El despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos en España ha desatado todo tipo de tensiones políticas y empresariales.
Las petroleras como Repsol, Cepsa y BP cargan contra las grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy por ralentizar a propósito las conexiones necesarias a la red eléctrica de esas electrolineras. Entre las propias eléctricas también hay trifulcas porque las redes de distribución –necesarias para que los puntos de recarga tengan flujo eléctrico–, pertenecen a distintos grupos según cada región, pero todas las eléctricas quieren desplegar instalaciones en todo el territorio.
Las energéticas, a su vez, cargan contra la Administración (sea local, autonómica o estatal) por el atasco burocrático en la tramitación de permisos. Hay unas 40.000 solicitudes pendientes de resolver, lo que supone cerca de 6.000 millones de euros de inversión en juego.
La situación es tan absurda que se están dando situaciones en las que, aunque haya puntos de recarga ya instalados –en las gasolineras, en los párking públicos u otro tipo de recintos–, en realidad no tienen luz. No están operativos porque falta algún permiso de enganche a la red o cualquier otro documento final.
Colapso
Este colapso no sólo provoca que España se sitúe a la cola de Europa en el despliegue de electrolineras, con 1,6 puntos de recarga cada 100 kilómetros, frente a 64 kilómetros en Países Bajos, o 27 en Portugal, por poner algunos ejemplos.
Además, España está incumpliendo sus propias metas. Estén o no operativos, en estos momentos se estima que existen en España entre 16.000 y 18.000 puntos de recarga ya desplegados.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia lanzado por el Gobierno en 2021 contemplaba un despliegue a medio plazo de entre 80.000 y 100.000 puntos de recarga eléctrica.
Instalaciones que podrían dar servicio al ciudadano de forma inmediata, o en apenas unos días, están bloqueadas durante meses ante la imposibilidad de ponerlas en servicio. Algunas compañías están instalando aproximadamente dos terminales de recarga al día, pero únicamente es posible poner en servicio al ciudadano unas nueve al mes.
Laberinto administrativo
¿Donde está el principal problema? El gran escollo es que en la aprobación de permisos intervienen múltiples administraciones locales, regionales y estatales, lo que convierte el proceso en un galimatías.
Aunque se ha intentado aclarar con alguna normativa específica y procedimientos exprés como la declaración responsable, el laberinto continúa. Por ejemplo, para poder contratar con una comercializadora eléctrica el suministro correspondiente para activar un punto de recarga es necesario presentar la documentación que acredita la correcta legalización de ese punto de recarga ante Industria.
Cada comunidad autónoma tiene sus procedimientos de registro y sello. Unas veces es telemático y rápido, y otras manual y lento. En la solicitud de permisos en los Ayuntamientos, en el mejor de los casos no existe homogeneidad. En el peor de los casos no se están cumpliendo de forma generalizada las simplificaciones aprobadas (declaración responsable).
Poner en operación una electrolinera apenas lleva dos o tres semanas desde el punto de vista técnico y de la obra de albañilería. Pero su entrada en operación se dilata, por culpa de los permisos, hasta los 18 o 24 meses de media.
Fuente: expansion.com (12/2/23) pixabay.com
