“¿Por qué tenemos que pagar los platos rotos de una fiesta a la que ni siquiera hemos estado invitados?». Esta es la pregunta expresada de forma doliente por el presidente de la Central Sindical de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, sindicato mayoritario del sector, tras constatar que la reforma laboral, a su paso por el Congreso, mantiene indeleble la disposición para despedir a empleados públicos. Un colectivo de algo más de 700.000 empleados públicos y trabajadores laborales que prestan su servicio en la Administración General, en las comunidades autónomas y en los Ayuntamientos están afectados por la disposición adicional segunda de la reforma laboral que, a su vez, añade otra disposición en el Estatuto de los Trabajadores para que no exista barrera alguna para el despido de empleados públicos. La presión sindical, tanto de la CSIF como de UGT y CC OO continuará en el Senado, hacia donde ahora se dirige la ley, pero las esperanzas se desvanecen.
Se ha intentado en el Congreso a través de enmiendas presentadas por los grupos de la izquierda, pero cayeron en saco roto. Diferentes grupos parlamentarios han defendido sin éxito la supresión de esa disposición adicional en la ley que ha venido a trastocar la vida de los empleados públicos de la Administración. Primero fue la incredulidad; después, el escepticismo y, al final, el miedo. Nadie creía que la apertura de par en par de las puertas del despido que permite la reforma laboral afectara a la Administración, pero como señalan los sindicatos “nadie está a salvo”. Tanto Cándido Méndez, de UGT, como Ignacio Fernández- Toxo, de CC OO y Miguel Borra de la CSIF se han entrevistado con todos los grupos parlamentarios para pedir la supresión de esa disposición. También con el Grupo Popular. “Se estudiará”, les dijeron, pero no ha se movido ni una sola coma de esa disposición que permite el despido del personal laboral por las mismas razones que en la empresa privada. La Reforma Laboral ha regulado la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, ya sea colectivo o individual (despido objetivo) en el sector público.
Además de poder ser despedidos los trabajadores públicos tienen que pechar con la incomprensión de parte de la sociedad que les atribuye privilegios de los que carecen la mayoría de los trabajadores. “Se trata de personas que han entrado en la Administración en virtud de un concurso de méritos y de pruebas selectivas”, defiende Borra. Además, en este amplísimo colectivo de cientos de miles de personas al servicio de las distintas Administraciones, predominan las categorías a las que corresponden sueldos que raramente sobrepasen los 1.100 euros mensuales, recalcan los sindicatos.
A los responsables sindicales les gustaría tener interlocutores gubernamentales para explicarles que en la Administración hace falta modernización y racionalización, como factores que puedan ayudar a coadyuvar la crisis, pero no despidos. “El Gobierno del señor Zapatero no abordó el cambio en la Administración en sus dos últimos años y tampoco lo está haciendo el señor Rajoy; se ve un claro continuismo”, concluye el presidente de la CSIF. Pero los planes de las administraciones siguen adelante y su hilo conductor parte de la supresión de empresas públicas, lo que conlleva despidos de empleados públicos. Todas las autonomías han anunciado despidos de este sector; algunas tienen el plan avanzado como es la Comunidad Valenciana con una previsión de suprimir 3.500 puestos de su Administración. La Junta de Andalucía ha decidido en las últimas horas llamar a los sindicatos a negociar bajada de salarios para evitar despidos. Pero parece que será una excepción.
Otra vía para aligerar la nómina vendrá por los Ayuntamientos. Estos dejarán de prestar servicios que no les eran propios – competencias impropias – por falta de recursos por lo que tendrán que despedir a los empleados que los prestaban. “La gran pagana va a ser la Administración local”, prevé Miguel Borra. “Se va a prescindir del funcionario, del maestro interino, de la enfermera del dispensario, del médico municipal… pero seguro que se mantienen las televisiones locales y los polideportivos” se queja. “Nosotros no somos culpables de la crisis y con el despido de los empleados públicos ésta no se va a solucionar”, insiste el responsable de la central sindical mayoritaria entre los funcionarios. Aunque la tradición o la historia no es el argumento que más se utiliza para defender el puesto de trabajo de estos trabajadores sí es el colofón de las consideraciones de este dirigente sindical: “Se rompe un modelo de relaciones laborales de los empleados públicos en España de más de cien años”.
Fuente: Elpais.com (28/5/12)
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