Las víctimas de un accidente de tráfico podrían tener que pagar impuestos por las indemnizaciones que reciban. Esta situación, que nunca antes se ha dado en España, será una realidad si sale adelante el anteproyecto de Ley de medidas de Eficiencia Procesal, impulsado por el Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros le dio el visto bueno en diciembre de 2020 y se encuentra en una fase prelegislativa, por lo que el departamento que encabeza Pilar Llop, se ha mostrado abierto a modificar ese proyecto, después de que este periódico publicase la información.

«Una vez más, el Gobierno recurre a una modificación legal en otro terreno para colarnos una medida de tipo recaudatorio» denuncian desde Anava-RC, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. La asociación ha enviado sendas cartas de protesta tanto al Ministerio de Justicia como a la Dirección General de Seguros. Por ahora no han tenido una repuesta a su denuncia, respaldada también por la Fiscalía General de Seguridad Vial.

Cambio en las amistosas

En concreto, claman contra la modificación que recoge la Disposición final segunda del anteproyecto de ley. En ella se mantiene sin cambios el apartado que dice que estarán exentas de tributar en el IRPF las indemnizaciones dictadas por un juzgado. Pero, como novedad, exige que en aquellas que se alcancen por un pacto amistoso entre las partes (normalmente con la aseguradora) intervenga «un tercero neutral» que haga de mediador y «que el acuerdo se eleve a escritura pública».

Son dos requisitos que nunca antes se han planteado, completamente indefinido el primero, y que supondrán gastos que detraer a la cantidad que correspondiese a la víctima o a sus familiares. La otra alternativa, no cumplir esas condiciones, supondría pagar impuestos por el dinero recibido «aunque ni siquiera se sabe si en un porcentaje fijo o escalado de acuerdo a los ingresos del contribuyente» precisa Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.

Desconocimiento del baremo

«La iniciativa muestra un desconocimiento absoluto de la Ley del Baremo de 2015, que establece que las indemnizaciones deben procurar el resarcimiento total de la víctima tras los perjuicios sufridos» aclara Castellanos. «Además, esa norma también promueve que se alcancen acuerdos entre las partes para descongestionar los tribunales, lo mismo que busca el anteproyecto de ley. En cambio, el efecto será el contrario».

Porque al accidentado, o a sus familiares, solo le quedarán dos opciones para no ver reducida, vía impuestos, la cantidad que recibe en compensación. Una, lograr que la aseguradora pague los gastos extras que supone contratar el arbitraje y formalizar la escritura. Fracasada esta vía, judicializar el procedimiento. Esto generaría «un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada Administración de Justicia».

Afan recaudatorio

El problema, afirma Castellanos, es que «alguien ha leído compensación patrimonial y ha pensado directamente en recaudar más». Porque, desde el punto de vista fiscal, estos pagos nunca se han considerado como un incremento patrimonial, sino como una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente. Daños que pueden ser de tipo personal, morales, en forma de lucro cesante o en los bienes, empezando por el caso de tener que reparar el automóvil propio.

El objetivo último del actual sistema es que quien sufre un siniestro de tráfico quede, en la medida en que lo permite la norma, en la misma posición que estaba antes de tener el accidente. «Es como si, en un seguro del hogar, se nos quema la cocina y teníamos contratada una póliza de 20.000 euros. Ese dinero que nos pagan nunca nos hará más ‘ricos’, es simplemente para que volvamos a tener cocina» pone como ejemplo el presidente de los abogados de las víctimas.

Al estar en fase de tramitación, todavía hay tiempo para frenar el proyecto, por lo que la asociación ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Justicia en la que también estén presentes el resto de asociaciones de víctimas de accidentes y de abogados de víctimas a nivel nacional.

Fuente: elmundo.es (13/1/22) pixabay.com