El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, lo ha bautizado como una “autolicencia exprés”. Será el nuevo sistema de apertura de los comercios de menos de 300 metros propiedad de una persona o una pyme: los propietarios podrán abrir el comercio solo con un informe técnico, una declaración de responsabilidad y el pago de las tasas municipales correspondientes. Podrán iniciar la actividad y serán los ayuntamientos quienes deban revisar después e inspeccionar que todo está en orden.
“Es como cuando un ciudadano hace la declaración de la renta. La entrega y firma haciéndose responsable de que lo que pone en los papeles es cierto. Luego es la Agencia Tributaria quien se encarga de investigar si hace falta”, ha explicado García-Legaz. «Se sustituye un sistema de licencias a priori por otro de control a posteriori», ha añadido. La nueva normativa sobre aperturas de pequeños comercios, señala, será tramitada como ley. Espera que llegue al Congreso en marzo y que en junio esté funcionando.
El objetivo, defiende García-Legaz, es acelerar las aperturas y abaratarlas.Según el secretario de estado, desde que un empresario elige un local hasta que puede abrir pasa mucho tiempo, muchas veces más de un año. Con la apertura automática, dice, podrá comenzar a ganar dinero el primer día y no pagar un alquiler o una hipoteca sin poder trabajar. Además, ha apuntado, cree que la normativa reducirá la corrupción, ya que, según ha citado, la Operación Guateque (un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid relacionada con los sobornos para la apertura de locales) no se hubiera producido si abrir un negocio fuera más sencillo.
Se podrán acoger a la legislación exprés los comercios como peluquerías, mercerías, tiendas de comestibles, pastelerías o de textil entre otras. Quedan fuera, según ha apuntado la directora general de comercio interior, Carmen Cárdeno, la hostelería y los comercios de artículos peligrosos o relacionados con la salud.
Polémica por las trabas autonómicas
La próxima semana, ha comentado el secretario de Estados, se celebrará una mesa bilateral con las comunidades autónomas para tratar la futura legislación. Tanto García-Legaz como Cárdeno han señalado esta mañana que en el caso de Cataluña y Andalucía se han detectado normativas comerciales que podrían incumplir la legislación de la Unión Europea, por lo que se instará a sus Gobiernos a eliminarlas. El Gobierno, apunta la directora general de Comercio, ya ha explicado a Bruselas que las normativas de las comunidades son responsabilidad de las mismas, por lo que si hay multas, es a las propias comunidades a las que deben cargarles las sanciones.
Ante la pregunta de qué ocurrirá si la nueva ley estatal de aperturas se solapa con una ley autonómica que exija más documentos para abrir, García-Legaz ha apuntado que consideran que la Constitución ampara al Gobierno a la hora de imponerse. La Generalitat catalana ha expresado su malestar ayer por no haber recibido ninguna información de los planes del Gobierno en materia de comercio. recordó que en esa comunidad ya se permite abrir de modo exprés a los comercios de menos de 2.500 metros.
Fuente: Elpais.com (17/5/12)
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