El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará previsiblemente el próximo martes un decreto social sobre la función social de la vivienda con el que el Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU quiere dinamizar la iniciativa política tras un primer año pobre en iniciativas.
La principal novedad de este decreto, que se guarda entre algodones hasta el martes y del que poco ha transcendido, será la inclusión de un apartado sancionador para las entidades jurídicas que dispongan de viviendas vacías y no las hagan accesibles al mercado. Tras meses de tira y afloja entre los socios de Gobierno, no se contempla multar a particulares.
El decreto de la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), contará con un procedimiento sancionador para entidades financieras e inmobiliarias con stock de viviendas, aunque el detalle no se conocerá hasta el martes. Para los particulares, IU era la más interesada en aprobar algún tipo de medida, pero el PSOE puso muy alto (más de cinco) el número de viviendas por el que se podría empezar a sancionar. Finalmente IU ha desistido en la intención de gravar a los particulares con patrimonio inmobiliario. Para éstos se dispondrán incentivos para fomentar que pongan en carga las viviendas desocupadas, preferiblemente en alquiler. Estos incentivos serían generales y también podrán acogerse las entidades jurídicas.
Además, en una disposición adicional, el decreto declarará el carácter inembargable de la vivienda cuando se den una serie de circunstancias, como las que sufren la mayoría de las familias que están siendo desahuciadas, informó ayer la cadena Ser. En esos casos, no podrán ser desalojadas en tres años como mínimo hasta que se les ofrezca una alternativa.
Esta medida sería la que anunció el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el pleno del Parlamento esta semana y que tendría como objetivo frenar los desahucios.
No obstante, en la Junta de Andalucía tienen asumido que hay muchas posibilidades de que haya un recurso del Gobierno central.
Las estimaciones de viviendas vacías en la comunidad oscilan entre las 700.000 y el millón, sin contar las segundas residencias y las irregulares. Este número sería el parque privado de viviendas libres, sobre las que la Junta considera que hay que hacer valer la función social de la vivienda, por lo que se debe hacer cumplir la Constitución y el Estatuto, que habla de finalidad habitacional de la vivienda.
Entre éstas no se contabilizarían las viviendas públicas, sobre las que en las últimas semanas se ha originado una polémica porque muchas de ellas estarían vacías.
El PP ha denunciado en varias ocasiones que hay un stock de vivienda de segunda mano así como de nueva construcción sin habitar, que en el caso de los promotores públicos (Empresa Pública de Suelo, ayuntamientos y diputaciones) cifra en 90.000, y cuya compra no llega a adjudicarse por las dificultades de los demandantes para acceder a una hipoteca. El PP reclama un fondo autonómico de viviendas sociales.
La Junta no facilita datos del número de VPO vacías, pero da normalidad a esta situación porque ha caído el crédito y muchos de los adjudicatarios han tenido que renunciar a la vivienda.
Sí cruza una raya en lo que se denomina parque público de vivienda y que sería el conjunto de pisos disponibles para familias en mayor situación de precariedad o emergencia social. La Junta apunta que serían unos 81.000 pisos y que no hay ninguno vacío, salvo alguna situación anómala por fallecimiento, mudanza o similar. Estas viviendas se adjudican previo informe de los servicios sociales de los ayuntamientos.
«Es ridículo decir que hay viviendas sociales vacías. El porcentaje será minúsculo y anómalo», apunta un portavoz de la Consejería de Fomento y Vivienda.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, publicó hace unas semanas un informe sobre viviendas públicas vacías, pero no había datos de Andalucía entre otras cinco comunidades (Canarias, Valencia, Extremadura y Baleares). La Junta señala que se le ha remitido información en tres ocasiones, pero desconoce por qué la institución no la ha incluido en el informe.
El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, expone en la memoria de 2012 que hay un nuevo perfil de demandante de vivienda protegida, las familias normalizadas, y subraya que «la frustración de estas personas ante la incapacidad de la Administración para atender a sus demandas, se ve agravada por el conocimiento de la existencia de un número importante de viviendas de VPO que permanecen desocupadas o indebidamente ocupadas por personas sin derecho para ello».
Fuente: Diariodesevilla.es (10/4/13)
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