Terremoto en el sector del tabaco por la orden aprobada por el Ministerio de Hacienda, y publicada en el BOE el 22 de diciembre, para regular la trazabilidad del tabaco en España. La norma, que supone la trasposición de una Directiva de la UE, establece la obligación de que cada cajetilla sea rastreable e identificable desde su origen hasta la venta. Es decir, desde la fabricación o la importación, hasta los estancos, pasando por la distribución y el almacenaje.
No obstante, el Ejecutivo español ha ido más allá que sus iguales europeos: si en toda Europa se ha considerado que el último operador implicado en el proceso es la empesa distribuidora, puesto que ésta identificará ya a qué estanco llega cada cajetilla, en nuestro país se ha introducido un paso más en la cadena. Los estancos (también las tiendas libres de impuestos de aeropuertos) deberán hacer la misma labor de control cuando no vendan el tabaco en sus locales, sino en máquinas expendedoras.
Esta distinción puede generar, sobre todo a los estancos y, por contagio, a toda la industria, unos perjuicios que se han subestimado, avisa la Mesa del Tabaco, el organismo que aglutina a los principales actores del sector: agricultores, transformadores, fabricantes y distribuidores.
Un riesgo millonario
La diferencia establecida por Hacienda hace que los 13.000 estancos que suministran cigarrillos y picadura de liar a máquinas expendedoras sean considerados operadores económicos, frente a una cifra que rondará los 4.000 en el resto de la UE. España tendrá así más del triple de empresas obligadas a aplicar la trazabilidad que todos los demás países juntos.
“Nos ha sorprendido la exigencia porque el tabaco que llega a la máquina proviene necesariamente de un estanco identificado y acreditado. Por tanto, parece innecesario realizar este nuevo proceso, que supondrá una carga importante en la gestión de los estancos, negocios gestionados por autónomos, que podrían verse apurados para asumir esta nueva labor administrativa”, dice Elena Viana, presidenta de la Unión de Asociaciones de Estanqueros. “Se impondrán a los estanqueros unas cargas administrativas y de gestión desproporcionadas”, añaden fuentes de la Mesa del Tabaco.
En la práctica, y según fuentes del sector, una gran parte de los estanqueros se verán obligados a elegir entre dos opciones: aumentar sus equipos para identificar las cajetillas y enviar la información a la base de datos que se creará para el efecto, lo que supondrá un gasto importante para mantener las ventas actuales, o, en muchos casos, renunciar a parte del negocio que les ofrecen las máquinas.
Y, aunque la decisión que tome cada uno es incierta, aquí está el verdadero impacto que podría tener la norma. En España se venden 880 millones de cajetillas al año en máquinas expendedoras, el 40% del total. Si los estanqueros no están dispuestos –o directamente no pueden– asumir la carga de trazarlas, se pondría en riesgo un negocio de hasta 4.000 millones de euros (el precio medio de una cajetilla es de 4,56 euros).
La cifra es un máximo y todas las fuentes de la industria consultadas creen que no se llegaría a un perjuicio tan elevado. En cualquier caso, se podrían perder muchos cientos de millones en ventas.
Los perjudicados serían, además, todos los actores del negocio: si los estanqueros venden menos, los distribuidores, con Logista a la cabeza, repartirán también menos. Y si esto ocurre, los fabricantes (Philip Morris, JTI, Altadis, BAT…) reducirán sus ingresos y hasta los agricultores y transformadores del sector, localizados principalmente en Extremadura, podrían verse afectados.
“Las dificultades técnicas para cumplir las obligaciones de esta norma podrían complicar el abastecimiento del mercado, sobre todo en zonas rurales (donde están el 20% de los estancos), que tendrán mayores dificultades de adaptación”, señalan fuentes de la Mesa del Tabaco.
Si en una ciudad cada estanco tiene asignado un área de abastecimiento de máquinas relativamente reducido, en el mundo rural, donde muchas localidades no tienen estanco, hay establecimientos que cubren varios pueblos, gasolineras o bares localizados a decenas de kilómetros entre sí y a dónde ya no será rentable servir producto haciendo frente al esfuerzo que exige la orden.
“Resulta que una normativa destinada a luchar contra la venta de tabaco ilegal puede generar desabastecimiento de cigarrillos en ciertas zonas. Y cuando eso ocurre, el contrabando llena esos huecos, con el perjuicio que tiene para la salud de los clientes, las empresas de la industria y las arcas públicas”, dice un directivo del sector.
La orden de Hacienda, que sitúa a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como la entidad que controlará el cumplimiento de la norma y dará a cada operador el ID que le identifique, da de plazo hasta el 1 de octubre para que se implente su aplicación.
Pero, a día de hoy, “se desconocen los detalles del proceso real que se deberá seguir para realizar la trazabilidad”, señala Elena Viana. En concreto, no se conoce aún el sistema por el que se optará para la identificación única de cada cajetilla, el coste que implicará dicho sistema, quién lo asumirá o cómo se gestionarán situaciones como las devoluciones de cajetillas.
Fuente: Expansion.com (13/1/19) Pixabay.com
