Mohamed Farooq recibió su último salario el pasado enero. Era la nómina de septiembre anterior. Seis meses después y al seguir sin cobrar, él y medio centenar de empleados extranjeros de International Building System (IBS), una empresa de Arabia Saudí, tomaron la inusual decisión de hacer huelga, algo ilegal en ese país. Pero la compañía ha cancelado el proyecto en el que trabajaban, continúa sin pagarles y no ha actualizado su documentación, lo que les impide regresar a los respectivos países de origen y ha dejado a sus familias sin ingresos.
“Estamos desesperados”, resume a EL PAÍS este diseñador gráfico paquistaní, de 36 años, contratado en IBS desde 2010. “Va a ser el segundo Eid que nuestras familias no van a poder celebrar porque no les enviamos dinero”, añade en referencia a la Fiesta del Sacrificio que los musulmanes celebran estos días.
Su caso no es único. Decenas de miles de inmigrantes en la península Arábiga están sufriendo los efectos de la caída del precio del petróleo, en especial en Arabia Saudí que acoge a casi la mitad de los 25 millones de extranjeros que trabajan en la región. El déficit presupuestario del reino el año pasado, 80.000 millones de euros, el más alto entre las economías del G20, ha obligado a las autoridades a revisar miles de contratos de obras públicas y cancelar muchos de ellos, lo que ha puesto contra la pared a numerosas empresas.
El impago de sueldos en las dos principales constructoras saudíes, el Grupo Binladin y Saudi Oger, llegó a una situación insostenible este verano cuando muchos obreros se vieron a su suerte en campamentos en medio del desierto que se iban quedando sin agua y sin luz. El Gobierno ofreció vuelos gratuitos para repatriarlos, pero ellos se niegan a irse sin cobrar previamente lo que les corresponde. En las empresas pequeñas tienen menos capacidad de presión.
“Nuestras familias están viviendo de prestado”, cuenta Farooq desde Yeda, donde sobrevive gracias a la ayuda de otros inmigrantes que aún reciben un salario. “Mi hija mayor ha tenido que dejar el colegio porque no podemos pagarlo; a la pequeña, de dos años y medio, aún no la conozco. Estamos endeudados”, señala preocupado. De sus envíos de dinero a Islamabad— capital de Pakistán— dependen, además de su mujer y las dos niñas, sus padres y dos hermanos.
De ahí que con otros 50 compañeros, la mayoría paquistaníes como él, se lanzara a hacer una huelga el pasado julio. Tomaron la decisión ante la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo. “Hemos presentado una denuncia ante un Tribunal Laboral, pero el tiempo pasa, el proceso se alarga y no tenemos recursos para seguirlo”, explica Farooq.
Otros han recurrido a formas más violentas de protesta. Algunos de los 69.000 obreros despedidos por Binladin incendiaron autobuses y ocuparon la sede del grupo en Yeda, aunque a partir de mayo, cuando el Gobierno le levantó el veto que le impuso por el accidente de la grúa de La Meca el año pasado, ha empezado a pagar atrasos. Los de Oger han destrozado oficinas de la empresa, volcado coches en una de las obras que realizaban en Riad— capital saudí—, cortado carreteras y quemado instalaciones en los campamentos en los que se alojan. Incluso, según un empleado consultado por este diario, ha habido un par de suicidios.
Los 38.000 trabajadores de esta constructora propiedad de la familia libanesa Hariri, entre los que hay al menos ocho españoles, contienen estos días la respiración ante las noticias de una posible restructuración de su deuda que evite el derrumbe final. Llevan meses esperando que les paguen. La compañía, una de las dos grandes beneficiarias de las obras públicas del reino, no puede hacer frente a las nóminas, ni a los proveedores, ni a los préstamos bancarios porque el Gobierno saudí le debe 30.000 millones de ríales (unos 7.500 millones de euros), según datos recopilados por la agencia Reuters.
“Después de diez meses, no nos interesa saber si las negociaciones siguen o han parado, lo que queremos saber es si cobramos o no”, declara desde Riad un técnico europeo que ha optado por enviar a su familia a casa. “La empresa ha dejado de pagar el seguro médico y sin sueldo no podemos afrontar los colegios ni los alquileres”, añade. Su última esperanza está en la mediación de la embajada de su país. “En el caso de los franceses ha funcionado”, afirma en referencia a los 261 profesionales de esa nacionalidad que cobraron finalmente sus atrasos la semana pasada.
Los trabajadores asiáticos no cuentan con esa palanca. Los huelguistas paquistaníes de IBS se quejaron de la falta de ayuda de su embajada. El suyo es el grito de socorro de unos hombres que han quedado atrapados en un sistema, la kafala o patrocinio, que los deja a expensas de sus empleadores.
“Tenemos nuestros pasaportes, pero si la empresa no nos gestiona los permisos de salida, no podemos irnos; además, mientras no nos paguen los atrasos y las indemnizaciones tampoco podemos comprar el pasaje”, resume Farooq. De media, tienen pendiente el cobro de unos 30.000 ríales (7.500 euros) cada uno, una verdadera fortuna para ellos y sus familias.
Fuente: Elpais.es (12/9/16) Pixabay.com
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