La habitación que Carlos Fernández ocupa en Ibiza tiene un cierto halo de asepsia. Cama individual, armario nuevo, escritorio impoluto. Todo a estrenar. Pero algo no cuadra en este habitáculo en el que este médico reumatólogo, de 29 años y natural de Murcia, pasa el poco tiempo libre que le queda después de trabajar. La habitación forma parte de las ocho que el Gobierno balear ha puesto a disposición del personal médico desplazado a la isla después de rehabilitar la planta de pediatría del antiguo hospital de Can Misses.
Las posibilidades de encontrar una vivienda de alquiler a largo plazo a un precio razonable hace mucho tiempo que se esfumaron en la mayor de las Pitiusas, lo que ha provocado que médicos, policías y demás funcionarios no quieran ocupar las plazas que quedan vacantes en la isla y las Administraciones públicas tengan que recurrir a parches para tratar de solventar la situación.
«Cuando vi el puesto en Ibiza me gustó, pero pensé ¿dónde voy a vivir? Consulté por internet algunas cosas y viendo el panorama se me iría la mitad del salario», cuenta Fernández, a quien como muchos de los que desembarcan para hacer la temporada llegaron a ofrecer auténticas barbaridades, como un piso de 33 metros cuadrados en la turística Sant Antoni por 1.000 euros al mes. Antes de llegar le comentaron que la residencia para médicos desplazados de forma temporal ya estaba en marcha y aunque «lo ideal no es dormir en el mismo lugar en el que trabajas», afirma que sin esta opción habría terminado por rechazar el trabajo. «No es una solución, pero es una alternativa que ayuda bastante», concluye.
Problemas para los profesores
No son tan afortunados los profesores interinos que también se desplazan entre islas cubriendo las plazas vacantes. Maria Barceló lleva tres años en Formentera, con tres mudanzas a cuestas, prisas por marcharse cuando llega junio y problemas para encontrar una vivienda en septiembre. Reside como muchos de sus compañeros en una casa de campo que el propietario alquila a turistas cuando arranca la temporada. «No te hacen contrato, cuando llega mayo te presionan para que recojas y en septiembre es imposible encontrar nada porque todo está alquilado a turistas», lamenta. Paga unos 600 euros mensuales por una vivienda aislada de la ciudad que se convierte «en una nevera» en los meses de invierno. Los docentes intentan ayudarse entre ellos, guardan los teléfonos de los propietarios que alquilan sus casas en invierno y ceden habitaciones a otros compañeros que se desplazan de un día a otro. Diez interinos estuvieron viviendo en la casa de colonias de la isla el pasado septiembre pagando 11,25 euros por noche como punto de partida para intentar encontrar una residencia fija para el resto del curso. Este año también tendrán que repetir.
«La dejadez de las instituciones y el descontrol del alquiler vacacional son las razones que nos han llevado a esta situación», afirma Luis Gonzaga, portavoz de la Plataforma de Afectados por el Alquiler que critica la falta de «acciones tangibles» por parte de las administraciones de las islas que desde hace años han dejado de impulsar la promoción de viviendas de protección oficial, con las que muchos especulan hoy en día. «Hay mucha gente condenada a dormir en los coches ya que tienen trabajo pero no encuentran casa», lamenta Gonzaga, para quien la solución pasa por «algo tan simple como hacer cumplir la ley y perseguir a los infractores».
Sin ley de vivienda
Tarea complicada porque Baleares de momento no cuenta con una Ley de vivienda propia. La reciente normativa autonómica sobre alquiler turísticoprohíbe el arrendamiento vacacional en pisos y apartamentos con multas de hasta 40.000 euros, mientras que la futura Ley de vivienda obligará a quienes tengan más de diez inmuebles vacíos durante más de dos años a ponerlos en el mercado o destinarlos al alquiler social. Eduard Vila, director general de Vivienda, reconoce que el problema «es serio» y aboga por incrementar el cuerpo de inspectores y funcionarios dedicados a perseguir el fraude, ya que las ayudas autonómicas al alquiler, que complementan las subvenciones del Gobierno central, son solo «una solución temporal». En Ibiza se están construyendo viviendas de protección oficial, pero no llegarán hasta final de legislatura.
En Palma, Adrián Sukudian ha tardado un mes en encontrar un piso para él, su mujer y sus dos hijos adolescentes. Durante dos años este argentino ha trabajado en una empresa de alquiler de coches en Fuerteventura y Tenerife hasta que ha sido trasladado a la capital balear. A pesar de que el matrimonio tiene contrato fijo de trabajo, la odisea hasta encontrar una vivienda ha sido «terrible». 24 horas dedicadas a consultar páginas de alquiler, alarmas que saltan el el teléfono para avisar de que un propietario ha colgado un anuncio, paseos por las calles para ver si el azar deja ver un cartel de «se alquila» en algún balcón y decenas de conversaciones con agentes inmobiliarios para intentar ser el primero en ver el piso.
«Cuando llegas y lo ves, dices que te lo quedas. Entonces el agente inmobiliario te explica que hay otras diez personas que también han visto el piso y lo querían pagar al momento y que será el propietario el que decida», relata Sukudian, que compara el proceso con un casting. Durante un mes ha estado viviendo en casa de un compañero de trabajo y ha pasado momentos de desesperación después de ver los pocos pisos que se anuncian, a precios desorbitados y con una larga lista de aspirantes para alquilarlos. Gracias a un compatriota y la insistencia de su mujer, ha encontrado una vivienda en un barrio modesto de Palma al que todavía no ha llegado el alquiler vacacional.
Fuente: Elpais.es (17/6/17) Pixabay.com
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