La historia de Repsol en YPF se remonta a 1999, pero la compañía tiene una trayectoria mucho más larga. Nació en 1922 con el nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales para aunar los descubrimientos de petróleo en Argentina y pronto se convirtió en una de las referencias de la identidad nacional.
La historia de Repsol en YPF se remonta a 1999, pero la compañía tiene una trayectoria mucho más larga. Nació en 1922 con el nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales para aunar los descubrimientos de petróleo en Argentina y pronto se convirtió en una de las referencias de la identidad nacional.
1.- ¿Cómo llegó Repsol a su accionariado?
El Gobierno argentino comenzó a privatizar paquetes de YPF a principios de la década de los noventa del siglo pasado. Asfixiado por una crisis que se hizo galopante hacia final de siglo, los intereses del país confluyeron con los de Repsol, deseosa de dar el salto internacional y convertirse en una empresa con base petrolera real. Y así se llegó a 1999. Repsol entró en el mes de enero de ese año en el accionariado de la petrolera argentina. Compró al Estado del país austral el 14,9% del capital y después lanzó una opa por el resto. En total, desembolsó unos 13.500 millones de dólares de la época para hacerse con el 83% de la compañía.
2.- ¿Por qué tiene ahora mucho menos?
En estos momentos, el capital de Repsol en YPF se ha reducido al 57%. Un 25% está en manos del empresario Enrique Eskenazi, elegido en su momento por el Gobierno para argentinizar la gestión de la compañía petrolera. Otro 18% cotiza en Bolsa, después de sucesivas ventas de acciones.
3.- ¿Qué expropia el Estado argentino?
El 51% de las acciones de YPF pasarán a manos del país si sale adelante el proyecto remitido al Congreso por la presidenta del país, Cristina Fernández. Para que eso suceda, se necesita una mayoría de dos tercios. Y solo Repsol se verá expropiada. El resto de los accionistas se queda como está.
4.- ¿Cuánto pagará Argentina?
El proyecto de expropiación dice poco al respecto. El artículo 12 del documento remitido al Congreso se limita a consignar que «el precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme a lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la ley 21499. La tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación». Pero la solución no será tan fácil. El valor, según ha adelantado Cinco Días, está tasado y asciende a 18.000 millones de dólares (más de 13.600 millones de euros) por el 100%, a razón de 47,18 dólares por acción. Esa tasación está escrita en el artículo 7 de los estatutos de YPF, que reproduce a su vez la Ley de Privatización de YPF. En él se establece que la contraprestación en el caso de una opa (a lo que está obligado cualquiera que quiera hacerse con más del 14,9% del capital) será el precio más elevado que resulte de varios supuestos, como, por ejemplo, el valor promedio de los dos últimos años o el precio mayor pagado en los últimos 30 días.
Más allá de los estatutos de YPF, que fueron consensuados con el propio Gobierno en 1993 durante su proceso de privatización para dar seguridad a los inversores, también existen normas internacionales, que están muy claras en el caso de países como Argentina y España, que mantienen un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri). Según fuentes jurídicas, el Gobierno argentino «está en su derecho a expropiar YPF por razones estratégicas», pero debe pagar por ella el precio de mercado «anterior a que se desataran los rumores que provocan que su cotización se derrumbe». Y en este caso de Repsol, que tiene un 57%, debe pagar una compensación por la prima de control.
5.- ¿Qué supone YPF para Argentina?
El control de YPF da al Gobierno argentino el acceso a las reservas de petróleo del país en propiedad de la filial de Repsol, al 34% de la producción nacional de hidrocarburos y a más del 50% de la capacidad de refino del país. Pero, sobre todo, le permite acceder a los ansiados pozos de Vaca Muerta, el yacimiento cuyo descubrimiento es una de las claves de todo lo que está pasando en estos momentos, según muchos analistas. Y es que ha sido el potencial que encierra este yacimiento el que ha despertado las ansias argentinas, mucho más que la argumentada falta de inversiones de Repsol en su filial.
6.- ¿Y para Repsol?
Todo depende del precio, pero a no ser que sea elevado, las pérdidas para la compañía española pueden ser cuantiosas. El año pasado, el resultado de explotación de YPF ascendió a 1.231 millones; el de Repsol, mientras, se quedó en 4.805 millones. Es decir, la argentina aportó el 25% del beneficio de explotación de la española.
Pero los daños no se quedan ahí. Primero, porque existe el potencial que el yacimiento de Vaca Muerta deja entrever y que todavía no está en cifras. Segundo, porque vacía a Repsol de su principal negocio. Y es que YPF supone más del 50% de la producción de la española y más del 40% de sus reservas.
7.- ¿Cuáles son las cifras de YPF?
La todavía filial de Repsol emplea a 46.000 personas de forma directa e indirecta. Dispone de 1.600 estaciones de servicio repartidas por el país, pero su verdadera fortaleza está en otra parte. YPF es el principal productor de hidrocarburos de Argentina, con una producción diaria que supera los 530.000 barriles equivalentes de petróleo, según las cifras de 2010, y acumula el 52% de la capacidad de refino del país.
8.- ¿Quién la gestionará ahora?
El Estado argentino tomará el 51% de YPF en manos de Repsol y lo repartirá con las llamadas provincias petroleras. A partir de ahí, «el 51% pertenecerá al Estado nacional y el 49% restante se distribuirá entre las provincias integrantes de la organización federal de estados productores de hidrocarburos», consigna el artículo 8 del decreto de expropiación.
Eso es lo que dice el documento, pero la presidenta lo ha explicado de otra manera. «El modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental. [YPF] no será manejada por un grupo empresarial nacional ni internacional, sino por el Estado», ha asegurado Cristina Fernández en el discurso donde ha anunciado la expropiación. Para conseguirlo, la mandataria ha designado dos interventores para la petrolera: el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Fuente: Cinco Días (16/4/12)
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