Resulta habitual que un contribuyente moroso con la Administración Pública tenga deudas con la Agencia Tributaria y, a su vez, con la Seguridad Social. Cada uno de estos organismos tiene su propia unidad para recaudar los tributos o cotizaciones pendientes en vía ejecutiva, que se inicia una vez expirado el plazo de pago voluntario. Además, comunidades y ayuntamientos también cuentan con órganos concretos para cobrar las deudas de tributos autonómicos y locales.
Los inspectores de Hacienda alertaron ayer durante la celebración de su congreso anual en Málaga que esta situación resta eficiencia al sistema. En su opinión, la reforma ideal pasaría por unificar todos los órganos de recaudación ejecutiva en un solo ente público, aunque aceptan que este objetivo de máximos difícilmente contaría con el apoyo de las citadas administraciones.
Sin embargo, entienden que dentro de la Administración central sí que sería posible unificar en un solo ente las unidades de recaudación ejecutiva que, entre otras funciones, ordenan los embargos cuando un contribuyente no salda sus deudas con la Administración Pública. El informe presentado ayer, que se enmarca en el proceso de reforma fiscal y de la Administración Pública emprendida por el Gobierno, plantea la creación de un nuevo órgano bautizado con el nombre de Administración Tributaria Independiente (ATI), que sería sucesor de la actual Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, defendió que este nuevo organismo, que se limitaría a la recaudación en vía ejecutiva, podría implementarse en diversas fases. Primero, se reforzarían los vínculos ya existentes entre las unidades fiscales y de cotizaciones hasta llegar a una fusión total. Según su propuesta, ello generaría ahorros de personal y de infraestructuras.
En cualquier caso, sería la Agencia Tributaria quien absorbería las funciones de la Seguridad Social en la medida en que los inspectores sostienen que su sistema informático es capaz de asumir la gestión de todas las deudas del sector público. Ello significa que funcionarios de la Seguridad Social deberían integrarse dentro del funcionamiento de la Agencia Tributaria. Pérez Boga rechazó que su propuesta suponga una suerte de opa hostil y aseguró que también los inspectores fiscales pueden aprender de la experiencia de los equipos de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social. De hecho, reconoció que son más ágiles a la hora de dictar y llevar a cabo embargos.
La propuesta ya ha sido trasladada al director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, y al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. Ninguno de ellos ha ofrecido todavía su opinión. El informe no se ha remitido al Ministerio de Empleo ni al secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. Los inspectores son conscientes que cualquier órgano público es reacio a perder competencias y, por ello, temen que su propuesta reciba, al “menos en un primer momento”, el rechazo de los funcionarios de la Seguridad Social.
En cualquier caso, reclaman avanzar en medidas como la creación de una base de datos conjunta. Respecto a las comunidades, los inspectores recomiendan que las agencias tributarias autonómicas se encarguen de la gestión de la deuda de los municipios. Así, los ayuntamientos liberarían recursos que podrían destinarse a “otras tareas”.
Fuente: Cincodias.com (17/10/13)
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