El caso Gowex ha hecho sonar de nuevo las alarmas sobre un presunto «fraude» empresarial y financiero de gran calado, pero son numerosos los casos de estafas que han hecho historia tanto en España como a nivel internacional.
El punto en común es que suelen estar orquestadas por un reducido número de personas, cuando no a título personal, y los más afectados son los inversores que apostaron por ese negocio.
Uno de los primeros casos de fraude financiero tuvo lugar en los años 70 del siglo XIX. Su creadora fue Baldomera Larra, hija del escritor y periodista, Mariano José de Larra. El engaño comenzó a gestarse cuando su marido se fue a América tras el regreso de Alfonso XII a España y ante su precaria situación comenzó a acudir a prestamistas. Los intereses que tenía que pagar eran tan altos que a cambio prometía el doble de lo que le habían prestado.
Sin embargo, el dinero que devolvía procedía de otro cliente al que le había hecho la misma oferta. Su fama de cumplidora se extendió tanto que llegó incluso a crear la Caja de imposiciones que duró hasta que la trama se destapó en 1876.
En cualquier caso, el sistema de Baldomera Larra dio pie a otros casos de estafa como el que ideó Carlo Ponzi hacia 1920. Ponzi, de origen italiano pero emigrado a Estados Unidos, vio un suculento negocio en los cupones de respuesta internacional que la gente enviaba desde Europa a sus familiares. Debido al tipo de cambio estos cupones tenían un valor superior en América del Norte y partiendo de esa base Ponzi creó su propia compañía: Security Exchange Company, en la que se prometían altos beneficios a los inversores.
Todo se vino abajo cuando el diario The Boston Globe descubrió que Ponzi pagaba parte de esos intereses con el dinero de otros inversores hasta crear una inmensa pirámide fraudulenta. Es lo que se conoce como el ‘esquema de Ponzi’.
Para el escritor Donald Dunn, uno de los biógrafos de Ponzi, el carisma de este personaje y su alta capacidad de persuasión fueron clave a la hora de montar su entramado empresarial. «Siempre le acompañaba su sonrisa y su falta de preocupación, de lo contrario, ¿quién hubiera dado dinero a un hombre preocupado?», se preguntaba.
En este sentido, la directora de contenidos en Estrategias de Inversión, Silvia Morcillo, asegura que existen tres factores clave que explican que un fraude pueda prosperar.
Por un lado, muchos inversores desconocen «lo que hay detrás de los negocios» y los cimientos sobre los que se sostienen; por otro, la personalidad de quien anima a invertir resulta en muchos casos atractiva. Como ejemplo cita a Jenaro García, expresidente y fundador de Gowex, «quien sabía vender muy bien su empresa» o «a José María Ruiz-Mateos», imputado por el caso de Nueva Rumasa; por último, hace hincapié en la «alta rentabilidad» que se promete asegurando «un dinero rápido en poco tiempo» que hace que «la gente no se pregunte de dónde procede».
A principios de los años 90 el Grupo Torras, propiedad casi en su totalidad del grupo inversor kuwaití KIO, presentó suspensión de pagos con un pasivo superior a los 1.400 millones de euros, equivalente a unos 240.000 millones de pesetas. Varios de los gestores, entre ellos Javier de la Rosa y distintos directivos, fueron acusados de estafa y apropiación indebida. En 1998 De la Rosa fue encarcelado por un suceso que afectó a más de 30.000 empleos directos y a cerca de 100.000 indirectos.
Posteriormente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), descubrió en 2006 que la agencia de valores Gescartera sufría pérdidas de hasta 100 millones de euros (alrededor de 17.000 millones de pesestas). En 2008 la Audiencia Nacional condenó a 11 años de prisión al presidente de la compañía, Antonio Camacho, por los delitos de falsedad documental y apropiación indebida. Además, se consideró a La Caixa y Caja Madrid Bolsa como responsables civiles subsidiarios por su implicación en el caso.
Otro hecho reciente es el que afecta a Pescanova en el que un informe de la consultora KPMG concluyó en julio de 2013 que las cuentas de las compañía habían sido alteradas durante años para ocultar las pérdidas que sufría. Para Juan Luis Marchini, presidente de honor de la Asociación Española de Auditores, «nadie se podía imaginar lo que estaba ocurriendo en Pescanova sobre todo porque casos como este suelen ocurrir en empresas de menores dimensiones».
Por esa razón califica el suceso de «hito raro» y asegura que «el 97% de las empresas funcionan correctamente pero suelen conocerse los casos de las que funcionan mal como por ejemplo los de Nueva Rumasa, Forum Filatélico o Afinsa», entre otros.
Sobre el papel de las auditoras en casos similares, la subdirectora de Renta Variable en Atl Capital, Susana Felpeto, considera que «su trabajo es detectar irregularidades en las cuentas y asegurarse de que reflejan la realidad». Por esa razón insiste en que «no es posible eximirlas de toda culpa» cuando no detectan un fraude, aunque matiza que «resulta exagerado generalizar», sobre todo cuando las cuentas de una empresa se han falseado.
El caso Madoff
A nivel internacional, uno de los escándalos financieros de mayor envergadura de la historia fue el cometido por el financiero estadounidense Bernard Madoff. El gestor de carteras estafó alrededor de 50.000 millones de dólares al frente de su compañía, Bernard L. Madoff Investment Securities, apoyándose en el esquema piramidal de Ponzi. En 2009, el que fuera presidente del Nasdaq entre 1991 y 1993, fue condenado a 150 años de cárcel por diversos delitos de estafa.
Marco Antonio Moreno, economista y editor del Blog Salmón, especializado en actualidad económica, explica que entramados como el de Madoff «funcionan por la entrada de dinero, pero cuando el suministro se corta o disminuye, viene el colapso».
Unos años antes de que se dictara sentencia contra Madoff, Jeffrey K.Skilling, presidente de Enron, una de las mayores compañías energéticas de Estados Unidos, fue condenado en 2006 a 25 años de cárcel por el fraude que llevó a la empresa a la quiebra. Junto a su fundador, Kenneth Lay, que murió meses antes de recibir su condena, ocultó las verdaderas cuentas de la compañía para maquillar pérdidas de hasta 638 millones de euros.
Para el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso Ayala, estos fraudes responden a una «enorme pérdida de valores» e insiste en que «debe recuperarse la ética empresarial y la confianza en el mundo» de los negocios.
Para eso considera necesario entender bien el trabajo de las auditoras y comprender que su «objetivo no es detectar fraudes sino dar una opinión profesional e independiente sobre si unas cuentas están reflejando o no la situación económico-financiera y los resultados de la entidad en base a unas normas contables».
En España, además de los casos mencionados, existen diferentes escándalos por «agujeros» financieros con una significativa repercusión social. Entre ellos se encuentra el Caso Sofico que afectó a cerca de 3.000 pequeños ahorradores y por el que los principales directivos fueron condenados por delitos de falsedad y estafa.
Por su parte, el Grupo Rumasa fue expropiado en los años 80 como consecuencia de la quiebra técnica del conglomerado y el riesgo que suponía para los bancos. Por otro lado, la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV), avalada por UGT y que nació a finales de los años 80, suspendió pagos a principios de los 90 afectando de diversas formas a los cooperativistas.
De igual modo, los casos en los que se vieron involucrados el Banco Español de Crédito (Banesto) y el grupo inmobiliario Martinsa-Fadesa, provocaros pérdidas superiores a los 5.000 millones de euros por gestiones fraudulentas. Además, el que fuera presidente de la CEOE, Diaz Ferrán, fue condenado a prisión en mayo de 2014 por el fraude en la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet.
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