de casa. Era 2016 y vivía con su marido y sus dos hijos en un piso de 50 metros cuadrados en Villaverde (Madrid), que compraron en 2002 y cuya hipoteca siguen pagando. Pidieron un segundo préstamo para adquirir un piso más grande, en el mismo distrito, y pensaron que sería buena idea alquilar la primera casa para sufragar las letras mensuales. Tras una reforma, la arrendaron a una mujer por 520 euros al mes.
En mayo de 2019 la inquilina dejó de pagar. El desahucio estaba previsto para mayo de 2020, pero la pandemia “lo paró todo”, porque solicitó informes para ser declarada vulnerable y no ser desalojada. “Ella no es vulnerable, trabaja de tarotista y desde 2007 no cotiza, cobra en b”, denuncia Yolanda. “Desde entonces empieza mi pelea con el Centro de Servicios Sociales Eduardo Minguito para demostrar que no es vulnerable”. Finalmente, le retiran esa condición en abril de 2022 porque, además, “ha rechazado todos los recursos habitacionales que le han ofrecido”. Desde noviembre, el caso está en el Juzgado de Primera Instancia número 83, pendiente de que el juez dé cabida a las alegaciones. “Es un agravio económico, tengo dos hipotecas, tres trabajos más el de mi marido, y mis hijos necesitan ayuda social para el comedor escolar”. Los impagos ascienden a 25.000 euros.
La Comunidad de Madrid ha concedido a Yolanda la compensación económica a la que tiene derecho por demorarse la suspensión del desahucio como consecuencia de situaciones de vulnerabilidad. Tiene reconocidos 9.000 euros por el periodo que va de junio de 2021 a diciembre de 2022. “Aún no los he cobrado”, dice.
Los impagos del alquiler han existido siempre, pero la pandemia primero y la guerra después han elevado la tensión en un asunto extremadamente complejo y en el que todas las partes pierden. Los afectados por rentas impagadas han bautizado este fenómeno como inquiocupación, un término que no existe legalmente. No hay cifras oficiales de cuántos propietarios se encuentran en esta situación. La Plataforma de Afectados por la Ocupación, compuesta por 2.200 miembros, calcula que existen unos 80.000 afectados en España y estima que las pérdidas económicas por impagos del alquiler rondan los 2.400 millones de euros (considerando un proceso administrativo medio de tres años). Si se tiene en cuenta que tras el desalojo muchos pisos están “destrozados”, según los afectados, la factura se elevaría a 4.800 millones.
Estos propietarios no son grandes tenedores. En la mayoría de los casos poseen una o dos viviendas arrendadas. “Solo defendemos a pequeños propietarios”, según Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma. En esta olla a presión hay dos partes: inquilinos que no pagan el alquiler durante meses alegando vulnerabilidad y caseros que dicen estar asfixiados y denuncian haberse convertido, a la fuerza, en un escudo social.
Las posturas son irreconciliables. Las asociaciones de inquilinos rechazan el término de inquiocupación por considerar que se criminaliza a las personas vulnerables que no pueden hacer frente al alquiler y opinan que existe un sesgo político en la denuncia. “El daño económico del propietario no puede ser más importante que el daño que se hace a esas personas desahuciadas. Además, la deuda se acumula y quedan embargados para el resto de sus vidas”, sostiene Carlos Castillo, del Sindicato de Inquilinos de Madrid. Carme Arcarazo, del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, recuerda que no existe la figura del casero vulnerable. “La gente impaga porque no puede asumir los alquileres salvajes, no porque quiera. Lo viven como un fracaso, sobre todo madres solteras, que es el perfil de persona vulnerable”.
El 31 de marzo de 2020, el Gobierno aprueba el Real Decreto-ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a la covid. Una de ellas es la suspensión de los desahucios y lanzamientos de inquilinos vulnerables. Este decreto ha tenido sucesivas prórrogas y, en principio, estará vigente hasta el 30 de junio. Esto quiere decir que desde 2020, no es posible desalojar a un inquilino que no pague la renta si este demuestra que es vulnerable (entre los requisitos están acreditar el desempleo, ingresos de la unidad familiar que no superen tres veces el IPREM…). “Se están colando falsos vulnerables, es muy fácil conseguir ser declarado como tal porque trabajan en b o el marido se empadrona en casa de la madre…”, denuncian los afectados consultados.
