El objetivo de Jordi Cabarrocas no es fácil, ni de consecución inmediata. El empresario catalán pretende recuperar las multimillonarias propiedades confiscadas por la revolución cubana a los españoles domiciliados en la mayor de las Antillas hace 55 años, cuando Fidel Castro y sus milicianos entraron en La Habana. Cien familias de la diáspora, hijos y nietos de los titulares perjudicados, y más de 20 órdenes religiosas, entre ellas los Escolapios, han firmado un contrato con la sociedad que preside Cabarrocas cediendo sus derechos en una eventual negociación con el Gobierno cubano.
Lejos de aceptar que el acuerdo de indemnización suscrito por España y Cuba en 1986, durante la presidencia de Felipe González, haya cerrado el paso a toda reclamación posterior, los abogados de la empresa 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales de Cuba consideran que varias sentencias del Tribunal Supremo avalan la legalidad de sus demandas. Su director general quiere llegar a un acuerdo con La Habana sobre las propiedades perdidas. “Nuestro enfoque es apolítico, pero el día en que Cuba se mueva, nosotros vamos a estar allí”.
Los abogados y peritos de la compañía calculan que el valor del patrimonio reclamado ronda los 1.000 millones de dólares (772 millones de euros) entre fincas de miles de hectáreas de extensión, residencias, locales y varios edificios, hasta un total de 800 unidades registrales, todas documentadas. ¿Qué tipo de contrato se ha firmado con los descendientes de los españoles confiscados? “La sociedad se queda con el 30% del valor de la propiedad que pueda recuperarse. Hasta entonces nosotros asumimos todos los gastos y riesgos”.
La revolución confiscó los bienes de las 3.000 familias más ricas de la isla entre 1959 y 1962. “El 90% eran españoles. Se les invitó a marcharse con lo puesto”. La otra opción fue quedarse en Cuba sin el patrimonio. En 1961 Castro se declara marxista leninista y no hubo marcha atrás. Mil españoles volvieron a España, otros tantos se fueron a EE UU y el resto se instaló en países cercanos a Cuba como Puerto Rico, Venezuela, México o Panamá.
“Todo el mundo pensaba que aquello iba a durar cuatro días, pero obviamente no fue así. Muchas familias se mantuvieron a la espera, sin tomar decisiones drásticas, pensando que volverían a Cuba, pero eso nunca ocurrió”. Tras cuatro años de trabajo y reuniones con las familias afectadas, la sociedad, con oficinas en Barcelona, Madrid y Miami, quiere mantener un primer contacto oficial con Cuba, todavía no realizado.
Para Cabarrocas, una solución negociada generaría seguridad jurídica y confianza a los inversores extranjeros. “Queremos interlocutores en Cuba”, agrega citando el informe encargado por su empresa, que agrupa a 80 socios, a la Universidad de Creighton (EE UU) sobre las posibilidades de un acuerdo en la recuperación de las propiedades. Esa universidad había entregado otro estudio a la Administración de George Bush, en 2005, pronunciándose sobre las reclamaciones de empresas y ciudadanos norteamericanos de origen cubano, representados por el Estado.
Los expertos estudiaron 40 casos, en diversos países, excomunistas o no, hablaron con jueces y asesores, escrutaron ordenamientos jurídicos y aplicaron el derecho comparado. “En el 90% de los casos hubo recuperación patrimonial”, señala Jordi Cabarrocas, que critica el acuerdo suscrito por el Gobierno de Felipe González. “La operación resultó muy mala. Aquello fue más un paliativo que una indemnización”.
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