El régimen laboral y fiscal de los trabajadores autónomos es muy particular. Su situación al margen del Régimen General de la Seguridad Social, en el que están todos los asalariados, ha hecho que la equiparación de los autónomos con los demás sea un proceso lento. Tanto con el PSOE como con el Partido Popular.
Para la Administración, los autónomos son un colectivo heterogéneo y disperso, de difícil control. Imposible llegar a los millones de pequeños negocios que hay por toda España. Por esta razón, los sucesivos Gobiernos han tenido mucho cuidado en cada medida que han tomado para favorecer a este colectivo. Como si estuvieran marcados por un cierto estigma del fraude.
Sin embargo, legislatura a legislatura, los autónomos se han convertido en uno de los colectivos más mimados por los partidos políticos. Son más de tres millones de personas y sus familias. Un caladero muy importante de votos. En este contexto es en el que las diversas formaciones políticas y las propias organizaciones del sector están de acuerdo en corregir el régimen de cotización a la Seguridad Social que tienen estos trabajadores.
Es una reforma profunda, pero muy necesaria, porque es una de las razones del desequilibrio financiero del sistema de protección social. Se trata de que la aportación de los autónomos a la protección social se vaya equiparando de forma paulatina a los rendimientos que tienen. Dicho de otra manera, que se asemeje más al modelo del Régimen General, donde la cotización se hace aproximadamente en función del salario, con unas bases y unos topes que son obligatorios. Es decir que el trabajador por cuenta ajena no puede elegir la base por la que cotiza a la Seguridad Social, como si ocurre entre los autónomos. Como explica Sebastián Reyna, secretario general de UPTA, lo que pide el colectivo “es un modelo más justo y más progresivo”.
Una cotización en función de los ingresos
El último informe que ha enviado el Gobierno a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo es muy claro sobre el desequilibrio que hay entre los ingresos que proporcionan los autónomos a la Seguridad Social y el gasto en prestaciones que suponen.
Las cotizaciones de este colectivo suponen actualmente en torno al 60% del gasto en prestaciones. En 2015, los ingresos fueron 10.971 millones frente a los 18.285 millones de euros de las prestaciones. El desequilibrio ha ido creciendo, teniendo en cuenta además la incorporación de muchos trabajadores del régimen agrario. En 2009, los ingresos suponían el 81% del gasto en prestaciones. Es decir, veinte puntos más que ahora.
Es más, el 83% de los trabajadores autónomos cotiza por la base mínima, que está, en función de la edad, entre los 893 euros y los 963 euros mensuales. Peor, con una cotización efectiva de entre 236,87 euros y 255,27 euros mensuales. En consecuencia, la base media del régimen de autónomos es un 40% inferior a la del Régimen General de la Seguridad Social.
Incluso, los años de contribución de los autónomos son muchos menos que en los asalariados. Sólo el 40% de los primeros completan los 35 años de cotización exigidos hasta la reforma de 2011 para cobrar la totalidad de la pensión, frente al 67,82% de los trabajadores del régimen general. Por esta razón, muy pocos autónomos generan pensiones superiores a las mínimas, lo que obliga a la Seguridad Social a complementar las prestaciones. Es decir, un nuevo gasto adicional.
Por todas estas razones, urge una reforma del régimen de autónomos de la Seguridad Social. Pero no sólo para aumentar las aportaciones de estos trabajadores, sino también para corregir algunas situaciones de injusticia que está produciendo el modelo. Por ejemplo, que el trabajador con unos ingresos altos esté pagando la misma base mínima que el que tiene ingresos inferiores a 600 euros, por debajo incluso de la base de 900 euros.
Fuente: Expansion.com (16/5/16) Pixabay.com
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