«Esta casa quedará ordenada», sentenció el pasado 16 de marzo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sala de prensa de La Moncloa. El Consejo de Ministros acababa de aprobar meter la «tijera» al sector público empresarial y fundacional estatal que, entre otras medidas inmediatas, suponía la extinción de 24 empresas públicas, la desinversión o agilización de la liquidación en 80 sociedades, además de la fusión o supresión denueve fundaciones.
Sáenz de Santamaría no pudo ser más explícita en sus ejemplos: «En algunos casos había más miembros del Consejo de Administración que personal» trabajando para el sector público, al que se destina parte del dinero del contribuyente. En el listado de esas empresas que seguían recibiendo aportaciones del Ejecutivo central hay espacio para casos muy llamativos como la empresa Carmen: la comida de España 1992, que era una empresa destinada a fomentar la tortilla española, Barcelona Holding Olímpico, que todavía se mantenía, o la Sociedad de Altos Hornos AEC.
Solo en dietas de los 154 consejeros que se quedan fuera con la supresión de ese número de entidades públicas, el Ejecutivo central se ahorra un millón de euros al año. Un retrato muy nítido de la situación en la que se encontraba «la maraña administrativa» pública que, sobre la mesa del Consejo de Ministros, puso luz al hecho de que algunas se utilizaban de manera ilícita y sin una acción que reportase beneficios a la postre al Estado. En Moncloa se mostraron convencidos de que no se podía seguir manteniendo una telaraña de entidades y siglas que conllevaban más gastos que ingresos a las arcas públicas, máxime en este momento en que las consignas de la Administración central son las de «austeridad, eficiencia y estabilidad presupuestaria».
No se puede mantener la telaraña de entidades con más gastos que ingresos
Ese mismo día, la también ministra de la Presidencia, a cuyo área pertenece la competencia de hacer que el sistema público se convierta en ejemplo de buen hacer ante los ciudadanos, aprovechó para despejar el balón al campo de las Comunidades Autónomas y corporaciones locales que todavía sigan dando alas al «innecesario» tejido empresarial público. La vicepresidenta lanzó ese mensaje de «poner orden en casa» a las regiones y ayuntamientos, máxime porque la mayoría están regidos por el PP y todos se comprometieron a cumplir con la «barra libre» de entidades públicas antes y después de las elecciones.
Pero la poda de empresas de las administraciones autonómicas, como vemos en el repaso que realizan los redactores de ABC en todas las delegaciones regionales, comenzó ya su andadura tras las elecciones del pasado 22 de mayo, en algunos casos, si bien en otras autonomías –gobernadas o no por los populares- han recogido la receta lanzada recientemente por el Estado para presentar, estos días, sus respectivos planes de reestructuración del sector, que implica una reducción drástica de los integrantes de la res pública.
Fuente: ABC (6/5/12) Para ampliar la noticia clikar en el mapa
Dejar una contestacion