Los inspectores de Hacienda se han unido este miércoles al coro de voces que pide al Gobierno aparcar las subidas de impuestos prometidas y comprometidas con Bruselas. Su argumento es que un eventual incremento de la presión fiscal a los contribuyentes en un contexto de crisis supondría un campo abonado para el aumento del fraude, que según diversos informes internacionales se habría reducido en España en los últimos años.
«Nuestra sensación es que en tiempos de crisis lo primero que se resiente es el cumplimiento tributario», ha asegurado este miércoles el presidente de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga, en la presentación de su documento de propuestas para combatir el fraude fiscal. «En España tenemos un fraude fiscal muy asentado que según nuestra experiencia se activa cuanto más suben los impuestos«.
Pérez Boga ha ido más allá y ha advertido al Gobierno de que en un escenario eventual de subida de impuestos lo más probable es que la recaudación aumentara, sí, a costa del segmento de contribuyentes que cumplen de forma rigurosa con sus obligaciones fiscales, al tiempo que también se produciría un incremento del volumen del fraude fiscal, «ya que a los defraudadores les saldrá mucho más rentable defraudar». En otras palabras, que una subida de impuestos aumentaría la presión fiscal sobre los que cumplen e incrementaría al mismo tiempo el volumen de fraude de los que incumplen.
Bajo esta premisa, los inspectores de Hacienda ponen encima de la mesa 124 propuestas de mejora legislativa, que incluyen reformas en la regulación de los principales impuestos, reforzamiento de las competencias de la Agencia Tributaria, eliminación de duplicidades e ineficiencias y disposiciones operativas, cuya aplicación conseguiría en su opinión generar más recaudación que las medidas de subida fiscal planteadas por el Gobierno.
Más fraude en hidrocarburos
El colectivo avisa de que ese aumento del fraude que vislumbran si se suben los impuestos se ha empezado a detectar ya en el sector de los hidrocarburos al compás de la escalada de precios de los últimos meses. «Es un sector que tiene una imposición muy alta y en el que defraudar resulta muy rentable», ha remarcado Pérez Boga. Desde esta perspectiva, y en pleno debate sobre las posibles medidas que puede adoptar el Gobierno para aliviar el impacto sobre familias y empresas del encarecimiento del carburante, los inspectores de Hacienda se han mostrado a favor de bajar los impuestos que soportan las gasolinas para hacer que defraudar les resulte menos rentable.
El ámbito de los hidrocarburos es, precisamente, uno de los objetivos del documento de 124 propuestas presentado este miércoles por el colectivo de inspectores fiscales para mejorar la eficacia de la lucha contra el fraude. El colectivo plantea media docena de medidas para luchar contra el fraude en el sector que van desde la exigencia de garantías para obtener la condición de operador petrolífero hasta la eliminación de la posibilidad de que los distribuidores minoristas puedan vender combustible a otros distribuidores minoristas, un circuito en el que, según los inspectores, se pierden millones de euros por fraudes fiscales. La aplicación de este pack normativo reduciría, según Inspectores de Hacienda del Estado, en dos tercios el actual nivel de fraude en el sector.
Entre las medidas que plantean los inspectores de Hacienda está la configuración de una base de datos común entre la Agencia Tributaria y las Diputaciones Forales, que derribe los muros que aún persisten a la hora de disponer de información fiscal de los contribuyentes de Navarra y País Vasco. La asociación que agrupa al 90% del colectivo de los inspectores cree que es particularmente necesario seguir la pista a las deslocalizaciones de contribuyentes y plantea la posibilidad de crear comisiones mixtas entre la Agencia Tributaria, la comunidad de recepción del contribuyente y la comunidad de salida del contribuyente cuando existan desplazamientos de autonomía de residencia para auditar que ésta no se produce por motivos fiscales.
Los inspectores consideran que con esas auditorías, una mayor armonización de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones – en línea con lo que pide el Gobierno – y una regulación más clara del concepto de residencia fiscal se limitaría el fraude asociado a las deslocalizaciones por motivos puramente fiscales. Lo plantean dentro del territorio nacional y también a nivel internacional para evitar episodios como el del desplazamiento masivo de ‘youtubers’ a Andorra. En ese ámbito llaman al Gobierno a reconsiderar el principio de definición de residente fiscal a partir de los días de permanencia en un determinado país, apelando a sustituir ese principio por el de dónde tiene el centro de intereses económicos el contribuyendo y abriendo también la puerta a reducir el número de días de residencia necesarios para considerar a un contribuyente como residencia fiscal en España de los 183 días actuales – la mitad más uno de los días del año – a unos 60 días, como ocurre en Suiza, siempre que el centro de intereses económicos esté en España.
Los inspectores plantean también medidas más expeditivas como permitir a los inspectores de Hacienda actuar de incógnito para conseguir información de trascendencia tributaria, reforzar sus competencias con la creación de una suerte de Policía Fiscal, ampliar los periodos de prescripción de los delitos fiscales cuando éstos sean cometidos en paraísos fiscales, reducir a 300.000 euros la cuantía impagada para ser incluido en el controvertido listado de morosos o bloquear el acceso a cualquier trámite administrativo oficial a los defraudadores recalcitrantes en lo que se ha dado en llamar la ‘muerte civil del defraudador’.
Fuente: abc.es (17/3/22) pixabay.com
