En el año 2008, ejercicio que marcó el inicio de la actual crisis, el PIB nominal avanzó un 3,3% y, sin embargo, la recaudación tributaria del Estado se derrumbó un 13,6%. En 2009, el PIBnominal retrocedió un 3,8% y los ingresos fiscales cayeron en un porcentaje mucho mayor, un 17%. Ello puso de manifiesto un hecho diferencial de España respecto a la mayoría de países de la UE, donde la menor actividad no se tradujo en una caída tan drástica de la recaudación. La reforma fiscal que aprobará el Gobierno pretende que el sistema tributario sea menos sensible al ciclo económico. Es decir, que un retroceso de la actividad no derive en un derrumbe de los ingresos públicos.
Hacienda pretende dar mayor relevancia a los impuestos que están menos expuestos al ciclo. En este contexto se impone la idea de incrementar la fiscalidad sobre los inmuebles, excluyendo la vivienda habitual.
Actualmente, los propietarios de segundas y ulteriores viviendas que no estén alquiladas sufren una imputación en el impuesto sobre la renta. Deben incluir en su declaración el equivalente al 1,1% del valor catastral del inmueble o el 2% si la última revisión catastral si hizo con anterioridad a enero de 1994. Sobre el importe resultante se aplica el marginal que, en términos generales, puede ir del 24,75% hasta el 52% en función del nivel de renta del contribuyente.
El Ministerio de Hacienda modificará esta fórmula de tributación en la reforma fiscal y se plantean varias opciones. Desde elevar el porcentaje de imputación, hasta idear un sistema completamente nuevo para que el impuesto sobre la renta refleje el patrimonio de los contribuyentes. También, es previsible que se produzcan cambios en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).
La experiencia indica que los impuestos sobre la tenencia de inmuebles son más estables que aquellos que gravan la compraventa
El propio Gobierno ya sugirió sus intenciones en el Programa de Estabilidad, donde se indica que el Ejecutivo abordará “el incremento de los impuestos por uso frente a los que gravan la transmisión de la propiedad”. La misma idea se recoge también en el informe de los expertos sobre la reforma fiscal, que abogaban por reducir la fiscalidad a la compraventa de viviendas a cambio de incrementar el coste tributario de la propiedad. De hecho, los expertos llegaron a proponer la supresión del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), tributo autonómico que grava la compra de casas de segunda mano y cuyo tipo se mueve entre el 6,5% y el 10%, en función de la comunidad autónoma. El comité de sabios sostiene que esta medida es factible a largo plazo a cambio de aprobar un catastrazo en toda regla que elevaría la factura del IBI.
Detrás de estas recomendaciones subyace la evidencia de que los tributos que gravan la mera tenencia de viviendas han logrado soportar la crisis frente aquellos que se aplican sobre la compraventa. Un ejemplo de ello es el IBI, el único impuesto del sistema fiscal cuya recaudación no ha retrocedido nunca desde que se instauró en 1989. Ello ha ayudado a que los ayuntamientos –que son los encargados de ingresar el impuesto– acumulen dos ejercicios consecutivos con superávit. En cambio, las comunidades han visto como la recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales pasaba de aportar en 2006 más de 10.000 millones a representar hoy menos de 4.000 millones.
Hacienda entiende que la reforma fiscal debe servir para reducir la presión fiscal sobre determinadas fuentes de renta (especialmente las del trabajo) sin poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Los números rojos del conjunto de la Administración alcanzaron los 67.755 millones y el compromiso pasa por rebajar este importe hasta los 30.900 millones en 2016. Supone un reto importante y exige que la recaudación que se pierda por la rebaja del IRPFse compense por el mayor crecimiento económico y también por los cambios en la fiscalidad patrimonial.
La idea de fijar un tipo mínimo en el impuesto sobre sucesiones en todas las comunidades gusta en Hacienda
La reducción del IRPF supondrá la medida estrella de la reforma. Los actuales siete tramos –con tipos que van del 24,75% al 52%– se reducirán a un máximo de cinco. El tipo mínimo bajará del umbral del 24%. Ello significa que el gravamen que se aplica al primer tramo será inferior al que había al inicio de la legislatura cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy elevó entre 0,75 y siete puntos los tipos impositivos del IRPF. Supuso el mayor incremento registrado en democracia. Esa subida fiscal se revertirá con creces para los primeros escalones, pero no para las rentas más elevadas, cuyo marginal no se reducirá, el menos en 2015, en los mismos siete puntos de subida registrados en 2012. En cualquier caso, el impuesto es progresivo y la reducción beneficiará en mayor o menor medida a todos los contribuyentes.
El otro gran cambio del IRPF que incluirá la reforma fiscal será el aumento de los mínimos personales y familiares, es decir, la parte de renta que se considera exenta porque se entiende que se destina a cubrir las necesidades básicas del contribuyente. Hacienda elevará sensiblemente los mínimos para las familias con hijos y con mayores a cargos. Rajoy también avanzó que aquellos que ganen menos de 12.000 euros al año estarían exentos de tributar por el IRPF.
Junto a los cambios en la fiscalidad patrimonial, la rebaja del IRPF se compensará con incrementos de tributos medioambientales e impuestos especiales. También, está previsto un aumento del IVA de ciertos productos sanitarios en cumplimiento de una sentencia de la UE. La duda estriba en si se verán afectadas las gafas graduadas.
Por otra parte, en Hacienda ha gustado la recomendación de los expertos de establecer un tipo mínimo en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en todas las comunidades. Actualmente, las comunidades tienen amplia competencia sobre el tributo y algunas como la Comunidad de Madrid han optado por bonificar al 99% las herencias y donaciones entre familiares directos.
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