Cientos de miles de inversores españoles se encuentran atrapados en los llamados bonos patrióticos ante la dificultad de venderlos en el mercado, donde apenas hay ofertas de compra y donde las transacciones se saldan incluso con pérdidas del 15%.
Entre 2011 y principios de 2012, solo la Generalitat de Cataluña y la Valenciana emitieron 8.801,76 millones en bonos destinados a pequeños ahorradores.
En el mercado secundario de deuda, donde los inversores negocian con estos activos, las operaciones que se consiguen cerrar son muy reducidas, como prueba el hecho de que la negociación diaria rara vez llega a 50.000 euros, frente a los millones de euros que mueven otros títulos de deuda.
Además, los precios nunca alcanzan la inversión inicial por la necesidad perentoria de vender de algunos ciudadanos y «la existencia como únicos interesados de especuladores que ven la posibilidad de obtener una buena plusvalía», explica el profesor de Economía del Instituto de Empresa, Juan Carlos Martínez Lázaro.
Por ejemplo, los bonos catalanes que se emitieron en abril de 2011 con un plazo de amortización de dos años se vendieron la semana pasada a un precio del 87,1% (con pérdidas cercanas al 13% para el inversor inicial), lo que supone para el comprador una rentabilidad del 15,5%, propia de los activos de alto riesgo.
En el caso de los bonos valencianos emitidos en diciembre de 2011 con vencimiento a un año, el rendimiento para los compradores llegó la semana pasada al 24,59%, mientras que el vendedor sufrió una pérdida cercana al 7%.
Peor lo tienen los inversores en bonos de otras Comunidades Autónomas como Andalucía o Murcia, con los que directamente no se registran transacciones, según datos de Bolsas y Mercados. La única salida es mantenerlos En una empresa de intermediación recuerdan que los bonos patrióticos tienen una percepción de riesgo mucho más alta que la del Estado español, que ya de por sí es elevada teniendo en cuenta la situación de la economía.
Ante la iliquidez del mercado y las malas condiciones de las operaciones, la única salida para los inversores es mantener los bonos hasta su vencimiento, ya que su pago está asegurado de momento.
«El Gobierno no va a permitir que las Comunidades Autónomas dejen de pagar su deuda porque ello supondría sembrar aún más dudas sobre la capacidad de pago de España», señala el analista de CM Capital Markets, Jorge Lage.
El conseller de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana, Máximo Buch, insiste en que «es evidente que existe escaso riesgo de default», ya que «el Ejecutivo central durante los últimos seis meses ha dado diferentes muestras de apoyo a las Comunidades Autónomas asegurando que no va a dejar caer a ninguna de ellas», como muestran los diferentes mecanismos de liquidez puestos a su disposición.
La Generalitat de Cataluña también ha recordado recientemente que la devolución del dinero invertido en bonos tiene «prioridad» frente a otros pagos.
En cualquier caso, algunos expertos creen que el negocio de colocar bonos patrióticos entre los ciudadanos de a pie está al borde de la extinción, dado que sus altos intereses son ya insostenibles, la inseguridad se ha extendido entre el público en general y hay multitud de atractivas alternativas para colocar los pequeños ahorros.
Fuente: Eleconomista.es (13/8/12)
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