Reconocen que hay familias que realmente han pasado dificultades y que tienen derecho a una solución habitacional, pero que debe ser el Estado quien la facilite y no ellos. Ni quieren ni pueden, dicen, ser el pilar que los sustente. “Somos daños colaterales, y no entendemos que un incumplimiento de contrato con morosidad voluntaria y estrategias para quedarse en una casa sin pagarla no tenga consecuencias”, dice el portavoz de los propietarios, profesor de secundaria en Madrid. Además, “entre los caseros hay familias vulnerables. Algunos han tenido que entregar la casa en dación en pago”, cuenta. No obstante, Eduardo Fernández-Fígares, abogado especializado en desahucios por impago de alquiler, ha detectado que “cada vez son más los casos en que el juez no suspende el lanzamiento por considerar que el propietario es igual o más vulnerable que el inquilino”.
Ricardo Bravo explica cuál es la situación que viven: “Hay quien se ha aprovechado de esta medida del Gobierno para dejar de pagar voluntariamente hasta que llega una sentencia. Después, solicitan a los servicios sociales municipales un informe de vulnerabilidad y paralizan el desalojo”. Los servicios sociales tienen todo el poder de decisión, aunque la última palabra la tome el juez. “En el caso de que se niegue la vulnerabilidad, han prorrogado la estancia en la casa (hasta un año o más)”, prosigue el portavoz de los afectados. Si el inquilino es declarado como persona vulnerable, se presenta otro problema: los servicios sociales tienen que ofrecer un recurso habitacional, pero no hay pisos públicos para todos. “Se quedan en nuestras casas porque hay un limbo legal”, dice.
El calvario de Marina, una mujer de 38 años que reside en Torrevieja (Alicante), terminó hace dos meses, cuando recuperó una vivienda situada en Almería después de tres años sin cobrar la renta. “Alquilamos la casa por 600 euros. Estaba recién reformada, todo era nuevo. La estrenaron una pareja y sus dos hijos”. Solo pagaron el primer mes. Luego llegó la pandemia. Marina interpuso una demanda de desahucio por impago más reclamación de rentas, pero sus inquilinos pidieron el informe de vulnerabilidad. Insiste en que los servicios sociales nunca cotejaron los datos. Sus morosos han terminado por abandonar la casa dejando 22.000 euros a deber, más 10.000 en arreglos.
Servicios saturados
¿Cuántas personas vulnerables están en estas circunstancias? Las comunidades autónomas deben informar mensualmente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre las comunicaciones recibidas, los informes emitidos, el plazo de emisión y las medidas adoptadas por parte de los servicios sociales. Desde este ministerio dicen que no hay datos suficientes porque no todas las comunidades los han comunicado. No hay una radiografía del problema.
Los afectados denuncian la saturación de los centros de servicios sociales. “No contrastan la información, no están comprobando los datos”, dice Elina Villegas, de 28 años. Los padres de Elina, de 61 y 62 años, alquilaron su vivienda de toda la vida en Torrelavega (Cantabria) cuando su abuelo comenzó a tener síntomas de párkinson. El piso no estaba adaptado. Alquilaron la casa en 2018 a una familia de siete miembros y se mudaron a la localidad cántabra de Los Corrales de Buelna. La renta era de 500 euros al mes. En octubre de 2019 los inquilinos comunicaron su intención de dejar de pagar. “Denunciamos en diciembre de 2019 y el lanzamiento estaba previsto para mayo de 2020, pero se suspendió por el decreto de la pandemia”, cuenta Elina. Los morosos (hoy quedan tres residiendo en su casa) lograron la vulnerabilidad, aunque fue un error de los servicios sociales. “Copiaron un informe de un desahucio hipotecario, ni siquiera era mi caso. No tiene ninguna veracidad porque tengo constancia de que trabajan y tienen dinero”. Mientras tanto, Elina ha de vivir con sus padres y la única solución que les ofrecen es tramitar la compensación económica. La deuda ya supera los 21.000 euros. “De aquí a que los desalojen la deuda se colocará en unos 30.000 euros”, añade.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales dicen que pueden existir problemas puntuales de saturación, pero descartan que sea generalizado. Las asociaciones de inquilinos insisten en que la solución pasa por regular los precios del alquiler y que exista un parque de vivienda pública que sea una verdadera alternativa para las personas en situación de vulnerabilidad.
Fuente: elpais.com (1/3/23) pixabay.com
