La exposición de los profesionales del mundo legal en sus cuentas de Facebook o Twitter puede generar problemas inesperados. A nivel internacional proliferan normas de uso para evitar malas prácticas.
Son sólo algunos ejemplos de cómo las redes sociales están abriendo una brecha en el ámbito de la Justicia, donde esta nueva forma de comunicación plantea situaciones inéditas, fuera y dentro de nuestras fronteras. Un mal uso de las redes sociales puede comprometer la carrera de los profesionales del derecho que deciden lanzarse a ellas sin ser conscientes de los riesgos que traen aparejados.
Cada vez es más habitual ver normas de actuación para profesionales. Es el caso de la International Bar Association (IBA), la principal organización mundial de abogados, que ha publicado este año un código de conducta, alertando de que las redes sociales proporcionan oportunidades, pero también riesgos para los profesionales del ámbito jurídico.
En su listado de recomendaciones a abogados, la IBA incluye cuestiones como que, antes de aceptar una amistad en una red social, se compruebe cómo ello puede afectar en el futuro a su ejercicio profesional si se trata de clientes, jueces u otros abogados; que antes de comentar algo se piense si puede dañar su reputación; que se configure convenientemente la privacidad de cada cuenta –aunque no garantice su seguridad total–; o que se tenga en mente si un comentario puede dar lugar a malentendidos.
Otra precaución debe ser la de no publicar opiniones que puedan revelar un posicionamiento sobre algún tema que pueda ser contrario al que defiende su cliente, causando con ello un conflicto de interés. Tampoco pueden olvidar las normas que rigen la profesión en cada jurisdicción a la hora de hacer publicidad de sus servicios, así como tener en cuenta que un post publicado por un abogado o un despacho puede ser entendido como un asesoramiento o consejo legal, cuestión que conviene que sea aclarada.
Por otro lado, la IBA advierte de otros riesgos, como el de no respetar la confidencialidad con el cliente. Pone un ejemplo: un letrado puede estar ofreciendo información en redes sociales acerca de dónde se encuentra en un momento determinado, revelando con ello que está ofreciendo asesoramiento legal a un cliente que desea mantener este extremo en secreto. También recuerda que no es seguro intercambiar información con clientes a través de las redes. En este sentido, en España la Agencia de Protección de Datos catalana desaconsejó el uso de WhatsApp entre abogados y clientes.
Vida privada
Asimismo, recomienda ser cuidadoso con la información que ofrecen sobre sí mismos porque, aunque tienen derecho a una vida privada, deben ser conscientes de que en las redes sociales su actividad diaria y sus opiniones están más expuestas. Y anima a los despachos de abogados a que establezcan normas de uso de estas nuevas vías de comunicación para sus empleados, explicándoles los riesgos a los que se exponen.
Muchas de estas reglas para abogados serían perfectamente aplicables a otros profesionales del derecho, como jueces o fiscales, que corren riesgos similares en cuanto a su reputación, imparcialidad o confidencialidad.
De hecho, algunos ya se han visto en problemas por un mal uso de las redes. Es el caso del fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista contra el que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación el pasado mes de marzo por las críticas vertidas contra sus compañeros, cargos públicos y fuerzas de seguridad del Estado a través de un perfil falso de Twitter.
En EEUU, se ha llegado a cuestionar la imparcialidad de un juez por tener de amigo en Facebook a un abogado que es parte en un proceso sobre el que el magistrado debe decidir. En Reino Unido, no existe una guía sobre esta materia, pero en el código ético de la judicatura incluye algunas recomendaciones al respecto.
En este caso, se trata más bien de precauciones para proteger la seguridad de sus miembros, evitando que den información personal que pueda ponerles en riesgo. También hace mención al uso de blogs, señalando que en ellos no deben identificarse como jueces y, en todo caso, deben evitar expresar opiniones que puedan poner en duda su imparcialidad.
Algunos casos sonados:
Miembro de un jurado
En Reino Unido, una mujer, Joanne Fraill, en la imagen, que formaba parte del jurado, echó por tierra un caso sobre drogas y corrupción de millones de libras por chatear con el acusado por Facebook. La corte de Manchester le condenó en 2011 a una pena de ocho meses de cárcel por desacato al tribunal. Se trataba del primer caso en el que se condenaba a un miembro de un jurado por usar Internet para contactar con el acusado.
Amigos en Facebook
Un juez fue recusado en Estados Unidos por ser amigo en Facebook de uno de los letrados del caso. El abogado defensor puso de manifiesto esta relación entre el letrado de la acusación y el juez, señalando que podía afectar a la imparcialidad del juicio. En un dictamen de noviembre de 2009, el Comité Consultivo de Ética Judicial de Florida prohibía a los jueces aceptar en redes sociales amistades de abogados que puedan actuar ante ellos.
El magistrado tuitero
Un magistrado renunció en Inglaterra a su cargo tras ser acusado de tuitear sobre los casos que se estaban estudiando en el tribunal que él presidía. En un tuit decía: «A punto de escuchar la declaración de tres ladrones de Manchester para saber si se mantiene la prisión preventiva o no». Y en otro: «Llamado a la corte hoy para juzgar a los arrestados ayer por la noche. Supongo que estarán en su mayoría borrachos, pero nunca se sabe».
Abogado pillado en una mentira
En Estados Unidos, la jueza de Texas, Susan Criss, en la foto, aficionada a las redes sociales, sacó los colores a un abogado que pidió un aplazamiento debido a la muerte de su padre. La juez había descubierto en el perfil de Facebook del letrado toda una serie de actualizaciones de su estado en las que se ponía de manifiesto que mentía y que había pasado la semana bebiendo, saliendo por la noche y yendo a fiestas.
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