A unos 20 pasos del paritorio del Hospital Regional Docente Doctor Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana —en el oeste de la República Dominicana—, hay una oficina censal donde teóricamente se deben inscribir todos los recién nacidos para adquirir su cédula de identidad. Es un trámite aparentemente sencillo que no dura más de cinco o diez minutos. Pero el 60% de los bebés abandonan este recinto sin ser registrados. Y una vez que salen por sus puertas, no siempre vuelven a entrar a completar la burocracia. Uno de cada cinco niños del país caribeño no existe. Su nombre no figura en ningún lado, el servicio de salud no los reconoce —aunque les atiende— y el Estado tampoco los puede reclamar a sus padres si no van a la escuela, porque en ningún lugar están inscritos; el colegio les admite, pero no pueden graduarse porque oficialmente nunca nacieron.
Daniela lo hizo hace 20 años, aunque ningún papel lo recoja. No pudieron inscribirla porque su madre tampoco estaba documentada. Igual que su abuela, de orígenes haitianos. El hijo de Daniela, de cuatro años, lógicamente carece también de identificación, ya que su madre, su abuela y su bisabuela no tienen documento que atestigüe que existen. Son cuatro generaciones nacidas en la República Dominicana que no han podido disfrutar de muchos derechos que eran suyos.
Este problema de falta de identificación infantil afecta a alrededor de 230 millones de niños en el mundo: uno de cada tres, según una investigación de Unicef realizada en más de 160 países. Los lugares más comunes son Asia y África Subsahariana, especialmente en entornos rurales. «El certificado de nacimiento es el primero de los derechos fundamentales porque abre la puerta al resto de los derechos», recuerda Seven Blight, consejero regional de Unicef. República Dominicana es la segunda por la cola en Lationamérica, con un 19% de niños sin registrar según la última encuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, solo superada por Bolivia.
El caso de Daniela, que vive en el batey —un asentamiento chabolista en torno a una plantación de caña de azúcar en la cual la mayoría de sus habitantes trabajan, o así lo hacían en el pasado— es una pescadilla que se viene mordiendo la cola desde hace décadas, desde que los padres de su abuela llegaran indocumentados a la República Dominicana de su vecino (más) pobre: Haití. Es un caso muy típico en el país caribeño, donde los haitianos son a menudo considerados como una clase inferior cuyos derechos no parecen muy importantes.
Uno de cada cinco niños del país está sin inscribir. Problemas burocráticos relativamente sencillos de resolver o trabas migratorias son las principales causas
Pero las razones de este 19% de niños indocumentados en el país son muchas veces más simples. Despiste, falta de información, problemas con las nominaciones que no se llegan a resolver —en el país los apodos son tan generalizados que hay quien los aporta para trámites oficiales—, parturientas que olvidan su cédula de identificación, no pueden inscribir al niño en el momento y después nunca lo hacen… “Si fuese un país donde el parto se realizase en casa, sería más normal la falta de registro, pero en la República Dominicana el 99% de los bebés nacen en las maternidades, aquí la inscripción no debería ser un problema”, asegura Eduardo Gallardo, especialista en Protección de la Niñez de Unicef en el país.
El fondo de la infancia de Naciones Unidas lidera un proyecto piloto para aumentar los inscritos en el país. Están trabajando en cuatro hospitales piloto (entre los que se encuentra el de San Juan de la Maguana) para aumentar la inscripción al 70% de los nacidos que salen de sus puertas; hoy la media está en tan solo el 30%. La experiencia comenzó el pasado septiembre y pronto se conocerán los primeros resultados.
En una reunión entre el personal de Unicef, los responsables del Censo —un poderoso organismo gubernamental del país— y los del hospital, abordan los problemas que pueden surgir y cómo resolverlos. Discuten durante más de una hora. “Vuestra misión es ir a la caza de niños que no se hayan registrado. Que no salgan de aquí sin documentación”, les espeta Gallardo. Los temas que tratan son variopintos. “Mucha gente no sabe leer [en el país la tasa de analfabetismo adulto es del 12,8%], por mucho que tengamos la oficina, si no se les explica que está ahí y que tienen que acudir, no lo harán”, dice Julio del Cristo, oficial de la oficina del censo en la localidad. “Podemos ofrecerles materiales audiovisuales, ¿tienen televisores y vídeos?”, replica Gallardo. “Están rotos”, cierra Héctor Ortiz, director del hospital. “El personal sanitario debe hacer una labor divulgadora en estos casos”, continúa Gallardo. “El problema es que muchas veces tienen tanto trabajo con los partos que no se encargan de la burocracia”, apunta un ayudante de la dirección del hospital. El director concluye enérgico: “¡Estoy harto de excusas! Vamos a hacer una comunicación a todos los médicos. El que atienda un parto y no inscriba al bebé, no se va a casa”. Esto tiene unos matices: no siempre es posible hacerlo en el centro porque en ocasiones los padres carecen de toda la documentación necesaria. Pero si quienes cuentan con ella lo hicieran, las cifras de inscripción hospitalaria subirían de forma meteórica.
Los problemas para solucionar la inscripción parecen relativamente sencillos, una cuestión de voluntad y formación más que de medios. Pero, ¿qué sucede con las personas ya adultas que no cuentan con su cédula? Volvemos al batey de de Haití Mejía, en San Pedro de Macorís. Allí Daniela estudia, pero sabe que no le darán título escolar si no consigue una cédula antes. Es frecuente que los trámites para conseguirla a veces se alarguen, pero es posible si se accede a la documentación del hospital, donde deben quedar registrados todos los nacidos vivos, aunque esto no constituya una identificación oficial. De lo contrario, testimonios jurados de parteras, curas, maestros, vecinos y cargos de la municipalidad pueden servir para conseguir la identificación, que es más complicada cuanto más oscuro se el color de piel, según cuentan varias personas que están familiarizadas con el trámite —aunque no siempre es así, por lo general los dominicanos tienen la tez más clara que los haitianos—.
La burocracia cuesta dinero. No es excesivamente cara: en función de los documentos que se aporte, puede salir por alrededor de 1.500 pesos (algo menos de 30 euros), pero para personas como Daniela, que no cuentan con agua corriente su casa de lata, es un esfuerzo importante. Sin embargo, ella sabe que tendrá que hacerlo. Sin papeles no podrá conseguir nunca un trabajo digno y su hijo se encontrará con el mismo problema que ella dentro de unos años: podrá terminar los estudios, pero nada lo atestiguará porque, oficialmente, seguirá sin existir.
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