Entre 100.000 y 115.000 empleados públicos podrían ser despedidos como consecuencia de la reforma de la administración local, según estima la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), aunque ha precisado que éstos también podrían ser trasladados a otra Administración local o ver modificadas sus condiciones laborales.
En un encuentro con los medios de comunicación, el presidente del sindicato, Miguel Borra, ha explicado que el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno recientemente afecta «de manera troncal» a las condiciones laborales de más de medio millón de empleados públicos, «pero lo hace de forma más directa en unos 115.000».
Las cifras del CSI-F son menos negativas que las del PSOE. El secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Gaspar Zarrías, aseguró el pasado 9 de febrero que la reforma de la administración local prevista por el Gobierno provocará la pérdida de más de 200.000 empleos públicos, además de suponer «un verdadero desmantelamiento» de los ayuntamientos. En contra de las privatizaciones Aunque ha reconocido aspectos «positivos» en el texto, en líneas generales, CSI-F se ha mostrado en desacuerdo con este proyecto de ley «porque abre la puerta a la privatización de los servicios públicos y pone en riesgo puestos de trabajo». Por ello, ha reclamado su negociación «urgente» en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Para la organización, con esta reforma «se está perdiendo la oportunidad histórica para definir la función de la Administración española». CSI-F ha apostado por que se establezca un catálogo con las funciones que pueden desarrollar las administraciones y con las que no.
«En estos años, los ayuntamientos y comunidades autónomas se han gastado todo lo que recaudaron con el ‘boom inmobiliario’, se han endeudado hasta límites insospechados con los bancos y han dejado de pagar a sus proveedores», ha recordado Borra, quien cree que hay que establecer «de una vez» un coto «al arbitrio del político de turno en cuanto a las acciones de las administraciones».
Asimismo, ha subrayado que los servicios sociosanitarios o los de seguridad son «esenciales» para la población, «por lo que no deberían externalizarse ya que solo las administraciones públicas pueden garantizar su calidad».
Entre los aspectos que ve «positivos», ha destacado la reducción del número de asesores propuesta por el Gobierno, aunque la considera «insuficiente para afrontar el grave problema de derroche y gastos superfluos que afecta a las administraciones». En este sentido, ha señalado que «hubiese estado bien conocer el número exacto de asesores que hay ahora mismo en España, pues es difícil acceder a esos datos». Según sus cálculos, actualmente habría unos 20.000 asesores en la Administración española. Destrucción de empleo CSI-F ha remarcado su temor ante los posibles despidos que esta reforma del ámbito local podría acarrear, «al igual que una merma de la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos». Por este motivo, ha recalcado su intención de defender los servicios que entiende que la Administración local debe desarrollar.
Además, el sindicato ha avisado de que no aceptará la modificación «unilateral» de las condiciones de trabajo de los empleados locales, por lo que ha exigido garantías sobre la estabilidad laboral del colectivo.
«Nosotros estamos dispuestos a negociar todo, pero siempre teniendo en cuenta que hay servicios que solo pueden prestar las administraciones públicas», ha reiterado Borra. En cuanto a la reunión que mantendrán mañana en Moncloa con el consejo asesor para la reforma de la Administración Pública, ha reconocido que solo han recibido la convocatoria, «sin orden del día».
No obstante, ha afirmado que el sindicato va con «espíritu constructivo para demostrar al Gobierno que quiere participar en todo lo que está haciendo». CSI-F quiere que este encuentro suponga el «pistoletazo de salida» para más reuniones y una mayor participación de la organización.
Fuente: Eleconomista.es (26/2/13)
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