La Seguridad Social ha lanzado una campaña de envío masivo de cartas a empresas y autónomos a los que avisa de que ha detectado que sus contratos a tiempo parcial no se ajustan a la realidad. En estas misivas, la Seguridad Social exhibe que conoce los detalles de los contratos y que duda de los reducidos coeficientes de tiempo parcial que recogen, ya que le parece que estos trabajadores estén realizando jornadas de más horas. Y advierte a las empresas de que si el contrato no recoge lo que realmente trabaja el empleado, deben regularizar esta situación. Si no lo hacen, serán objeto de una inspección y se arriesgan a sanciones de hasta 6.250 euros por trabajador, que se sumarían al 100% de lo dejado de cotizar, más un recargo por ingreso fuera de plazo, intereses y costas. Así lo plantean estas comunicaciones, a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que han recibido numerosas empresas medianas y pequeñas y autónomos de sectores como hostelería y servicios y comercios.
Estas cartas se están recibiendo cuando se cumplen cuatro meses de la entrada en vigor del registro diario de jornada, que quiere aflorar las horas de más que se trabajan sin que se reflejen en los contratos ni se retribuyan. Se enmarcan dentro del Plan director por un Trabajo Digno, que pretende luchar contra la utilización indebida de la contratación a tiempo parcial.
Roberto Ruiz, asesor de CE Consulting, recomienda a las empresas regularizar en los casos en que los trabajadores trabajen más horas que lo que dice el contrato y analizar en todo caso que se lleva correctamente el registro horario.
Esta nueva obligación laboral entró en vigor el 12 de mayo con una redacción breve y ambigua, con lo que la incertidumbre cunde entre las empresas. Varios colectivos han reclamado a Trabajo que se les exima dadas las peculiaridades de sus respectivas profesiones, entre ellos, abogados, farmacéuticos, pescadores, pymes y autónomos. El autónomo ha quedado exento según una Guía que publicó Trabajo, pero no el autónomo con trabajadores, cuyas patronales insisten en que no pueden cumplir con esta obligación, así como las pymes, que han señalado las dificultades a que se enfrentan con su tamaño y medios. Sin éxito. Autónomos y pymes son precisamente los destinatarios de las cartas de la Inspección.
Las misivas explican que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social ha puesto en marcha un segundo Plan de Choque contra el fraude en el uso de contratos a tiempo parcial dirigido a aquellas empresas en las que se ha detectado un número elevado de las contrataciones con coeficientes a tiempo parcial muy reducidos, siendo ello discordante con la actividad empresarial desarrollada.
La Inspección advierte de que ha consultado a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude la relación de trabajadores contratados a tiempo parcial en la empresa y el código de cuenta de cotización. A continuación, la carta presenta un cuadro con una lista de nombres, apellidos, NIF, clave de contratos, coeficiente a tiempo parcial y fecha de inicio de la prestación de servicios.
Este modus operandi le parece a Roberto Ruiz el mismo que ha utilizado la Agencia Tributaria (AEAT) en sus cartas a pymes y autónomos de la pasada primavera, en la que les advertía de que sus declaraciones de ingresos despertaban sus sospechas por no ajustarse, a juicio del Fisco, a los estándares medios del sector que ha fijado: «Lo sabemos todo» es el mensaje de las misivas de la AEAT y ahora de las de la Seguridad Social (ver información adjunta).
Las cartas de la Seguridad Social solicitan que en el caso de que los coeficientes declarados no sean ajustados a la realidad, la empresa proceda a comunicar de manera inmediata la jornada de trabajo efectivamente realizada por los trabajadores desde la fecha en que se haya constatado el desajuste entre la jornada declarada y la efectivamente realizada. Igualmente, deberá ingresar las liquidaciones correspondientes a la Seguridad Social por esos mismos trabajadores por las diferencias de cotización que resulten. Y se informa a la empresa de que habrá inspecciones si no lo hace y que los incumplimientos de este tipo se consideran infracción grave en materia laboral en el artículo 7.5 en la Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social e infracción grave en materia de Seguridad Social en el artículo 22.3 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.
Estas infracciones graves acarrean sanciones de entre 626 y 6.250 euros por trabajador, que se suman a entre el 50% y 100% de lo que la Seguridad Social haya dejado de ingresar. Alfredo Aspra, socio director de Laboral de Andersen Tax & Legal, señala que en la práctica se traduce en que, por ejemplo, si un trabajador a tiempo parcial está dado de alta la mitad de la jornada (cuatro horas) y realmente se comprueba que son ocho las horas que trabaja, la Seguridad Social podría reclamar el importe dejado de cotizar de la mitad de la jornada con el límite de la prescripción, de cuatro años (esto podría ser entre el 50% y 100%), más, en su caso, el recargo (20%) por ingreso fuera de plazo más intereses y costas.
Aspra augura que este tipo de actuaciones «desincentivarán los contratos a tiempo parcial», y recuerda que el Estatuto de los Trabajadores dice que los trabajadores a tiempo parcial no pueden hacen horas extraordinarias salvo supuestos muy excepciones. «Si a través del registro de jornada se comprueba por la Seguridad Social cualquier variación, por mínima que sea, entre el horario real realizado por el trabajador y el consignado en su contrato, la consecuencia inmediata podría ser abandonar esta fórmula de contratación, con las consecuencias negativas que podría implicar en la creación de empleo», alerta.
El «modus operandi», como el de Hacienda
Las cartas que está enviando la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social se parecen mucho a las que mandó la Agencia Tributaria en primavera a autónomos y pequeños empresarios, a los que advertía de que sus declaraciones de ingresos y los importes de las entradas en sus cuentas bancarias y los cobros en tarjeta despertaban sus sospechas por no ajustarse, a juicio del Fisco, a los estándares medios del sector. En las misivas, avisaba de que si las inconsistencias persistían, el riesgo fiscal que representaban podría dar lugar a inspecciones. El Fisco ofrecía márgenes brutos y netos del contribuyente y alertaba de que tenía información de entradas y salidas totales de todas las cuentas bancarias, tanto de personas físicas como de entidades. Fiscalistas y autónomos denunciaron sentirse amenazados.
Fuente: Expansion.com (13/9/19) Pixabay.com
