Los hogares en los que resida el administrador de una sociedad están excluidos del ingreso mínimo vital (IMV). Así figura en el Real Decreto-ley 20/2020 que publicó el lunes en el BOE el Gobierno por el que se crea esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social. El artículo 8 del RDL excluye a estos trabajadores de la prestación, lo que significa que los autónomos societarios no podrán solicitarla.
Esta decisión ha caído como un jarro de agua fría en el colectivo, ya que en muchos casos se trata de trabajadores muy precarios que podrían cumplir los requisitos de ingresos fijados por el Gobierno para acceder a la prestación. En concreto, el BOE señala que estarán excluidas del ingreso mínimo vital “las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil”.
Esto significa que los autónomos que se constituyan a través de una sociedad mercantil, esto es, una pequeña empresa, no podrán acceder a esta ayuda. El colectivo de administradores societarios es muy amplio, y va desde directivos por cuenta ajena con un salario muy elevado a pequeños autónomos precarios. Es evidente que los primeros no podrían acceder a la prestación del ingreso mínimo vital, dado su nivel de renta. Y tampoco podrían solicitarla aquellos autónomos que tengan una pequeña empresa rentable, ya que sus ingresos serán superiores al umbral mínimo.
El problema está en los autónomos que tengan un pequeño negocio precario o cuyos rendimientos sean muy irregulares a lo largo del año. En ese caso, esta prestación podría haber supuesto una ayuda, pero no va a ser así. “El Gobierno se está dejando muchos flecos sueltos con los autónomos”, denuncia Eduardo Abad, presidente de la asociación de autónomos UPTA.
No es comprensible que el ingreso mínimo vital deje fuera a los societarios
Abad alerta de que existen muchos autónomos constituidos con sociedades mercantiles que viven en una situación muy precaria. “No podemos seguir esperando ni un minuto más a que el Gobierno dé una solución, porque no es comprensible que el ingreso mínimo vital deje fuera a los societarios”, denuncia del presidente de UPTA, “hay muchos autónomos fijos discontinuos que son societarios, y estos están en una situación verdaderamente complicada”.
Con el término ‘autónomo fijo discontinuo’ crea un paralelismo con el ‘contrato fijo discontinuo’. Se trata de trabajadores de temporada, que trabajan durante un determinado periodo cada año, la mayoría vinculados a las temporadas turísticas. Durante esta campaña de verano, la actividad será muy reducida, por lo que muchos autónomos societarios no podrán incorporarse a la actividad o lo harán a medio gas.
Como no estaban de alta en la Seguridad Social antes del inicio de la pandemia, no tienen derecho a percibir la prestación del cese de actividad y ahora también se ven excluidos del ingreso mínimo vital. En el caso de los asalariados fijos discontinuos, sí tienen derecho a una ayuda extraordinaria creada por el Gobierno, pero no así los autónomos. “No tiene ningún sentido que el contratado tenga una ayuda del Estado y que el autónomo que contrata no tenga nada”, lamenta Abad.
“Son más de 30.000 autónomos ‘fijos discontinuos’ afectados por la crisis del coronavirus y están en una situación realmente dramática”, explica el presidente de UPTA. De ahí que reclame al Gobierno la creación de una prestación excepcional para este colectivo durante los meses de verano que no van a poder trabajar con normalidad. “Muchos de ellos ingresan en estos meses de verano toda la renta anual, por lo que es una tragedia que no puedan percibir ninguna ayuda”, señala Abad.
En paralelo a estas reclamaciones, las asociaciones de autónomos centran su foco de atención en la negociación para la ampliación del cese de actividad. El Ministerio de Seguridad Social ha comunicado a estas organizaciones que ampliará el cese de actividad más allá del 30 de junio, aunque no será ‘café para todos’, sino que las ayudas se repartirán por sectores en función del impacto de la crisis.
La Seguridad Social pretende que estas ayudas no sean un desincentivo a la actividad, de modo que no quiere que se prolonguen en exceso en el tiempo. Al contrario, la intención es que estas ayudas sean, al mismo tiempo, un acicate para retomar la actividad. De ahí que la retirada de ayudas tenga que diseñarse para fomentar la vuelta a la normalidad, pero sin afectar a los sectores que realmente no abren porque no pueden.
El cese de actividad está garantizado hasta el 30 de junio, ya que el RDL que lo puso en marcha establecía que se mantendrá en vigor hasta el último día del mes en que se levante el estado de alarma. Esto significa que, aunque ya no haya más prórrogas, el cese de actividad extraordinario durará todo el mes. A partir de este momento, las prórrogas adicionales se harán por sectores y está por determinar cuánto tiempo se prolongan.
Fuente: Elconfidencial.com (2/6/20) Pixabay.com
