El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (Conetrans), Ovidio de la Roza, ha solicitado a la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que «investigue y ataje» las situaciones de «absoluto dominio» que considera que se están registrando en el sector.
En una carta dirigida a las administraciones y operadores del sector, denuncia que estas situaciones de dominio «por parte de determinados operadores de transporte y no pocos cargadores son las que están destrozando las reglas del mercado y de las buenas prácticas».
De la Roza considera que Competencia «yerra el tiro» en una actuación «cuando menos equivocada o mal enfocada», en relación a la multa que este organismo impuso a Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y a la Federación Catalana de Transportes de Barcelona (Transcalit) por una recomendación de precios colectiva. Imposible pactar En opinión del presidente de Conetrans, los transportistas o sus asociaciones «jamás han concertado precios, «entre otros motivos porque resulta prácticamente imposible pactar nada que no sea a la baja en cuestión de precios con los clientes o los operadores».
En este sentido, en su carta denuncia los «tiburones» que están entrando en el sector, «los denominados operadores de transporte». Según indica, ofrecen «espectaculares y temerarias bajadas de unos precios ya de por sí depauperados a causa de la crisis».
«Se trata de operadores que ni siquiera cuentan con un sólo camión. Se limitan a subcontratar las cargas conseguidas a la parte más débil del transporte, a los autónomos y a las pequeñas empresas, que llevados por la desesperación no pueden sino aceptar sus humillantes condiciones», explica De la Roza.
Según asegura, todo ello, además del rechazo de los cargadores a negociar «asuntos transcendentales» como la cláusula de revisión de precios o los plazos de pago, está llevando al sector a una situación «extrema».
Por ello, el presidente de la patronal del sector llama a las administraciones públicas a «instaurar una normativa y una inspección eficaces contra las malas prácticas y los abusos».
Fuente: Eleconomista.es (3/4/13)
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